Imputan a 23 personas por la toma de las oficinas de CORFO en Pedro Luro
A casi dos años de la toma de las oficinas centrales de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense Río Colorado (CORFO), la causa judicial dio un paso clave. La Ayudantía Fiscal de Villarino imputó formalmente a 23 personas por su presunta participación en los hechos ocurridos en septiembre de 2023. Entre los acusados se encuentran directores del Consorcio Hidráulico que, al momento del incidente, ejercían funciones públicas como miembros del Consejo Consultivo de CORFO.
Esta medida, concretada el pasado 1 de septiembre, fue comunicada por CORFO en un parte de prensa en las últimas horas.
Los avances recientes no se limitan a las imputaciones. En junio de 2025, la Fiscalía inició una nueva causa penal para investigar la posible comisión de otros delitos durante la toma. A esto se sumó la incorporación de testimonios de trabajadores de CORFO, quienes relataron haber sufrido amedrentamientos que les impidieron desarrollar sus tareas durante la ocupación.
Estas acciones se apoyan en pruebas recolectadas a lo largo de la investigación, como el peritaje realizado en noviembre de 2024 por la división de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad provincial sobre el sistema de grabación, que permitió la identificación de varios involucrados. Además, CORFO denunció formalmente la desaparición de convenios y la sustracción de equipos con información esencial para la gestión del organismo.
Los incidentes investigados ocurrieron los días 6 y 7 de septiembre de 2023, coincidiendo con una visita del gobernador bonaerense a Pedro Luro. Durante esas jornadas, un grupo de personas ingresó por la fuerza a la sede de CORFO, forzando portones y puertas, causando daños materiales, manipulando cámaras de seguridad y sustrayendo documentación.
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La denuncia fue presentada el mismo día de los hechos, lo que derivó en una orden de desalojo por parte de la Jueza de garantías N° 4 de Bahía Blanca. La ocupación ilegal interrumpió la operatoria del sistema de riego y puso en grave riesgo patrimonio público de alto valor, incluyendo escrituras y archivos históricos; legajos de personal y registros catastrales; cheques de recaudación y sellos oficiales; según detalla el parte de prensa oficial.
Desde CORFO ratificaron su compromiso con la defensa del patrimonio público y aseguraron que continuarán aportando las pruebas necesarias para el total esclarecimiento de lo ocurrido, manteniendo informada a la comunidad sobre los avances del proceso judicial.
