"Débil mental", “idiota”, “imbécil”: la nueva forma del Gobierno para llamar a las personas con discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad publicó una resolución con términos despectivos y discriminatorios para calificar a los usuarios de pensiones. “Son expresiones de 1912 y que fueron reemplazadas hace más de 70 años”, denuncia la Asociación Síndrome de Down.
El Gobierno de Javier Milei a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pasó a calificar a las personas con discapacidad intelectual como “idiotas”. Ese término, junto a otros del estilo como “débil mental”, “imbécil” y “retardado”, que dejaron de utilizarse desde hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria, figuraron insólitamente en un documento oficial para calificar a las personas a las que debe atender esa agencia.
Esos términos violentos y discriminatorios aparecieron en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la ANDIS, conducida por Diego Spagnuolo, el exabogado personal de Javier Milei. Esa Resolución tiene como objeto establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva (a enero de este año, su valor es de 261 mil pesos). La resolución oficial va en línea con la estrategia del Gobierno de endurecer las condiciones para el acceso a las pensiones y los programas de asistencia y acompañamiento.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red Argentina Trisomía 21 publicó un comunicado en el que expresan su “repudio” a las “clasificaciones profundamente estigmatizantes y discriminatorias para las personas con discapacidad intelectual”.
“El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, agrega el texto.
Repudio a las expresiones discriminatorias de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
— 📣ASDRA SíndromeDown (@sindromedown) February 27, 2025
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Si se revisa hacia atrás la política en materia de discapacidad del Gobierno, la utilización de esos términos tienen sentido: a mediados del año pasado, Milei y su ministro desregulación Federico Sturzenegger restablecieron la vigencia de un decreto del menemismo (el 432/97) para clasificar los distintos grados de discapacidad y endurecer las condiciones para acceder a una pensión. Con esa medida, el Gobierno ya había reincorporado la palabra “invalidez” que también había quedado obsoleta desde 2004, cuando el país adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que a su vez había introducido una concepción social y basada en los derechos humanos del colectivo.
Los términos como “idiota” para referirse a una persona con discapacidad se utilizaban a principios de siglo pasado, y figuraron en algunas de las “Guía de consulta de los Criterios Diagnósticos” (DSM, por sus siglas en inglés) que se toma de referencia para estos casos y que actualiza periódicamente la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. El último manual de la Asociación que introdujo esas palabras tiene por lo menos 70 años de antiguedad. Un dato que Spagnuolo quizás desconoce: llegó a dirigir la ANDIS sin ningún tipo de preparación ni antecedentes profesionales en la materia. Salvo por un detalle (típico de “casta”): representó a Milei en algunas causas judiciales, lo que le valió un vínculo de amistad con el ahora Presidente.
Las organizaciones, que ya venían advirtiendo sobre los usos violentos de parte de Milei de términos relacionados con la discapacidad para insultar a terceros, presentaron ante Spagnuolo un reclamo administrativo para que se dé de baja la resolución. La firman REDI y otras organizaciones como ACIJ, el CELS y la APDH, que advirtieron que podrían judicializar la norma.
“La Resolución 187/2025 aprobada por la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano que debiera ejecutar políticas y acciones tendientes a promover el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, atenta contra derechos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente, lo que la expone a ser cuestionada e invalidada en sede judicial”, dice el texto de la presentación.
“La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad. Así, el anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”, concluye.
Con información de Canal Abierto y Página/12
