La Coalición Cívica exigió a Guillermo Francos explicaciones sobre fondos no ejecutados para Bahía Blanca
Legisladores de la oposición y el dirigente Andrés De Leo presentaron un pedido de informes por $134.761 millones que, a casi seis meses de la inundación, no fueron transferidos a los damnificados. La denuncia se da en medio de las sospechas de corrupción que salpican al Gobierno.
Diputados de la Coalición Cívica, junto al dirigente Andrés De Leo, presentaron un pedido de informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que brinde detalles sobre la implementación de un fondo de asistencia a los damnificados por las inundaciones del 7 de marzo en Bahía Blanca. Según la denuncia, el Gobierno no ha ejecutado $134.761 millones de un total de $200.000 millones.
La solicitud, impulsada por los diputados nacionales Juan Manuel López y Victoria Borrego, pone de manifiesto que, a casi seis meses de la tragedia, una parte considerable de los fondos permanece sin utilizar, a pesar de que el propio gobierno había prometido una rápida asistencia. Además, los legisladores señalan que, de las 32.076 solicitudes de beneficio, 3.962 aún están en trámite, lo que pone en duda el cumplimiento de los plazos.
Un veto presidencial y la desatención a las Pymes
El reclamo de la Coalición Cívica también recordó que el presidente Javier Milei había vetado la Ley 27.790, que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales y brindaba alivio fiscal y financiero. El veto se justificó en que el Decreto 238/2025 ya garantizaba la asistencia. Sin embargo, los legisladores advierten que la ayuda real recibida por los damnificados dista de lo prometido.
El documento presentado en el Parlamento también cuestiona los criterios de distribución de los subsidios establecidos por el Ministerio de Seguridad, que fijó montos de $2 millones y $3 millones por vivienda, dejando fuera a muchos sectores que habían sido contemplados en la ley vetada, como comerciantes, monotributistas y PyMEs. En este sentido, los diputados exigen saber si el Gobierno prevé algún mecanismo para asistir a estos sectores que quedaron "sin respaldo después del veto presidencial".
 |
 |
Denuncia en un contexto de escándalos de corrupción
El pedido de informes se da en un contexto de fuertes denuncias de corrupción que acechan al Gobierno. En paralelo, avanza una causa judicial que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación se inició a raíz de la filtración de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se mencionan pedidos de "retornos" por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La Justicia, en el marco de la investigación, allanó el domicilio de un empresario y secuestró una importante suma de dinero, mientras que la oposición advierte que estos hechos, sumados al manejo de los fondos para emergencias, muestran un patrón de opacidad en la gestión de recursos públicos. Organizaciones sociales y sindicales también han alertado sobre el impacto directo de este presunto desmanejo en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con información de Diputados Bonaerenses
