El Senado votó el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad; Milei ya anticipa el veto
Con amplio respaldo, la Cámara Alta convirtió en ley a los proyectos clave que elevan los haberes previsionales, aumentan el bono y extienden la moratoria. La Casa Rosada ya anunció su rechazo. Paralelamente, los legisladores debaten propuestas de gobernadores para coparticipar ATN e impuesto a los combustibles, en una jornada de alta carga parlamentaria.
En una sesión de alto voltaje político, el Senado de la Nación convirtió hoy en ley una serie de proyectos clave que impactarán directamente en el sistema previsional y la asistencia social, incluyendo un aumento de las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional. Sin embargo, la celebración en el Congreso se ve opacada por la firme advertencia del presidente Javier Milei, quien ya adelantó públicamente su intención de vetar la ley.
La jornada legislativa no se agota allí. Mientras se definían estas iniciativas de alto impacto social, los senadores comenzaron a debatir otros proyectos impulsados por mandatarios provinciales, centrados en la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles, puntos centrales en la discusión por el reparto de fondos entre Nación y las provincias.
Detalles de las medidas aprobadas por el senado
El proyecto de aumento de jubilaciones, que generó un intenso debate en ambas cámaras, busca modificar la fórmula de movilidad, garantizando una actualización de los haberes que compense la inflación y evite el deterioro del poder adquisitivo. Si bien los detalles exactos de la nueva fórmula y el porcentaje de incremento se especificarán en la ley sancionada, el espíritu de la iniciativa es recomponer los ingresos de los pasivos. A esto se suma la aprobación de un incremento en el bono complementario que reciben algunos jubilados con haberes más bajos, buscando reforzar sus ingresos de manera inmediata.
Además, se dio luz verde a la prórroga de la moratoria previsional, una herramienta que permite a miles de personas acceder a una jubilación a pesar de no contar con la totalidad de años de aportes exigidos. Esta extensión es crucial para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pudieron regularizar su situación laboral a lo largo de su vida activa.
Finalmente, la declaración de emergencia en discapacidad es una medida largamente reclamada por organizaciones y familias, que busca garantizar y agilizar el acceso a derechos y prestaciones esenciales para este sector de la población, en un contexto de crecientes dificultades.
El anunciado veto presidencial: una batalla abierta con el congreso
La aprobación de estas medidas en el Senado profundiza la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El presidente Javier Milei había anticipado, incluso antes de la sanción de la ley, su firme decisión de vetar cualquier iniciativa que implique un aumento del gasto público y afecte el equilibrio fiscal de la Nación. Su postura se alinea con la política de "déficit cero" que su administración ha fijado como prioridad.
De concretarse el veto, el Congreso tendría la potestad de insistir con la ley, necesitando para ello los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Este escenario augura una nueva confrontación política que podría definir el poder de fuego de cada sector en el parlamento.
La agenda legislativa continúa: los fondos para las provincias en debate
Mientras la atención se centraba en las leyes sociales, el Senado también puso en agenda otros temas de fuerte relevancia federal. Los legisladores comenzaron a tratar los proyectos impulsados por los gobernadores provinciales, que buscan modificar la forma de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Estas iniciativas apuntan a lograr una mayor coparticipación de estos fondos hacia las provincias, lo que aliviaría las finanzas de los distritos y les daría mayor autonomía económica.
La jornada en el Senado refleja un complejo escenario político, donde el Congreso busca defender su rol legislativo en la agenda social y federal, mientras el Gobierno Nacional se mantiene firme en su premisa de ajuste y control del gasto público. Los próximos días serán decisivos para conocer el destino final de estas leyes y el impacto de la creciente disputa entre poderes.
