El INTA Bordenave advierte sobre una visión "errónea" del Gobierno y teme por el futuro de las agencias de extensión

Desde su puesto al frente de la Experimental Agropecuaria INTA Bordenave, Federico Castoldi alzó la voz para expresar su profunda inquietud por el rumbo que, a su entender, el Gobierno nacional está imprimiendo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En una conversación con La Voz del Campo, Castoldi fue categórico: esta mirada es "totalmente errónea", advirtiendo sobre las graves consecuencias que podría acarrear para la institución y, por ende, para el desarrollo agropecuario del país.

"En lugar de ser una política de estado a largo plazo, vamos a ser un brazo de cada gobierno que llegue", lamentó Castoldi. Con esta frase, enfatizó que la dependencia del INTA a las directrices políticas de cada administración lo convertiría en un organismo sujeto a "los caprichos de cada gobierno de turno, para hacer lo que el gobierno diga que es conveniente hacer". Esta falta de previsibilidad y la constante necesidad de adaptarse a los lineamientos son, a su juicio, "muy corrosivas" para el espíritu y la misión del INTA.

Castoldi subrayó la relevancia estratégica del INTA, poniéndolo al mismo nivel que otras instituciones científicas y universidades como pilares fundamentales para el avance y el crecimiento de Argentina, especialmente en el ámbito rural. "Que sea bastardeado y que se argumente mediante mentiras la toma de decisiones, me preocupa mucho; me entristece", sentenció, evidenciando el profundo malestar que le genera la desvalorización que percibe desde la órbita gubernamental.

Uno de los puntos de mayor tensión para el director de INTA Bordenave reside en el incierto futuro de las agencias de extensión distribuidas a lo largo de la región. "En nuestro caso tenemos cuatro, que son parte de la estructura de la estación: Coronel Pringles, Bahía Blanca, Tornquist y Pigüé", detalló Castoldi. Estas agencias, cruciales para la vinculación directa con los productores y la transferencia de conocimiento, son, según su perspectiva, "lo que más se desvaloriza desde el Gobierno".

El funcionario no ocultó su inquietud al revelar que se estaría evaluando la posibilidad de "dar de baja estos lugares y pasar a disponibilidad a los agentes vinculados a ellas". De concretarse, esta medida representaría un golpe directo a la capacidad del INTA para llegar a cada rincón del territorio y brindar la asistencia técnica que los productores tanto necesitan. La incertidumbre sobre el destino de estas agencias y de su personal añade un manto de preocupación a la ya compleja situación que enfrenta el prestigioso organismo.

Compartimos el recorte de la nota de Federico Castolid en La Voz del Campo:

 

 

 

 

 

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Las profundas implicaciones de un INTA debilitado para el campo argentino
 

La advertencia de Federico Castoldi sobre el futuro del INTA y sus agencias de extensión no es menor; de hecho, resalta una serie de implicaciones críticas para el sector agropecuario y el desarrollo rural en Argentina:

• Pérdida de asistencia técnica vital: Las agencias de extensión del INTA son el principal nexo entre la investigación científica y el productor en el campo. Brindan asesoramiento técnico directo sobre manejo de cultivos, sanidad animal, uso eficiente de recursos, agregado de valor y adaptación a nuevas tecnologías. Su cierre dejaría a miles de productores, especialmente pequeños y medianos, sin acceso a información crucial para mejorar su productividad y competitividad.
  
  
• Impacto en la innovación y el desarrollo local: El INTA no solo transfiere conocimientos, sino que también genera innovación adaptada a las realidades regionales. La eliminación de agencias y la precarización del personal frenarían el desarrollo de nuevas variedades de semillas, técnicas de manejo y soluciones a problemas específicos de cada zona. Esto limitaría la capacidad de los productores para enfrentar desafíos como el cambio climático o nuevas plagas.
  
  
• Debilitamiento del arraigo rural y la soberanía alimentaria: Las agencias de extensión cumplen un rol social fundamental, promoviendo el arraigo de las familias rurales, el desarrollo de economías regionales y la diversificación productiva. Al acompañar a los productores familiares y cooperativas, contribuyen a la soberanía alimentaria del país. Un INTA debilitado podría desarticular estas redes y profundizar el éxodo rural.
  
  
• Riesgo para la sanidad y calidad agroalimentaria: El trabajo del INTA incluye la investigación y el control en áreas como la sanidad animal y vegetal. Si se reduce su capacidad operativa, se pone en riesgo la detección temprana y el manejo de enfermedades y plagas, lo que podría tener un impacto negativo en la calidad de los productos agropecuarios y en las posibilidades de exportación.
  
  
• Disminución de la participación y la gobernanza: Históricamente, el INTA ha tenido un modelo de gobernanza con participación de representantes de productores y del sector científico. La subordinación del organismo al poder ejecutivo, como advierten diversas voces, podría eliminar la injerencia de estos actores en la toma de decisiones, centralizando el control y desdibujando el perfil técnico y democrático de la institución.
  
  
• Pérdida de inversión en investigación a largo plazo: La investigación agropecuaria requiere inversiones sostenidas y una visión a largo plazo. Si el INTA pasa a depender de los "caprichos" de cada gobierno, los proyectos de investigación estratégica podrían verse interrumpidos o desfinanciados, afectando la capacidad del país para desarrollar soluciones a desafíos futuros en un sector clave de su economía.

Como se puede ver, las implicaciones de un eventual desmantelamiento o fuerte debilitamiento del INTA van más allá de la estructura del organismo; impactan directamente en la vida de los productores, la capacidad productiva y en el desarrollo científico y tecnológico del país.