Justicia bajo la lupa: 6 de cada 10 jueces supremos provinciales tuvieron un pasado político
Un reciente informe revela que el 64% de los jueces de los máximos tribunales provinciales de Argentina tuvieron vínculos políticos antes de su nombramiento. En la Corte Suprema bonaerense, al menos uno de sus miembros actuales ocupó un cargo en un gobierno municipal antes de llegar al tribunal.
La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del sistema republicano, pero un exhaustivo análisis publicado por la plataforma de periodismo de investigación CONNECTAS pone en duda qué tan real es esa separación en las provincias argentinas. El informe revela una realidad preocupante: la gran mayoría de los jueces que integran las Cortes Supremas provinciales tienen un pasado ligado directamente a la política.
El estudio detalla que 88 de los 138 jueces que componen los máximos tribunales de justicia en todo el país (un 64%) tuvieron vínculos previos con gobiernos o partidos políticos antes de ser designados en sus cargos vitalicios.
Más de la mitad de ellos, incluso, fueron nombrados por gobernadores del mismo signo político con el que estaban relacionados, ocupando puestos como ministros, secretarios, legisladores o fiscales de Estado.
El Caso de la Provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, no es ajena a esta dinámica, aunque presenta un panorama más matizado que otras jurisdicciones. El informe analiza el perfil de tres de los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense:
- Daniel Fernando Soria: Designado en 2002, el informe señala que mantenía un vínculo laboral previo con el poder político. Antes de llegar a la Corte, se desempeñó como Secretario de Gestión Pública en la Municipalidad de La Plata durante una intendencia de signo peronista.
- Hilda Kogan y Sergio Gabriel Torres: Por otro lado, el análisis indica que tanto la Dra. Kogan (nombrada en 2002) como el Dr. Torres (designado en 2019) no presentaban un lazo laboral directo con el gobierno de turno al momento de su nombramiento. Sus trayectorias provenían del Poder Judicial, como jueza federal de la Seguridad Social y juez federal en lo Criminal y Correccional, respectivamente.
Si bien la situación en la Corte bonaerense no alcanza los niveles de otras provincias como La Rioja, San Juan o San Luis —donde el 100% de los magistrados tienen un pasado político—, el caso de Soria evidencia que la puerta de acceso a los más altos cargos judiciales a menudo pasa por haber ocupado previamente un rol en la estructura política.
La Situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El distrito porteño, con su propio sistema judicial, presenta un panorama similar. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) también cuenta con magistrados cuyo recorrido previo a la judicatura estuvo marcado por la función pública o la militancia partidaria. El mismo informe destaca casos como:
- Marcela De Langhe: Antes de ser designada jueza del TSJ en 2020, se desempeñó como legisladora de la Ciudad por el PRO y ocupó el cargo de vicepresidenta del Consejo de la Magistratura porteño, un órgano clave en la selección y remoción de jueces.
- Santiago Otamendi: Nombrado en 2020, fue Secretario de Justicia de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, evidenciando un paso directo desde un alto cargo en el Poder Ejecutivo Nacional al máximo tribunal de la Ciudad.
Estos casos en CABA refuerzan el patrón observado a nivel nacional, donde la "puerta giratoria" entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial parece ser una práctica habitual.
Un Fenómeno Nacional
A nivel nacional, el informe destaca la fuerte influencia del peronismo, que es el partido con el que más vínculos previos tienen los jueces y el que más magistrados ha nombrado en las cortes provinciales (87 de 138).
Esta situación, denominada por los especialistas como "puerta giratoria" entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, genera un manto de sospecha sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales, especialmente en aquellas causas donde se investigan actos de corrupción o se disputan cuestiones de alto impacto político y económico.
Otro punto alarmante que resalta la investigación es la falta de transparencia. En muchas provincias resulta extremadamente difícil acceder a los currículums y antecedentes de los jueces, lo que impide un control ciudadano efectivo sobre quiénes son los encargados de impartir justicia al más alto nivel.
En definitiva, este informe, enciende una luz de alerta sobre la salud institucional de las provincias, planteando un debate urgente sobre los mecanismos de selección de los jueces para garantizar una justicia verdaderamente independiente del poder de turno.
Por SudOeste B.A. con información de Connectas. Accedé al informe completo aquí
