Rutas Nacionales: El Gobierno licitará la concesión de 4.400 kilómetros de corredores viales
Esta iniciativa busca delegar el mantenimiento y la operación de rutas nacionales, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, y estarán divididas en ocho tramos diferentes.
El Gobierno nacional se prepara para lanzar, en los próximos días, la licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones. Esta iniciativa busca delegar el mantenimiento y la operación de aproximadamente 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, y estarán divididas en ocho tramos diferentes.
La publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial, confirmada por fuentes gubernamentales, se espera entre esta semana y la próxima. La medida ya había sido anticipada a las empresas interesadas en participar de este esquema de gestión vial. Los pliegos preliminares generales ya son de conocimiento público y, según se informó, la Secretaría de Transporte, junto con la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, se encuentra finalizando las revisiones legales necesarias.
La Red Federal de Concesiones representa el principal esquema por el cual el Gobierno busca desvincularse del mantenimiento directo de las principales trazas viales a cargo de la Nación. Este plan abarca un total de 9.154,67 kilómetros, distribuidos en dieciocho tramos, que, si bien constituyen el 20 por ciento de la red vial nacional, concentran el 80 por ciento del tránsito vehicular.
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Durante el mes pasado, ya se había lanzado la licitación de la Etapa I, correspondiente a la denominada Ruta del Mercosur, que comprende dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. La Secretaría de Transporte recientemente prorrogó el cierre de esta licitación hasta principios de septiembre, a pedido de las empresas interesadas.
Etapa II: Ocho corredores estratégicos
La Etapa II, de mayor complejidad y alcance, sumará un total de 4.428,93 kilómetros distribuidos en ocho corredores. Si bien la mayoría de estas trazas ya estaban en manos de Corredores Viales S.A., se incorporan otras rutas clave que no estaban bajo la órbita de dicha empresa, como la Ruta Nacional 33 (en Santa Fe y Buenos Aires), la Ruta Nacional 35 (en Córdoba) y la Ruta Nacional 188 (en Buenos Aires y La Pampa).
Los ocho corredores a licitar en esta fase son:
- Tramo Sur: Abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca, y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar.
- Tramo Atlántico: Comprende la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar.
- Tramo Pampa: Se extiende a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó.
- Tramo Mediterráneo: Conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35.
- Tramo Puntano: Incluye la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes, incorporando también rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y buscando mejorar la conexión con corredores portuarios del Paraná.
- Tramo Portuario Sur: Conecta desde Campana hasta Rosario.
- Tramo Portuario Norte: Enlaza desde San Nicolás hacia el centro del país.
- Acceso Sur: Abarca las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Innovación tecnológica y obligaciones para las concesionarias
La propuesta de concesión no solo requiere la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales obligatorias, sino que también impulsa una transformación tecnológica en la operación del peaje. Se implementará el sistema Free Flow, que elimina las barreras físicas y prevé un esquema de cobro electrónico en todas las estaciones para mediados de 2027.
El modelo de concesión estipula, además, obligaciones rigurosas de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad que deberán cumplir las empresas adjudicatarias. Estas obligaciones estarán sujetas a auditoría estatal y un estricto esquema de control de inversiones.
El marco legal de esta etapa se define por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores incluidos, habilita la extinción de contratos actuales y la subsiguiente liquidación de Corredores Viales S.A. La licitación exigirá la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, y de garantías específicas para asegurar el cumplimiento de los contratos y la ejecución de las obras. Todo el proceso se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que dirige Diego Chaher.
El futuro de Vialidad Nacional
Este proceso de licitación se da en un momento particular para la gestión vial en el país. Recientemente, la jueza federal Martina Forns, en San Martín, suspendió el Decreto 461, publicado por el presidente Milei el 8 de julio, que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. Desde el Gobierno, se argumenta que esta decisión busca poner fin al solapamiento de estructuras con la Secretaría de Transporte, el cual “generaba una desarticulación operativa”.
La gestión libertaria busca una mutación del modelo de intervención directa en obra pública hacia un esquema de concesión y tercerización. Una vez finalizado ese proceso, las funciones ejecutivas del Estado se enfocarían en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos, que podrían ser absorbidas por unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía.






