Discapacidad laboral: El Gobierno revisa más de 220 mil pensiones tras detectar irregularidades en una auditoría

El Gobierno nacional analiza dar de baja más de 220 mil pensiones no contributivas por discapacidad laboral (PNCIL) cuyos titulares no se presentaron a la citación del Ministerio de Salud para una reevaluación. Esta medida surge de una exhaustiva auditoría que reveló numerosas irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios, con un monto anual involucrado que asciende a 900 mil millones de pesos.

Funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han encontrado diversas situaciones anómalas durante las auditorías realizadas sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de PNCIL con Certificado Único por Discapacidad (CUD).

La auditoría detectó casos como certificados de "amputaciones" inexistentes, el uso de una misma radiografía en 150 trámites, diagnósticos por "pie plano", una persona que intentó hacerse pasar por su cónyuge disfrazándose, presos que se presentaron a la evaluación e incluso personas fallecidas que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales.

Avance de las auditorías y notificaciones

El 12 de febrero pasado, el Gobierno comenzó el proceso de reordenamiento del sistema enviando las primeras 300.000 cartas documento para auditar las PNCIL activas. Hasta abril, el número de intimaciones ascendió a 470.000, de las cuales se entregaron 248.877.

Las 221.189 cartas documento que no pudieron ser entregadas se debieron a diversas razones:

• El 70% de los destinatarios no completó correctamente su dirección.
• El 10% declaró desconocer a la persona mencionada en la carta.
• 928 personas habían fallecido, pero el beneficio seguía siendo percibido por un tercero.
• 11.000 beneficiarios se mudaron sin actualizar su domicilio.
• 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
• 100 renunciaron a la pensión tras recibir la carta documento.

Una alta fuente de la ANDIS informó que "hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos". Hasta el momento, se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.

Según cifras oficiales, las auditorías buscan garantizar que las PNCIL cumplan con los criterios legales establecidos en el decreto 842/2024 y que el beneficio llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.

Ahorro proyectado y controversia legal

El Gobierno estima que, de mantenerse las proyecciones, se podría generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025, lo que equivale a más de 700 millones de dólares.

Sin embargo, las auditorías en curso han generado controversia. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA) interpuso un recurso de amparo contra la ANDIS, solicitando la suspensión urgente de las auditorías presenciales por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.

La presentación exige la regulación clara del procedimiento de control con participación social, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas para las evaluaciones, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales o domiciliarias. La demanda detalla varios incidentes ocurridos durante las auditorías en distintas provincias, denunciando tratos inhumanos hacia personas con discapacidad.

Aumento significativo de pensiones en las últimas décadas

Desde el Gobierno sostienen que en las últimas décadas se registró un aumento desproporcionado en el otorgamiento de este tipo de beneficios. "Las estadísticas no mienten -afirmó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales".

Nuevo marco normativo y endurecimiento de requisitos

El Decreto 842/2024 estableció un nuevo marco normativo para las PNCIL, redefiniendo los requisitos de acceso, exigiendo una incapacidad total y permanente del 76% o más, y creando un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la ANDIS.

La normativa impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones, así como para intercambiar información con otros organismos estatales.

El cambio de modalidad y las auditorías se implementaron tras un relevamiento preliminar que arrojó cifras alarmantes, indicando que cerca del 80% de los beneficiarios relevados "no cumplen con las condiciones necesarias" para recibir la pensión.

Entre las irregularidades detectadas se incluyen la asignación de pensiones a personas sin las discapacidades declaradas, generando un "gasto significativo e injustificado".

Con información de Infobae