Privatización de rutas: Denuncian que habrá peajes ilegales con la Red Federal de Concesiones

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) emitió un documento en el que cuestiona duramente las políticas viales del Gobierno Nacional, en particular el régimen de concesiones con cobro de peaje que se implementará bajo la denominada Red Federal de Concesiones (RFC). Según el organismo, el esquema vigente “viola principios constitucionales” y constituye una forma de “falso peaje”, al no ofrecer caminos alternativos gratuitos ni garantizar mejoras en la infraestructura.

En su informe titulado “Contradicciones del Gobierno Nacional – Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por ‘falso peaje’”, el Conaduv advierte que el sistema proyectado “atenta contra la libertad de tránsito consagrada por la Constitución Nacional” y configura una doble imposición, ya que los usuarios también pagan el Impuesto a los Combustibles, destinado originalmente a financiar el mantenimiento de rutas.

La entidad civil señaló además que el Gobierno incurre en una contradicción al argumentar falta de recursos mientras recauda más de 3.000 millones de dólares anuales por ese impuesto, fondos que —según el documento— “son desviados a otros fines presupuestarios”, lo que constituiría una “malversación del destino específico” previsto para obras viales.

Otro de los puntos cuestionados se refiere al financiamiento de las nuevas concesiones. Aunque las autoridades nacionales aseguraron que serían financiadas con capital privado, los proyectos licitados —como los denominados Tramo Oriental y Conexión— prevén el uso de fondos públicos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía, con tasas subsidiadas. “El Estado vuelve a asumir el riesgo y la inversión, mientras los privados se garantizan el cobro del peaje”, sostiene el texto.

 
El Conaduv también apuntó contra la participación de los mismos grupos empresarios “vinculados históricamente a la patria contratista y al club del peaje”, varios de ellos investigados en causas judiciales por corrupción. En ese sentido, el comité recordó que, pese a las críticas del propio Presidente hacia ese sector, las licitaciones de la RFC “repiten el esquema del modelo fracasado de los años 90, caracterizado por la ineficiencia y la falta de control estatal”.

"Caja política"

Asimismo, el documento cuestiona que Corredores Viales S.A., la empresa estatal creada para administrar rutas nacionales, continúe en funciones a pesar de los anuncios de su disolución. Según el organismo, “solo se limita a cobrar peajes sin ejecutar obras”, convirtiéndose en “una caja política al margen de Vialidad Nacional”.

En cuanto a las condiciones de los nuevos contratos, el Conaduv advirtió que los pliegos solo exigen tareas de mantenimiento rutinario, sin compromisos de inversión ni ampliación de capacidad vial, mientras se prevé una triplicación de las tarifas y la instalación de nuevas estaciones de peaje cada 97 kilómetros en promedio. Esto, alertaron, “incrementará los costos del transporte y afectará la competitividad del país”.

“El sistema de peaje es económicamente inviable en gran parte del territorio”, subraya el documento, al indicar que los fondos recaudados apenas alcanzan para cubrir los costos operativos de las concesionarias. Además, advierte que el peaje actúa como un impuesto indirecto al tránsito, con efectos inflacionarios que “impactan sobre toda la población, incluso en quienes no poseen vehículo”.

Finalmente, el Conaduv propone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) retome la administración y mantenimiento de la red vial bajo un modelo de gestión pública y transparente, con control ciudadano y asignación directa de los recursos del Impuesto a los Combustibles a obras efectivas. “El actual régimen es ineficiente, regresivo y vulnera derechos constitucionales. El país necesita una política vial al servicio del interés público, no de las concesionarias”, concluye el documento.