La oposición en el Congreso le exige al Gobierno reactivar la obra pública con la recaudación del impuesto a los combustibles

La paralización de la obra pública y el alarmante estado de las rutas nacionales encendieron las alarmas en el Congreso, donde la oposición legislativa unificó su reclamo al Gobierno para que defina un plan de acción y destine fondos específicos para el mantenimiento vial. La preocupación se centra en la inacción a pesar de la recaudación del impuesto a los combustibles.

Desde el Senado, el salteño Sergio Leavy (Unión por la Patria), con el respaldo de su bloque, presentó un proyecto que busca modificar la Ley 23.966 para garantizar una mayor asignación de recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Específicamente, se propone el traspaso a las provincias del 13,54% del impuesto que correspondería a Vialidad Nacional, y un 4,31% destinado a infraestructura hídrica. Meses atrás, el senador Guillermo Andrada (peronismo de Convicción Federal) ya había presentado una iniciativa similar.

"Por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación. La plata está, pero no aparece", sentenció Leavy en la última sesión del Senado. El legislador cuestionó: "Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería haber ascendido a $618.964 millones, de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $309.482 millones, pero solo se transfirió poco más de un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones. ¿A dónde está yendo a parar todo ese dinero, sino es a las rutas?”.

La crítica se extiende también a los intendentes, quienes han solicitado que los fondos de este impuesto se destinen a subsidiar el servicio de transporte urbano, sumándose al coro de voces que cuestionan el uso de estos recursos.

Un reciente estudio de la Fundación Mediterránea, publicado en marzo de 2025, respalda la preocupación, revelando una sensible reducción en la inversión del Estado en obra pública. El promedio del 2,4% del PBI entre 2015 y 2024 cayó a un 1,3% el año pasado. El informe desglosa que a nivel nacional se inyectó un 0,3% en obra pública (contra un 0,8% en 2023); a escala provincial un 0,8% (después de un 1,4%); y en el orden municipal un 0,2% (frente a un 0,3% en el ciclo anterior).

Desde la Cámara de Diputados, en abril de este año, la Comisión de Obras Públicas aprobó un pedido de informes a la Secretaría de Obras Públicas y a Vialidad Nacional para conocer el plan de acción del Gobierno sobre la inversión en infraestructura estatal. Sin embargo, no se ha obtenido ninguna respuesta del Ejecutivo hasta el momento.

El diputado Bernardo Herrera, titular de la Comisión de Obras Públicas, enfatizó: "Queremos conocer de qué manera consideran revertir esta situación de los efectos que está produciendo la caída de la obra pública y cuál es el sistema de prioridades. Cada ruta que se abandona atenta contra la conectividad del pueblo argentino y la producción porque encarece el transporte".

Por su parte, Julio Cobos (UCR), miembro de la Comisión, remarcó para Ámbito la necesidad de declarar la emergencia en el sector "para acelerar los procesos licitatorios”. Cobos señaló la situación "deplorable" de rutas prioritarias a nivel nacional, mencionando el camino al Paso Internacional Los Libertadores en Mendoza, y criticó que "Vialidad Nacional está recaudando impuestos a los combustibles, pero no está cumpliendo con su función”.

Asimismo, Francisco Morchio (Encuentro Federal) consideró fundamental "mantener lo que está", ya que "eso es lo que necesitás para desarrollar las provincias", mientras que Emiliano Estrada (Unión por la Patria) explicó que la unión de fuerzas de distintos bloques busca atender el "mantenimiento de las rutas y autopistas, que es lo más central y lo más urgente de la obra pública”. Estrada advirtió que la falta de mantenimiento "pone en riesgo vidas" y "empieza a no solo encarecer la producción, sino también a inviabilizarla en muchos casos” en el interior del país.

Con información de Ámbito