La Justicia obliga al Municipio de Baradero a transparentar el uso de la tasa vial tras un reclamo de productores
Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de San Nicolás marca un precedente clave sobre el derecho al acceso a la información pública. La Sociedad Rural local logró que el municipio deba abrir sus balances y explicar, con datos precisos, en qué se gasta el dinero que aporta el sector agropecuario.
Por Redacción Sudoeste B.A.
En un contexto donde la presión fiscal y el estado de los servicios públicos están bajo la lupa en toda la provincia de Buenos Aires, un fallo judicial reciente ha vuelto a poner sobre la mesa una demanda ciudadana creciente: la necesidad de que los intendentes rindan cuentas de manera clara y proactiva.
La jueza María Isabel Fulgheri, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás, dictó una sentencia definitiva en la causa "Sociedad Rural de Baradero c/ Municipalidad de Baradero s/ Acceso a la Información Pública" (Expte. 909/2025). El fallo ordena al Ejecutivo municipal brindar información detallada sobre la recaudación y el gasto de la tasa de mantenimiento de la red vial, tras meses de silencio administrativo.
El peso del silencio
El conflicto se originó el 16 de marzo de 2025, cuando la Sociedad Rural de Baradero, presidida por Bruno Violi, presentó una solicitud de información pública ante el municipio. Los productores, preocupados por los aumentos en la tasa vial y el "pésimo estado" de los caminos rurales, buscaban ejercer el control ciudadano sobre los fondos que el sector aporta a las arcas comunales.
Ante la falta de respuesta oficial durante los 30 días que establece la Ley Provincial N° 12.475, la entidad agropecuaria recurrió a la justicia mediante una acción de amparo.
Qué deberá mostrar el municipio
La sentencia es contundente y obliga a la Municipalidad de Baradero a entregar, en un plazo de 30 días, una serie de documentos que hasta ahora permanecían fuera del alcance de los contribuyentes:
- Balances detallados: Copia de los balances mensuales y anuales de los últimos 48 meses, incluyendo libros de ingresos y egresos.
- Matriz de costos: La documentación técnica y presupuestos que fundamentaron las ordenanzas para fijar el valor de la tasa de caminos rurales.
- Infraestructura real: Un informe sobre la cantidad de kilómetros de caminos rurales a mantener, discriminados por zonas y tipo de calzada.
- Rendición de obras: El detalle de las últimas 10 acciones destinadas al mantenimiento vial, especificando tareas realizadas, ubicación, costos y personal (propio o tercerizado) involucrado.
- Presupuesto y ordenanzas: El cálculo de recursos y presupuestos de gastos de los ejercicios 2023 y 2024.
La información pública no es opcional
El fallo de la jueza Fulgheri recuerda principios fundamentales que a menudo parecen olvidarse en los despachos municipales. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, la sentencia subraya que el acceso a la información es un pilar de la democracia que permite conocer "la manera en que los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan".
"La opacidad, la reserva extrema o el secreto son incompatibles con un Estado de Derecho", señala el considerando del fallo, destacando que la transparencia fortalece la confianza entre los ciudadanos y el Estado.
Aunque el municipio intentó defenderse alegando que la información estaba disponible de forma general o que la solicitud era "antojadiza", el juzgado rechazó estos argumentos. La justicia consideró probado que la instancia administrativa fue infructuosa y que la respuesta municipal —una vez iniciada la demanda— no acreditó haber notificado fehacientemente a los solicitantes con anterioridad.
Un mensaje para la región
Este caso en Baradero resuena con fuerza en los municipios del Sudoeste Bonaerense, donde la tasa vial suele ser uno de los puntos de mayor fricción entre el campo y la política. El mensaje judicial es claro para todos los intendentes: la información pública pertenece a los ciudadanos.
Transparentar en qué se gasta cada peso recaudado no es un favor de la gestión de turno, sino una obligación constitucional. El acceso a los balances y a las matrices de costos es el único camino para que el pago de tasas no sea visto como una carga arbitraria, sino como una contribución a un servicio efectivamente prestado.
La sentencia completa aquí:
