Radiografía del ajuste: Cae el gasto público, motosierra en salud, educación y obra pública. Inteligencia aumentó el 52%
Un informe detallado sobre la ejecución presupuestaria nacional revela un desplome real del -29% interanual. Mientras programas sensibles como el Incentivo Docente y la asistencia a comedores desaparecen o se reducen al mínimo, la Secretaría de Inteligencia es de las pocas áreas que logra un incremento real en sus fondos.
El cierre del ejercicio presupuestario 2025 deja al descubierto la magnitud de la reconfiguración del Estado Nacional. Según un reciente informe realizado por el Centro de Economía Argentina (CEPA) sobre la dinámica de la ejecución de la Administración Pública Nacional (APN), el gasto total sufrió una caída real del 29% respecto a 2023. Este ajuste no ha sido lineal, sino que ha impactado con especial dureza en los pilares de la seguridad social, la infraestructura y el desarrollo científico-tecnológico.
Ciencia y Educación: El fin de los programas nacionales
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en la educación y la ciencia. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) registraron una ejecución nula (-100%). La desinversión se extiende a la infraestructura educativa, con una caída del 90% en el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y un 29% menos para la Educación Superior.
En el ámbito científico, el ajuste es transversal: el programa de Promoción de la Investigación cayó un 82%, el CONICET un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%.
Salud y Desarrollo Social: Entre el recorte y la parálisis
El sistema sanitario nacional atraviesa un escenario de desfinanciamiento marcado. Hospitales nacionales sufrieron ajustes de hasta el 42%, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud registró un recorte del 72%. Programas de prevención de enfermedades crónicas y atención en el territorio están virtualmente paralizados (-100%).
En materia social, la situación es igualmente severa. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73%, y programas de asistencia directa como Comedores Comunitarios y Merenderos vieron reducidos sus fondos en un 52%. El Plan Nacional de Protección Social y las partidas para Economía Social desaparecieron por completo del presupuesto ejecutado.
La excepción: Inteligencia y Deuda
En contraposición al ajuste generalizado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente de Presidencia, mostró un incremento del 52% en términos reales respecto a 2023. Por su parte, el pago de los Servicios de la Deuda Pública continúa siendo un condicionante estructural, absorbiendo el 8% del gasto total de la administración.
Obra Pública y Provincias: Ejecución cero
Para el interior bonaerense y el resto del país, los datos de transporte y obra pública resultan alarmantes. La inversión en rutas nuevas y pavimentación cayó un 98%, mientras que la infraestructura en municipios se redujo al 100%.
En cuanto a las transferencias directas a los distritos, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires fue eliminado (-100%), y la asistencia financiera a provincias y municipios corrió la misma suerte, dejando a las gestiones locales con un margen de maniobra extremadamente acotado.
Fuerzas de Seguridad y Energía
El ajuste no esquivó a las fuerzas federales ni a los organismos estratégicos. La Policía Federal, Gendarmería y Prefectura registran caídas de alrededor del 30%, mientras que las Fuerzas Armadas promedian un recorte del 20%. En el sector energético, organismos como la CNEA (-42%) y el ENARGAS (-32%) también reflejan la retirada del financiamiento estatal.
En síntesis, el informe describe un Estado que ha priorizado el equilibrio fiscal y el gasto en inteligencia por sobre la continuidad de políticas públicas esenciales, planteando un interrogante abierto sobre el impacto social y productivo de este nivel de retracción en el mediano plazo.
El informe completo aquí:
