El impacto de la Ley Bases: un año de desarticulación estatal, RIGI fallido y caída del empleo

A un año de su sanción, la oficialmente denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (Ley Bases) ha generado una serie de impactos negativos en la economía, el empleo y la estructura del Estado, según un contundente informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El estudio, difundido hoy, alerta sobre la desarticulación de organismos y empresas públicas, un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sin el éxito esperado, una regresividad en la recaudación tributaria y una marcada caída del empleo registrado.

La "Motosierra Legislativa": avance de decretos y desarticulación estatal

El informe de CEPA destaca que la Ley Bases habilitó una delegación legislativa sin precedentes, permitiendo al Poder Ejecutivo dictar 157 normas con rango de ley entre diciembre de 2023 y julio de 2025. De estas, 61 decretos delegados se apoyaron directamente en la Ley Bases, sumándose al ya extenso Mega DNU 70/2023. Esta avanzada, subraya CEPA, refleja un "vaciamiento del rol del Congreso".

Entre las principales consecuencias de estas facultades delegadas, el estudio detalla:

• Disoluciones de organismos, programas y regímenes: Se eliminaron entes vinculados a obra pública (como el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, ENOHSA), políticas de promoción de diversos sectores (turismo, empresariado joven, ganadería ovina, bovina y algodonera) e incluso el INADI y COPREC. El informe sostiene que esto "suprime el rol igualador del Estado".
  
  
• Disoluciones de fondos fiduciarios: Se suprimieron programas cruciales vinculados a vivienda y hábitat (PROCREAR, Plan de Vivienda Social, Fondo de Integración Socio Urbana), de promoción tecnológica y científica, y fondos clave para emergencias o asistencia a víctimas (Fondo Nacional de Emergencias, PROGRESAR, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata). La eliminación de estos fondos, en un contexto de ajuste sin presupuesto nacional aprobado por dos años consecutivos (2024 y 2025), genera "serias dudas sobre el destino de los fondos existentes".
  
  

• Transformaciones y transferencias de organismos: Medidas impulsadas "contra las políticas de Derechos Humanos" (Museo de la Memoria, Sitio ESMA) e "íconos de la cultura e historia argentina" (Institutos Sanmartinianos, Comisión de Bibliotecas Populares, Instituto de Asuntos Indígenas). Además, se transfirió el Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, contradiciendo una ley posterior del Congreso.
  
  
• Empresas públicas en S.A. o privatización: Se transformó la figura jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en S.A. La transformación del Banco Nación fue suspendida judicialmente.

El vasto programa de privatizaciones: más allá de la Ley Bases

El informe de CEPA profundiza en el proceso de privatizaciones, señalando que, si bien la Ley Bases habilitó la enajenación de firmas como ENARSA, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) e YCRT, el Gobierno ha expresado su intención de ampliar el programa incluso a empresas no autorizadas por el Congreso. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó la estrategia de acumulación de reservas a través de privatizaciones, venta de activos, concesiones (hidroeléctricas) y "block trades", incluyendo explícitamente a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Banco Nación.

El estudio detalla el "vaciamiento progresivo" de Aerolíneas Argentinas, con reducción de personal (1.780 puestos) y cierre de oficinas, favoreciendo a las aerolíneas low-cost en rutas rentables y afectando la conectividad territorial. En el caso del Banco Nación, aunque su transformación a S.A. fue judicialmente suspendida, el informe señala medidas previas (derogación de prohibición de privatizar, eliminación de obligación de pago de sueldos estatales) que buscan "debilitar al banco público y transferir un negocio millonario a bancos privados". También se mencionan los cierres de la planta de Casa de la Moneda en Don Torcuato y Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF).

RIGI: bajas inversiones y empleo deficiente

Uno de los pilares de la Ley Bases, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es analizado críticamente por CEPA. De los 5 proyectos aprobados (de 14 presentados), 4 ya existían previamente, y el restante (Licuefacción de Gas Natural de PAE) reemplaza a uno anterior (PETRONAS).

El informe resalta que, en lugar de atraer grandes capitales privados y extranjeros, es la petrolera de mayoría estatal, YPF, la que protagoniza las inversiones del RIGI, con el 58% del monto total previsto. Las inversiones de magnitud prometidas no se han concretado; de hecho, la inversión extranjera directa (IED) ha sido negativa en USD -1.500 millones desde la asunción de Milei hasta mayo de 2025. La generación de puestos de trabajo es "deficiente": los 5 proyectos aprobados implicarían la creación de apenas 10.113 empleos (directos e indirectos), una cifra que representa solo el 20,7% de los empleos privados perdidos desde noviembre de 2023.

Regresividad tributaria y crisis laboral

En el plano tributario, la reforma al Impuesto a los Bienes Personales es señalada como un "retroceso en la progresividad" del sistema. Al reducir las alícuotas más altas y mantener las más bajas, se benefició desproporcionadamente a los grandes patrimonios. La participación de este impuesto en el total de recursos tributarios cayó sostenidamente, estabilizándose por debajo del 1,8% en 2025, lejos de los niveles de 2023.

En el plano laboral, los impactos son igualmente negativos:

• La extensión del período de prueba y nuevas figuras contractuales habilitaron un modelo de contratación "más precario", pero el mercado laboral formal se contrajo, con una pérdida de 115.353 puestos registrados del sector privado entre noviembre de 2023 y marzo de 2025.
  
  
• El blanqueo laboral fracasó en sus objetivos, registrando solo 7.660 trabajadores.
  
  
• El crecimiento de monotributistas (casi 75.000 nuevos inscriptos) no es una mejora genuina, sino una "estrategia de subsistencia" ante la pérdida de empleo formal.
  
  
• El empleo asalariado registrado en el sector público se redujo en 58.210 puestos, como parte de la política de ajuste.
  
  
• La tasa de informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales, alcanzando el 42% en aglomerados urbanos, contradiciendo el discurso oficial sobre la flexibilización.
  
  
• La implementación de los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional se considera un "claro retroceso en derechos", trasladando el riesgo del despido a los trabajadores.