Coronel Pringles: los infractores que provoquen accidentes de tránsito deberán pagar por su atención médica

En un paso decisivo hacia la responsabilidad civil y la protección de los recursos públicos, el Departamento Ejecutivo de Coronel Pringles, encabezado por el intendente Lisandro Matzkin, presentó un ambicioso proyecto de Ordenanza sobre Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito. La iniciativa busca que quienes protagonicen siniestros viales bajo los efectos del alcohol, sustancias, o en flagrante infracción a las leyes de tránsito, asuman los costos de su propia asistencia médica.

El proyecto, elaborado de manera conjunta entre el Ejecutivo y el bloque Juntos – La Libertad Avanza, apunta a un objetivo claro: que el erario público deje de subsidiar las consecuencias de conductas imprudentes que ponen en riesgo a toda la comunidad.

Un impacto millonario sobre el sistema de salud

Las cifras que motivaron esta medida son contundentes. Según detalló el jefe comunal, durante el año pasado se registraron apenas seis accidentes de esta naturaleza que requirieron atención médica compleja. Sin embargo, los costos para el hospital oscilaron entre los 10 y 40 millones de pesos por paciente, generando un gasto total cercano a los 150 millones de pesos para el municipio.

“El espíritu del proyecto es poder recuperar los gastos que se generan después de este tipo de accidentes protagonizados por personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros”, señaló Matzkin. El mandatario fue enfático al aclarar que el derecho a la salud no está en juego: “El Hospital va a atender a todos. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada, el municipio buscará recuperar esos recursos”.

El mecanismo de cobro y las sanciones

La propuesta establece que los gastos serán facturados inicialmente a las obras sociales. En caso de que el responsable no posea cobertura médica, deberá abonar de manera particular. Los fondos recuperados tendrán un destino específico: serán reinvertidos en el Hospital Municipal para equipamiento, mantenimiento y mejora de las prestaciones.

Para asegurar el cumplimiento, la normativa prevé un abanico de medidas:

• Acciones legales: El municipio podrá iniciar juicios para el cobro de la deuda.
  
  
• Trabajo comunitario: Se contempla como una opción de compensación para quienes no puedan abonar en efectivo.
  
  
• Suspensión de beneficios: El incumplimiento podría derivar en la baja de programas o beneficios municipales vigentes para el infractor o su grupo familiar, en caso de menores de edad.

Más allá del alcohol: la documentación en la mira

El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, destacó un punto clave de la ordenanza: no solo alcanzará a quienes conduzcan alcoholizados, sino también a quienes circulen sin la documentación exigida por ley (licencia, seguro o papeles del vehículo).

“Estamos hablando de personas que circulan por la vía pública poniendo en riesgo su propia vida y la de terceros sin cumplir con los requisitos básicos para hacerlo”, explicó el funcionario. Esta medida se integra a un plan sistemático de seguridad vial que incluye el fortalecimiento del sistema de monitoreo, la Guardia Urbana y el programa "Ojos en Alerta".

Justicia distributiva

Por su parte, el concejal Ariel Espié enmarcó la iniciativa dentro de un criterio de justicia social. “No es justo que los vecinos que pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud deban hacerse cargo del costo de alguien que actúa de manera negligente o incumple la ley”, afirmó.

Espié aclaró que esta medida es independiente de las multas de tránsito. La sanción por la falta cometida seguirá su curso habitual en el Juzgado de Faltas, mientras que el recupero de gastos hospitalarios funcionará como una acción administrativa de resarcimiento económico al Estado local.

El proyecto ya se encuentra en el Concejo Deliberante para su tratamiento y, de ser aprobado, marcará un precedente en la región sobre cómo gestionar el impacto económico de la imprudencia al volante.