Reforma de la Ley de Tierras: el Gobierno busca eliminar límites a extranjeros y activar "desalojos express"
A través de un paquete de diez leyes, el Ejecutivo apunta a liberalizar la compra de campos y blindar el derecho de propiedad. La iniciativa prevé la restitución de inmuebles en 5 días y cambios drásticos en el sistema de expropiaciones.
El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso de un ambicioso paquete de reformas legislativas diseñadas para transformar el régimen de propiedad privada en la Argentina. Bajo la premisa de captar "inversiones históricas", la pieza central del proyecto es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, una medida que busca eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, revirtiendo una política que rige desde hace más de una década.
El anuncio fue realizado por el cuestionado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fundamentó la decisión en la necesidad de ofrecer seguridad jurídica a los sectores productivos. “Los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad. El agro, la minería y el petróleo requieren grandes extensiones de tierra para desarrollarse”, señaló el funcionario desde Casa Rosada.
Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026
Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina.
¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq
El fin de los límites: vía libre a la inversión extranjera en el campo
La actual Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un tope del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. La reforma propuesta por la actual administración plantea un giro de 180 grados: desaparecen todos los límites de superficie y restricciones geográficas para inversores privados extranjeros.
- El antecedente judicial: Cabe recordar que el Gobierno ya había intentado derogar esta ley mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata frenó la medida tras una presentación del Cecim La Plata, declarando su inconstitucionalidad. Al avanzar ahora por la vía legislativa, el Ejecutivo busca una solución definitiva que eluda la judicialización.
- Restricción a Estados: La única barrera que se mantiene —y se endurece— es para los Estados extranjeros, quienes no podrán adquirir más de 1.000 hectáreas. El proyecto incluye cláusulas antielusión para evitar que fondos soberanos utilicen sociedades interpuestas para superar este límite.
Para el sector agroindustrial, especialmente en zonas de alta productividad como el Sudoeste Bonaerense, esta medida promete dinamizar el valor de la hectárea, aunque despierta debates sobre la soberanía territorial y el acceso de productores locales a la escala necesaria para competir.
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Desalojos en 5 días: el nuevo sistema de restitución inmediata
Complementando la liberalización de la tierra, el paquete incluye una Ley de Desalojo que promete terminar con la lentitud de los procesos judiciales por usurpación. El nuevo mecanismo establece:
- Plazo perentorio: Una vez acreditada la titularidad, el juez deberá ordenar la restitución del inmueble en un máximo de 5 días.
- Facultades de fuerza pública: El oficial de justicia podrá allanar, romper cerraduras y utilizar la fuerza policial de manera directa.
- Notificación efectiva: La sentencia alcanzará a todos los ocupantes presentes, incluso si no fueron identificados al inicio de la demanda, y las notificaciones se realizarán en el mismo inmueble en disputa.
Expropiaciones: el Estado pagará solo "valor de mercado"
Otro eje conflictivo es la reforma a la Ley de Expropiaciones. El objetivo es reducir el costo fiscal de estas operaciones para el Estado. La nueva normativa excluye explícitamente del pago:
- El valor afectivo o sentimental.
- Las ganancias futuras o el lucro cesante.
El monto se fijará según el valor objetivo de mercado previo al anuncio oficial de la obra, ajustado por inflación. En el caso de empresas que coticen en bolsa, se tomará el valor bursátil, eliminando peritajes alternativos.
Manejo del fuego: propietarios podrán vender terrenos quemados sin esperar años
En materia ambiental, el proyecto modifica sustancialmente la ley de manejo del fuego. La reforma elimina las restricciones que impedían vender o cambiar el uso de terrenos afectados por incendios.
La iniciativa restituye el régimen previo a 2020. Esto permitirá que los propietarios dispongan libremente de los terrenos inmediatamente tras un incendio.
Las restricciones, que buscan ser eliminadas por la administración de Javier Milei, habían sido establecidas para evitar quemas intencionales. La lógica era impedir que se provocaran incendios forestales con fines inmobiliarios o productivos.
Al eliminar la prohibición de venta, el Gobierno argumenta que se eliminan trabas innecesarias a la actividad productiva. Los críticos advierten que podría incentivarse la quema intencional de bosques nativos.
Barrios populares: se liberaliza totalmente la venta de viviendas regularizadas
El último capítulo del paquete introduce cambios profundos en el régimen de regularización dominial de barrios populares. Las modificaciones al RENABAP alteran las reglas de juego para miles de familias.
Las viviendas podrán venderse sin restricciones. Incluso podrán ser adquiridas por personas o empresas que no pertenezcan a sectores vulnerables.
La primera adjudicación seguirá destinada exclusivamente a vivienda única. Pero las operaciones posteriores quedarán totalmente liberadas del control estatal.
Las cuotas de los planes de regularización no podrán superar el 20% del ingreso familiar del adjudicatario. Este tope busca evitar situaciones de endeudamiento insostenible.
El proyecto elimina la prohibición de venta durante un período mínimo tras la adjudicación. Esta herramienta había sido diseñada para evitar procesos de gentrificación acelerada en barrios regularizados.
Con su eliminación, los beneficiarios podrán vender inmediatamente después de recibir el título. Esto abre la puerta a operaciones especulativas en zonas que el Estado invirtió en urbanizar.
Perspectivas legislativas
El paquete de leyes ingresará al Congreso en un clima de alta polarización. Mientras el sector inversor y las cámaras del agro suelen ver con buenos ojos la desburocratización y el refuerzo de la propiedad privada, los sectores de la oposición y organizaciones ambientales ya advierten sobre el riesgo de extranjerización de recursos estratégicos y el posible incentivo a la quema de bosques nativos.
