Mekorot: la empresa de agua israelí avanza en las provincias al calor del RIGI
Río Negro cedió toda la información hídrica y geológica de la provincia a la empresa estatal israelí de agua con la que Jujuy acaba de firmar contrato.
Por Rodrigo Savoretti*
La empresa israelí "Mekorot Israel National Water Co.", acusada por la ONU de violar el derecho al acceso al agua a las y los palestinos, continúa su instalación en provincias argentinas en un contexto nacional donde algunas de éstas empiezan a adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
En abril pasado, Jujuy, Chubut y Neuquén sumaron sus firmas al convenio que, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ya habían realizado durante los años 2022 y 2023 las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero con Mekorot.
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Pero, ¿qué implicaron e implican estos acuerdos? ¿Por qué recién un año y medio más tarde Río Negro hace público su contenido, mientras Neuquén y Chubut no dan detalles del mismo? ¿Qué sentidos adquieren estas articulaciones con Israel en la Argentina del RIGI?
En abril realizamos una misión técnica a Israel y visitamos la compañía nacional de agua.
— Wado de Pedro ?? (@wadodecorrido) November 1, 2022
Hoy los gobernadores de Catamarca, @RaulJalil_ok, La Rioja, @QuintelaRicardo, y Río Negro, @ArabelaCarreras, acordaron con @mekorot_il potenciar la gestión hídrica en sus provincias. pic.twitter.com/H7dsxLr3Qk
Las aguas bajan turbias en 12 provincias
La semana pasada el Gobierno de Río Negro a cargo de Alberto Edgardo Weretilneck (Frente Grande) respondió -luego de meses sin hacerlo- el pedido de información de diputados provinciales opositores, sobre los términos del contrato que firmó la ex gobernadora Arabela Carreras (2019-2023) con Mekorot en febrero de 2023, cuyo objetivo consistía en una "consultoría" para diseñar un "Plan Maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento en la provincia".
Calcular el valor económico del agua rionegrense; contemplar el cambio climático; diseñar una autoridad de regulación; planificar una planta desalinizadora sobre la costa atlántica, son algunos de los objetivos de la tarea de la empresa en la provincia patagónica cuyo contrato vence en octubre, aunque existe la posibilidad de extenderlo.
Sin embargo, en el contrato que hasta la semana pasada era secreto, el Estado de Río Negro aceptó cederle la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia, le garantizó inmunidad a su personal, y asumió la responsabilidad y los costos que la empresa pudiera causar.
En la 8va cláusula, la empresa estatal israelí se adjudica ser la única propietaria de toda la información hídrica del suelo y subsuelo rionegrino. Además, es ésta quién definirá en sus informes qué es lo que el estado provincial puede conocer, y qué no, sobre sus propia agua.
En la 11va, el acuerdo expresa: "Cláusula arbitral: en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (...) el contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra”.
En este sentido, la legisladora del bloque Vamos Con Todos (VCT), Magdalena Odarda, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para derogar el convenio. Según la diputada provincial, en declaraciones del pasado 18 de julio a CNN Radio Roca, el contrato es "inconstitucional porque no fue publicado en el Boletín Oficial donde debería estar publicado". Además, sostuvo que el agua es "un bien de dominio público", situación que los términos del contrato violan al encomendarle a la empresa la tarea de determinar el valor económico del agua.
“Río Negro tiene un Código de Aguas que establece la tutela fundamentalmente y regula la protección del agua”, advirtió Odarda. Pero en el contrato es la empresa israelita quién define la nueva autoridad regulatoria.
La exposición pública de los polémicos términos contractuales de Río Negro despiertan sospechas sobre los otros once acuerdos provinciales firmados desde el 2022 en adelante. Los gobiernos provinciales no han dado a conocer sus contenidos, por lo que se deduce que podría ser similar al hasta entonces aquí descrito.
En el caso de Chubut, el gobierno provincial negó ante legisladores provinciales opositores la existencia de un acuerdo con Mekorot, pese a las fotos y anuncios del gobernador Ignacio Torres con respecto a la empresa israelí. Por su parte, el CFI niega que Santa Fe y Santiago del Estero estén relacionados con Mekorot, a sabiendas de que sus autoridades firmaron convenios con la empresa. Por su parte, Neuquén no aprobó en su legislatura un pedido de un diputado opositor donde se exigía la publicidad de los términos contractuales.
"Convenios pocos transparentes, firmados sin participación, consulta ni acceso a la información, violando leyes que nos garantizan estos derechos. Los gobiernos convocan a Mekorot para avanzar con la frontera extractivista de la megaminería, del fracking, del hidrógeno verde, del agronegocio, de grandes intereses inmobiliarios", advierten desde la "Campaña Fuera Mekorot".
¿El RIGI vale más que el agua?
El avance de Mekorot en las provincias se da en un contexto nacional caracterizado por una crisis múltiple, cuya solución según los gobiernos provinciales y nacional se concentra en las inversiones -léase dólares- que traería consigo la adhesión al RIGI.
La información que la entidad sionista está obteniendo en dichos territorios, resulta de trascendental importancia para las empresas trasnacionales que lleguen al país con el fin de extraer los bienes comunes naturales, abundantes en nuestra patria.
La mayoría de las provincias firmantes con Mekorot se caracterizan por ser precordilleranas y tener a la megaminería como principal actividad extractiva en sus territorios, aunque también adhirieron provincias agroexportadoras.
El agua es para todas estas economías provinciales un recurso esencial, del que siempre gozan en abundancia las empresas trasnacionales que operan en dichos territorios, aún en tiempos de sequía, a diferencia de las pequeñas empresas y pequeños agricultores.
De las doce provincias que contrataron a Mekorot, nueve han adherido o han hecho públicas sus intenciones de adherir a este RIGI: Mendoza, San Juan, Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Catamarca y Santa Fe.
Además de exenciones impositivas, fiscales y jurídicas descomunales, el régimen establece que los "recursos" como el agua pueden ser utilizados por las empresas inversoras sin que nada ni nadie que lo impida. Es decir, no hay normativa provincial/nacional ni catástrofe natural o social que pueda evitar, por ejemplo, que una trasnacional megaminera utilice millones de litros de agua en medio de una sequía que afecte a gran parte de "x" provincia. Situación que ya ha pasado en algunos territorios como San Juan y Formosa, y que el RIGI institucionalizaría.
La mercantilización/privatización de un bien común público como el agua, la eliminación de barreras públicas a la gestión de la misma, su medición y valorización económica, y la planificación para cobrarla por metro cúbico, de manera diferenciada según el estatus social del ciudadano, es una tarea que será capitalizada por los "inversionistas" que arriben en búsqueda de litio, oro, cobre, gas, petróleo, etc.
La presencia de Israel en Argentina se expande a una vertiginosa velocidad y no se descarta que más provincias adhieran al convenio con Mekorot, empresa que supo instalar un mecanismo que fue y es la antesala necesaria para la llegada del RIGI.
Sin embargo, al calor del RIGI y el avance sionista sobre nuestras aguas, cientos de organizaciones socio ambientales y políticas conformaron recientemente la "Campaña Plurinacional contra el RIGI", en un esfuerzo más para federalizar la resistencia y la lucha contra el saqueo.
Provincias que hicieron de la lucha por el agua una identidad transversal a sus vidas como pueblos, tales como Mendoza, Chubut y Jujuy, hoy se ven doblemente amenazadas por lo que el docente y activista Guillermo Folguera entiende como "un nuevo paso para la institucionalización del saqueo en nuestra Argentina".
*Nota original de Enfant Terrible
