Emergencia Climática: la Provincia prorroga la medida mientras el Gobierno nacional mantiene el veto a la ayuda

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó por 30 días adicionales el estado de emergencia en los partidos del sudoeste bonaerense que aún lidian con las graves consecuencias del devastador temporal de principios marzo de este año. La medida fue oficializada este martes, 8 de julio, a través del Decreto N° 1568/25, publicado en el Boletín Oficial provincial, buscando dar continuidad a las urgentes tareas de asistencia, reconstrucción y recuperación.

Los distritos alcanzados por esta extensión son Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí, todos ellos severamente afectados por las intensas lluvias e inundaciones de aquella jornada.

La emergencia provincial: continuidad en la asistencia y reconstrucción

Según consta en el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, la prórroga se enmarca en la Ley N° 11.340 y extiende lo dispuesto en los decretos anteriores N° 316/25 y N° 874/25. El objetivo principal es garantizar el avance de los procedimientos ya iniciados para mitigar los efectos de las inundaciones y las intensas lluvias que no solo anegaron rutas y aislaron localidades, sino que también generaron daños de extrema gravedad en infraestructura pública y viviendas particulares.

Desde el Ejecutivo bonaerense, explicaron que "existen varios procedimientos que se encuentran en curso", y subrayaron que las consecuencias del temporal aún impactan en la vida cotidiana de los vecinos y en la producción regional. Entre las acciones que se destacan en el marco de la emergencia se incluyen la entrega de subsidios, la provisión de materiales de construcción, la reparación de caminos rurales y rutas provinciales, además de la postergación de vencimientos impositivos para los damnificados.

Las zonas más castigadas sufrieron cortes de caminos, interrupciones en las vías de comunicación y graves deterioros en hospitales, escuelas y otras instituciones públicas. Ante esta situación, la Provincia trabaja de forma coordinada con los municipios en la ejecución de obras hidráulicas y viales esenciales para reparar la infraestructura dañada y prevenir nuevos desastres ante futuras precipitaciones.

El contraste con Nación: un veto que dejó sin fondos clave a miles de damnificados

La decisión del gobierno provincial se produce en un marcado contraste con la postura adoptada por el Gobierno Nacional. A fines de junio, el presidente Javier Milei vetó por completo la ley que declaraba la emergencia nacional en Bahía Blanca y los otros distritos afectados.

Esa norma, impulsada por el bloque de Unión por la Patria y aprobada con amplio respaldo en el Congreso, contemplaba la creación de un fondo específico de $200 mil millones para atender la crisis y asistir a los damnificados. Sin embargo, el presidente Milei frenó la medida mediante un decreto presidencial. En su argumentación, el primer mandatario sostuvo que "ya se habían tomado acciones" por decretos previos y cuestionó la falta de previsión presupuestaria de la ley, calificándola como "innecesaria".

El veto presidencial generó fuertes críticas desde sectores opositores y autoridades locales. Al respecto, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó que solo su ciudad necesita cerca de $400 mil millones para recuperar la totalidad de su infraestructura afectada. De esta forma, la ayuda contemplada por la ley vetada apenas habría cubierto la mitad de las necesidades de un solo municipio, poniendo de manifiesto la magnitud del desafío económico que enfrentan las localidades del sudoeste bonaerense sin el respaldo federal.