El Gobierno evalúa anular por decreto el "Régimen de Zona Fría" que beneficia a más de cuatro millones de usuarios
Con el objetivo de achicar el gasto fiscal, el Ejecutivo analiza eliminar por DNU la Ley 27.637, buscando un ahorro de US$300 millones para el Tesoro.
El Gobierno nacional, en su búsqueda de reducción del gasto público, está evaluando la posibilidad de eliminar por decreto la ampliación del Régimen de Zona Fría en las tarifas de gas, que actualmente beneficia a más de 4,3 millones de usuarios en diversas regiones del país. Aunque el Ejecutivo ya implementó recortes a usuarios con múltiples medidores, la lupa ahora está puesta sobre la Ley 27.637, sancionada en 2021, que extendió el beneficio a zonas que el actual gobierno considera no prioritarias.
La medida, que podría concretarse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), evitaría el paso por el Congreso y apunta a un ahorro estimado de 300 millones de dólares solo en 2025. Abogados del gobierno están analizando las consecuencias legales de esta potencial decisión.
Desde el 26 de mayo de 2025, el Gobierno ya había comenzado a aplicar una quita parcial de los subsidios para usuarios residenciales que contaban con más de un medidor de gas registrado a su nombre. Esta medida afectó a más de 130.000 usuarios, que pasaron de un descuento del 50% a uno del 30% en sus facturas, salvo que pudieran acreditar una situación de vulnerabilidad socioeconómica ante la ANSES.
Régimen de Zona Fría: historia y alcance
El Régimen de Zona Fría fue implementado originalmente en la década de los '90 para la Patagonia, otorgando descuentos significativos en las tarifas de gas a sus habitantes debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, la Ley 27.637, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021, amplió este beneficio a 231 departamentos de 20 provincias, incluyendo zonas consideradas como "cálidas" o "templadas cálidas" según normas IRAM. Esto llevó el universo de beneficiarios a 4,3 millones de usuarios sobre un padrón total de 9,4 millones.
Al principio de su gestión, el gobierno de Javier Milei intentó derogar la ley 27.637 mediante el proyecto de Ley Ómnibus. Finalmente retiró el apartado de Zona Fría por pedido de los gobernadores y la Ley Bases (primero conocida como Ley Ómnibus) se aprobó sin modificar el esquema de subsidios al consumo de gas natural.
Según evaluaciones de la Secretaría de Energía, esta ampliación generó un "esquema mal focalizado, regresivo y deficitario", que terminó beneficiando a quienes no lo necesitaban y generando un costo significativo para el Tesoro. Estudios privados señalan que la expansión del régimen incrementó el consumo unitario de gas natural en un 7% entre 2021 y 2024 en las regiones incorporadas.
Impacto y argumentos oficiales
La posible anulación por decreto de esta ampliación generaría un fuerte impacto en el bolsillo de millones de usuarios, especialmente en provincias del centro y norte del país que se sumaron al régimen en 2021. El Gobierno argumenta que la medida busca corregir "distorsiones e injusticias", ya que, según su visión, usuarios de zonas más cálidas estarían cubriendo con sus tarifas el subsidio a otras regiones.
La decisión se enmarca en la política de reducción del gasto público y cumplimiento de metas fiscales, buscando que los usuarios asuman progresivamente el costo real de la energía. La controversia sobre la Zona Fría, un beneficio que busca compensar el impacto del clima en el consumo energético, sigue siendo un punto de tensión en la política de subsidios del actual gobierno.
Con información de EconoJournal
