Ganadería: El Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Fuerte malestar en el sector debido a las pérdidas que tuvieron por el temporal de nieve.
El Gobierno nacional resolvió cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), creado por la ley 25.422 de ganadería ovina. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 650 del Ministerio de Economía.
El Fondo administraba 3000 millones de pesos al año para asistir a productores, lograr adecuación y modernización de los sistemas productivos, lograr sostenibilidad en el tiempo de la actividad, incrementar las fuentes de trabajo y promover así la radicación de la población rural.
La medida afecta a los productores de toda la Patagonia.
Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, el «fondo se manejaba sin ningún tipo de transparencia». Y aseguró que «desde su creación, no se pudo verificar las mejoras en el sector». Así justificó su eliminación.
Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector.
— Manuel Adorni (@madorni) August 1, 2024
Fin.
Además, añadió: “Desde su creación hace más de 20 años, no se han verificado mejoras en el sector”. Consultados referentes regionales, los montos del último año para este fondo habían totalizado 800 millones de pesos, de los cuales poco más del 60% se destinaban a la producción en la Patagonia.
Las sumas líquidas que disponga el fondo deberán ser depositadas en los próximos cinco días hábiles en las cuentas del Banco Nación. En línea con lo dispuesto por el Ejecutivo, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, a través de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, será la encargada de la administración y cobranza de la cartera de créditos que no se encuentren en mora. También se encargará de la liquidación de los bienes transferidos en cumplimiento de esta medida y de la constitución en mora de los créditos con condiciones incumplidas, en un plazo de noventa días hábiles.
El FRAO se creó tras la sanción de la ley 25.422, cuyo objetivo era la recuperación de la ganadería ovina. Esta legislación fue sancionada en 2001 y reglamentada en 2002. El fondo tenía como fin fomentar la ganadería ovina y promover el desarrollo sostenido de la producción, transformación y comercialización de la actividad y sus productos derivados.
En su considerando, el Ejecutivo alegó que, conforme al contrato de creación del fideicomiso, corresponde avanzar en su cierre si “no se encuentran presentes las condiciones que se tuvieron en cuenta para su creación”. La medida fue ratificada en el Boletín Oficial, donde se argumentó que la Secretaría de Bioeconomía elaboró un informe técnico indicando que las condiciones que motivaron la creación del fideicomiso ovino no se encuentran presentes en el contexto actual.
El Gobierno pudo eliminar este fideicomiso gracias a las facultades delegadas otorgadas en la ley de bases. Aunque el FRAO se creó por ley, la ley de bases otorgó al Ejecutivo la potestad de modificar o eliminar cualquier fideicomiso.
El reclamo de Conferaciones Rurales Argentinas
"La Patagonia necesita imperiosamente de la Ley Ovina"
-Comunicado de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas; la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran CRA.-
Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica.
Esta ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.
Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad.
La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país.
Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. Por ejemplo, cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos.
Resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes; la Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios.
En este marco, resulta imperioso generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina. Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad.
