Buscan blindar escuelas y pueblos rurales bonaerenses: Presentan proyecto para prohibir fumigaciones linderas
La preocupación por la salud de estudiantes y docentes en zonas rurales bonaerenses impulsa un nuevo debate legislativo. La diputada provincial por la quinta sección, Sabrina Sabat, electa por La Libertad Avanza (hoy disidente junto a otros diputados quienes pasaron a integrar el bloque "Unión, renovación y fe") presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir las fumigaciones con agroquímicos en terrenos colindantes a las escuelas rurales de la provincia. Esta iniciativa responde a un reclamo histórico que busca establecer zonas de resguardo claras y evitar riesgos innecesarios para la comunidad educativa.
Sabrina Sabat, ex La Libertad Avanza hoy Unión, renovación y fe, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios
"Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes", enfatizó Sabat, señalando la ausencia de una normativa unificada en la provincia que proteja a las escuelas de la exposición directa a los agrotóxicos.
El proyecto va más allá de la simple restricción. Propone la presencia obligatoria y permanente del asesor técnico del productor o la empresa aplicadora durante la fumigación. Además, exige a los propietarios o arrendatarios agropecuarios notificar cualquier aplicación en sus campos con al menos 48 horas de anticipación, previendo sanciones para quienes incumplan esta disposición.
Salud versus producción: un equilibrio necesario
La diputada Sabat fue enfática al aclarar que la iniciativa no busca confrontar al sector productivo, sino promover prácticas responsables que prioricen la salud de las personas. "No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas", afirmó, poniendo de manifiesto la tensión existente entre la producción agrícola intensiva y la salud pública en una provincia con numerosas escuelas rurales expuestas a estos químicos.
"No podemos permitir que la educación vaya en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano", insistió Sabat, apelando al compromiso de todos los actores del Poder Legislativo para avanzar en esta ley. La propuesta surge en un contexto donde las normativas locales a menudo resultan ambiguas o insuficientes para proteger a las comunidades vulnerables a las fumigaciones.
El precedente santafesino: un fallo que marca el camino
El debate en Buenos Aires cobra mayor relevancia tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros del ejido urbano en la comuna de Piamonte. Este fallo histórico, basado en evidencia científica que demostró daño genético en una niña por exposición a agrotóxicos, sienta un precedente ineludible. La justicia santafesina declaró la inconstitucionalidad de artículos de la ley vigente por considerar que no protegían adecuadamente la salud y prohibió el tránsito de maquinaria pulverizadora dentro del pueblo, ordenando controles más estrictos en áreas sensibles como escuelas y centros de salud.
Las pericias presentadas en el caso santafesino vincularon directamente la exposición a agroquímicos con enfermedades graves como cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. El ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo, citado en la causa, incluso señaló la viabilidad de una transición hacia un modelo agroecológico sin afectar la producción ni los derechos de propiedad.
Una normativa provincial en espera
En la provincia de Buenos Aires, la regulación del uso de agroquímicos aún se rige por una normativa que nunca llegó a implementarse: la Resolución 246 del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, firmada en 2018 y recientemente prorrogada por la Resolución 2/25 del actual ministro Javier Rodríguez. Esta nueva prórroga, por 210 días, busca "adecuar herramientas consensuadas" con los actores del Observatorio Técnico de Agroquímicos, incluyendo la receta agronómica obligatoria y la georreferenciación de zonas restringidas.
Sin embargo, las críticas se centran en la dilación y la falta de una voluntad política clara para establecer controles efectivos. En este escenario, el proyecto de ley presentado por la diputada Sabat busca llenar ese vacío legal y establecer una normativa provincial que priorice la salud y el ambiente por encima de una matriz productiva que aún se resiste a regulaciones más estrictas.
