La provincia de Buenos Aires comenzará a regular el uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública
Se busca ordenar su utilización y fijar límites claros. Además, para proteger datos sensibles, se almacenará información en infraestructura estatal, con certificaciones internacionales y estándares de seguridad altos, según anunciaron.
La provincia de Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción del país en establecer reglas obligatorias para el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el Estado. La Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial, inaugura un marco que busca ordenar la incorporación de estas tecnologías dentro del sector público y fijar límites claros antes de que decisiones automatizadas puedan afectar derechos fundamentales.
La resolución exige que cualquier organismo que desarrolle, adquiera o utilice sistemas de IA cumpla con criterios de razonabilidad, transparencia, enfoque en las personas, inclusión, protección de datos y responsabilidad comprobable.
En la provincia señalan que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial requiere estándares exigibles y no solo recomendaciones generales. El nuevo marco se inspira en lineamientos internacionales de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El objetivo es evitar prácticas que generen discriminación, vulneren la privacidad o actúen sin supervisión. En este punto, la subsecretaria de Gobierno Digital, Sandra D’Agostino, destaca que la gran diferencia respecto de otros marcos regulatorios es que Buenos Aires optó por uno con fuerza obligatoria. En ese sentido, afirma que “la Provincia busca garantizar que la IA se use de manera ética, transparente y segura, protegiendo la privacidad y evitando la discriminación. A diferencia de otros lineamientos, este marco es específico y obligatorio para toda la administración pública bonaerense”.
La norma establece una clasificación para ordenar el uso de los sistemas. Los de “riesgo inaceptable” quedan prohibidos, como aquellos que manipulan comportamientos o generan formas de “puntuación social”. Los de “alto riesgo”, entre ellos la identificación biométrica, las herramientas usadas en la Justicia o la infraestructura crítica, deberán cumplir evaluaciones estrictas, auditorías y controles permanentes.
“La transparencia y la centralidad de las personas no son declaraciones generales: deben estar presentes en cada implementación”, indica la subsecretaria de Gobierno Digital bonaerense, Sandra D'Agostino
La creación de un Registro Provincial de Sistemas de IA permitirá evitar duplicaciones, ordenar qué herramientas existen en el Estado y asegurar una trazabilidad completa. Ese registro también funcionará como un instrumento de control para las tecnologías más sensibles y un modo de verificar que no se utilicen soluciones opacas o difíciles de auditar. En ese sentido, D’Agostino remarca que “los sistemas más sensibles deberán cumplir medidas de seguridad reforzadas, trazabilidad completa, supervisión humana y auditorías de principio a fin. El registro provincial funcionará como un mecanismo de control para garantizar la máxima transparencia”.
La implementación de la normativa implicará un esfuerzo coordinado dentro de toda la Administración Pública bonaerense. La Subsecretaría de Gobierno Digital actuará como organismo rector y trabajará junto a las áreas de sistemas para acompañar y supervisar los proyectos que incorporen IA. Esto supone revisar cómo se diseñan los modelos, qué datos utilizan, cómo se almacenan y qué riesgos presentan.
Según D’Agostino, “los proyectos que incorporen IA serán acompañados y supervisados para garantizar que cumplan con los estándares. La transparencia y la centralidad de las personas no son declaraciones generales: deben estar presentes en cada implementación”.
La protección de datos sensibles es otro de los ejes de la resolución. La Provincia puso en marcha un Data Center en La Plata para almacenar información en infraestructura estatal, con certificaciones internacionales y estándares de seguridad altos. La normativa incorpora herramientas de anonimización para entrenar modelos sin exponer identidades.
D’Agostino subraya este punto y explica que “el Estado provincial debe administrar y resguardar los datos". "La normativa -continúa- nos permite incluso auditar los algoritmos para verificar cómo procesan la información. La idea es asegurar privacidad y derechos en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas”.
La regulación bonaerense se inserta en un debate global sobre cómo deben actuar los gobiernos ante el avance de la IA. Para Mauro Solano, consultor internacional y consejero asesor del Laboratorio de Investigación e Innovación para el Desarrollo Humano (LIIDH) de la UNSAM, la medida tendrá un impacto directo en la transformación digital del Estado.
“Por primera vez, una provincia fija reglas claras y obligatorias para el uso de IA. Esto no frena la innovación: la ordena, obliga a mejorar la calidad de los datos y permite que los proyectos generen valor real para la ciudadanía”, afirma.
Uno de los aspectos críticos para el especialista es la transparencia y la necesidad de evitar sistemas que no puedan ser explicados. Sin mecanismos de gobernanza de datos y sin procesos claros sobre quién accede, procesa o evalúa la información, los organismos quedan sin herramientas para detectar errores o sesgos.
"En un sistema republicano, la responsabilidad es de los funcionarios, no de los algoritmos”, advierte el especialista Mauro Solano
Solano advierte que “lo que no puede pasar es que los sistemas funcionen como cajas negras, donde no se sabe cómo se llegó a un resultado. Es clave exigir transparencia algorítmica y explicar, en un lenguaje claro, cuándo interviene la IA y con qué propósito”.
La implementación del marco también exige cambios organizativos: equipos capacitados, roles definidos, procesos trazables y más transparencia hacia la ciudadanía. El especialista sostiene que se necesita un Estado capaz de decidir cuándo conviene usar IA y cuándo no. “Para aplicar regulaciones de este tipo se necesitan responsabilidades claras: quién diseña, quién supervisa, quién aprueba y quién rinde cuentas. La transparencia tiene que ser parte del proceso y no una opción”.
Cuando la IA interviene en decisiones públicas relevantes, el grado de responsabilidad aumenta. Según Solano, la inteligencia artificial no puede reemplazar la rendición de cuentas. “La supervisión humana es clave. Antes de desplegar un sistema hay que analizar riesgos y garantizar que la ciudadanía pueda entender por qué se tomó una decisión y cómo reclamar. Y nunca hay que perder de vista algo esencial: en un sistema republicano, la responsabilidad es de los funcionarios, no de los algoritmos”.
