Salud Mental: El Senado debate una reforma clave que facilita las internaciones involuntarias
Un plenario de comisiones analizará hoy el proyecto del Ejecutivo que busca modificar la Ley 26.657. La iniciativa integra las adicciones como patologías específicas y flexibiliza los criterios legales para intervenir en crisis severas sin el consentimiento del paciente.
En una jornada marcada por la expectativa de familiares y el rechazo de organismos de derechos humanos, el Senado de la Nación dará inicio esta tarde al tratamiento de la reforma integral de la Ley Nacional de Salud Mental. El debate, que se desarrolla en un plenario de las comisiones de Salud —presidida por la senadora Ivanna Arrascaeta (LLA)— y de Legislación General —a cargo de Nadia Márquez (LLA)—, pone sobre la mesa un cambio de paradigma en la atención psiquiátrica en Argentina.
La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 19 de abril, busca "actualizar" una norma que data de 2010 y que, según el Gobierno y diversos colectivos de padres de personas con consumos problemáticos, ha quedado desbordada por la realidad asistencial.
Los tres pilares de la reforma
El texto oficial introduce modificaciones drásticas en la operatividad del sistema sanitario. Estos son los puntos centrales que generan mayor fricción:
- 1. Del "riesgo inminente" al "riesgo grave"
Actualmente, la ley vigente solo permite una internación involuntaria ante un "riesgo cierto e inminente". El nuevo proyecto reemplaza esta figura por la de "situación de riesgo grave de daño" para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
El objetivo: Facilitar la intervención médica preventiva. Según el Ministerio de Salud, el criterio actual obligaba a los profesionales a esperar a que la crisis fuera total para poder actuar legalmente, dejando un vacío en el tratamiento temprano de episodios psicóticos o de abuso de sustancias.
- 2. Adicciones con entidad de enfermedad
La reforma establece explícitamente que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, pero con dispositivos específicos. Esto permite que las obras sociales y prepagas deban garantizar tratamientos de internación y rehabilitación bajo una lógica de enfermedad de salud mental, algo que familias de pacientes reclamaban para evitar la desatención en hospitales generales.
- 3. Freno a la desmanicomialización
A diferencia de la Ley 26.657, que promovía el cierre progresivo de los centros monovalentes (hospitales psiquiátricos tradicionales), el nuevo proyecto propone fortalecer una red de atención por niveles. Esto incluye mantener y reequipar hospitales especializados, en lugar de sustituirlos totalmente por servicios en hospitales generales.
Procedimiento y Control Judicial
Para evitar abusos de poder, el proyecto establece un protocolo de control:
- Notificación Judicial: Toda internación no voluntaria debe ser comunicada a un juez en un plazo máximo de 24 horas.
- Documentación: El equipo médico tiene 48 horas para remitir los fundamentos clínicos que justifican la medida.
- Excepcionalidad: En situaciones de urgencia extrema donde no haya un equipo interdisciplinario presente, un solo médico podrá autorizar la internación, siempre que sea revalidada por otros profesionales en menos de 24 horas.
Un debate polarizado
El clima en el Congreso refleja la división que este tema genera en la sociedad civil.
- A favor: Grupos de familiares argumentan que la ley actual los deja "atados de pies y manos" mientras ven a sus hijos morir por adicciones o crisis de salud mental en la calle. Argumentan que el consentimiento no puede ser la única llave para la salud cuando la persona no tiene conciencia de su enfermedad.
- En contra: Desde el kirchnerismo y organismos como el CELS, advierten que flexibilizar las internaciones involuntarias y revalorizar los hospitales monovalentes representa un retroceso en derechos humanos. Sostienen que se vuelve al modelo "de encierro" y que el problema real no es la ley actual, sino la falta de presupuesto para implementarla correctamente.
¿Qué sigue?
Si el plenario de comisiones logra emitir dictamen hoy, el proyecto quedaría en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado en las próximas dos semanas. De obtener media sanción, pasará a la Cámara de Diputados para su conversión definitiva en ley.
