Alerta por el nuevo DNU de inteligencia: agentes de la SIDE podrán detener personas y acceder a datos de todas las provincias
La Casa Rosada modificó por decreto la Ley de Inteligencia Nacional para otorgar mayor poder de fuego a la SIDE. El nuevo esquema permite la aprehensión de ciudadanos en flagrancia, obliga a los gobernadores a suministrar información estratégica y redefine las amenazas al país con criterios de interpretación amplia.
En un movimiento de alto impacto político y administrativo realizado en las últimas horas de 2025, el presidente Javier Milei firmó el DNU 941/25. Esta norma, que se publicará formalmente en los próximos días, deroga y reformula aspectos estructurales de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), devolviendo la centralidad absoluta a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Bajo el nuevo concepto de “riesgo estratégico nacional”, el Gobierno busca blindar el sistema, declarando que la totalidad de las actividades de inteligencia pasan a ser “encubiertas” y reservadas, un cambio que redefine la relación entre el espionaje y el control público.
El regreso de la "Super-SIDE": Control total y presupuesto discrecional
El decreto posiciona a la SIDE como el cerebro conductor de todo el sistema. A diferencia del esquema anterior, la Secretaría ahora tendrá el control directo sobre los presupuestos de todas las áreas dependientes, incluyendo la gestión de los gastos reservados, que históricamente han sido objeto de fuertes polémicas por su falta de transparencia.
Entre las facultades más potentes que otorga el DNU, se encuentran:
- Poder de "aprehensión": Los agentes podrán detener personas en casos de flagrancia o bajo orden judicial específica.
- Acceso irrestricto a datos: La SIDE podrá requerir información no solo a organismos nacionales, sino también a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Protección propia: Los organismos podrán proveer sus propios mecanismos de seguridad para repeler o hacer cesar agresiones contra sus instalaciones o personal.
Ciberseguridad vs. Ciberinteligencia: La interna del poder
Uno de los puntos más llamativos es la división del mundo digital. El decreto separa las tareas de defensa de las de espionaje, lo que también refleja una distribución de cuotas de poder dentro del entorno presidencial:
- Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC): Pasará a depender de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni. Al responder directamente a Karina Milei, este centro se queda con la custodia de la infraestructura crítica del Estado.
- Agencia Federal de Ciberinteligencia: Bajo la órbita de la SIDE, se enfocará exclusivamente en tareas de espionaje en el ciberespacio. Aquí se consolida la influencia del asesor Santiago Caputo, quien impulsó a Cristian Auguadra tras la salida de Sergio Neiffert.
Las nuevas "Comunidades" de información
El DNU crea dos anillos de coordinación para agilizar el flujo de datos hacia la Casa Rosada:
- Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN): Nuclea a los organismos de espionaje con las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
- Comunidad Informativa Nacional (CIFN): Un red mucho más amplia que obliga a ministerios, Aduanas, Migraciones y entes del área nuclear a suministrar datos estratégicos bajo los procedimientos técnicos que la SIDE determine.
El argumento de la urgencia
Desde el Ejecutivo justificaron el uso del DNU —evitando el debate previo en el Congreso— alegando que la "cadencia habitual" del trámite legislativo provocaría un retraso peligroso para la seguridad nacional. Sin embargo, el texto ya despierta alertas en sectores de la oposición y organismos de derechos humanos por la definición "amplia" de las amenazas, que incluyen ahora "operaciones de influencia" que puedan afectar los intereses del país.
La Comisión Bicameral de Inteligencia será ahora la encargada de analizar la validez de esta medida, que promete ser uno de los grandes debates judiciales y políticos del inicio de 2026.
