La Letra Chica del RIGI: Estiman un costo fiscal de USD 1.069 millones anuales y analizan su impacto en la Provincia

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el ambicioso esquema de promoción económica sancionado mediante la Ley Bases a mediados de 2024, ha alcanzado velocidad de crucero en su implementación. Con fecha de corte al 11 de mayo de 2026, el Estado Nacional ya ha oficializado la aprobación de doce mega-proyectos bajo este marco normativo, consolidando compromisos de inversión privada por una cifra astronómica: USD 26.680 millones. Sin embargo, detrás del festejo oficial por la llegada de capitales, un minucioso análisis técnico enciende el debate sobre la contraparte oculta: el impacto real sobre las arcas públicas.

Un reciente informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha arrojado luz sobre esta dimensión al calcular el "gasto tributario" o costo fiscal del régimen. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, una vez que la totalidad de los proyectos aprobados ingrese en su fase de plena operación comercial (proyectada entre los años 2029 y 2033), el Estado argentino dejará de percibir aproximadamente USD 1.069 millones anuales en su escenario base. Esta cuantificación plantea un severo contrapeso al relato de la Jefatura de Gabinete de Ministros, abriendo interrogantes sobre la sustentabilidad de la recaudación a mediano plazo.

 
RECUADRO ESTADÍSTICO CLAVE

• Inversión Comprometida Total: USD 26.680 Millones (12 proyectos aprobados).
• Costo Fiscal Anual Estimado (Régimen Pleno): USD 1.069 Millones (Escenario Base).
• Costo Anual en Fase de Construcción (2025–2028): Entre USD 300 y USD 560 Millones.

La discrepancia metodológica: ¿Hay o no afectación fiscal?

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo nacional ha mantenido una postura firme de no registrar ni estimar el costo fiscal del RIGI dentro de las planificaciones del Presupuesto Nacional. En el reciente Informe 145 presentado ante el Honorable Congreso de la Nación, el Jefe de Gabinete defendió esta postura señalando que el presupuesto "notablemente no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal". Bajo la óptica oficial, al tratarse de inversiones que supuestamente no se ejecutarían sin la existencia del régimen, no se puede hablar de una pérdida de recaudación preexistente.

No obstante, el análisis de CEPA refuta este axioma aplicando la metodología internacional estándar para la medición de gastos tributarios. El otorgamiento de beneficios estructurales —como la rebaja permanente de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, el cómputo del 100% del Impuesto al Cheque o la eliminación total de aranceles aduaneros y derechos de exportación— constituye una renuncia fáctica a capturar la renta potencial derivada de los recursos naturales y de la actividad industrial estratégica del país.

Los seis engranajes de la renuncia fiscal

La cifra base de USD 1.069 millones de costo fiscal anual es el resultado de un modelo que pondera múltiples variables operativas y arancelarias. CEPA advierte que, dependiendo de la volatilidad internacional en el precio de los commodities, este costo podría oscilar desde un mínimo de USD 740 millones en un contexto internacional pesimista, hasta superar los USD 1.480 millones anuales en un escenario de cotizaciones altas.

Los principales componentes que estructuran esta sangría de recursos para el fisco son los siguientes:

• Diferencial del Impuesto a las Ganancias: Una brecha de 10 puntos porcentuales en beneficio de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que tributarán una tasa fija del 25% frente al 35% general.
• Derechos de exportación resignados: Aunque el petróleo, el gas y el oro ya contaban con esquemas de retención cero en la normativa general previa, el RIGI los blinda de forma permanente y elimina las alícuotas del 4,5% vigentes para sectores clave como el litio.
• Exención total de aranceles de importación: Los insumos, repuestos y bienes de capital ingresan al país con arancel 0%, frente al régimen general extrazona que aplica tasas del 10% al 35%.
• Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios: Los VPU bajo el RIGI están facultados para computar el 100% de este tributo a cuenta de Ganancias, en contraste con el magro 33% permitido para cualquier empresa pyme o comercio del régimen general.
• Financiamiento del IVA pre-operativo: La emisión ágil de Certificados de Crédito Fiscal (CCF) para cancelar el IVA de inversiones durante la extensa fase de construcción genera un costo financiero implícito asumido de forma directa por el Estado.

El mapa de las grandes inversiones y su impacto en Buenos Aires

La cartera de los doce proyectos aprobados al 11 de mayo de 2026 se despliega a lo largo de diversas provincias, concentrándose fuertemente en la minería andina y los hidrocarburos no convencionales. La iniciativa de mayor magnitud macroeconómica e impacto individual en el gasto tributario es el megaproyecto de Licuefacción de GNL de Southern Energy en Río Negro (integrado por YPF, PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG), seguido por el monumental oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), diseñado para exportar más de 700.000 barriles diarios de petróleo.

Si bien la minería del litio y el cobre se localizan en el norte y la región de Cuyo, la provincia de Buenos Aires logró insertar dos proyectos estratégicos en el catálogo del RIGI que dinamizan su entramado productivo y energético:

• Parque Eólico Olavarría (PCR / Acindar): Con una inversión orientada a la transición energética, este parque generará 180 MW destinados de forma exclusiva al abastecimiento de la planta siderúrgica de Acindar. Al estar dirigido enteramente al consumo del mercado eléctrico interno, no genera exportaciones directas y su costo fiscal por derechos de exportación es nulo. Sin embargo, el Estado asume el sacrificio fiscal mediante la exención de aranceles aduaneros para la importación de aerogeneradores de última tecnología y el IVA de la etapa constructiva. Este proyecto dinamiza la cadena de valor de las energías renovables en las inmediaciones de nuestra región del interior bonaerense.
• Proyecto Siderúrgico Argentino (Sidersa): Emplazado en la localidad de San Nicolás, contempla una moderna planta destinada a la producción de aceros largos con una capacidad técnica de 360.000 toneladas anuales. Orientada prioritariamente a la sustitución de importaciones en el mercado doméstico, prevé exportaciones moderadas por USD 100 millones al año. Según detalla el informe de CEPA, este proyecto representa uno de los impactos fiscales individuales más bajos de toda la nómina aprobada, pero consolida un polo de desarrollo metalúrgico clave para Buenos Aires.

Dinámica temporal: El costo inmediato vs. el costo futuro

El estudio remarca que el impacto del RIGI sobre las arcas estatales tendrá una evolución asimétrica. En la actualidad, durante la denominada fase de construcción (2025–2028), la gran mayoría de las firmas se encuentra importando equipamiento y montando sus estructuras operativas. En este lapso inicial, el costo fiscal se mantendrá acotado en un rango de entre USD 300 y USD 560 millones anuales, explicado de forma casi exclusiva por las franquicias aduaneras y los Certificados de IVA pre-operativo.

El verdadero punto de quiebre fiscal se experimentará a partir de 2029, con el pico proyectado entre 2030 y 2033. Será entonces cuando el complejo exportador RIGI ingrese en fase de producción comercial plena, despachando recursos naturales procesados sin abonar retenciones y liquidando Ganancias bajo la tasa subsidiada del 25%.

La encrucijada económica planteada por el informe del Centro CEPA abre un interrogante crucial en la política argentina: si bien los USD 26.680 millones constituyen una inyección de divisas indispensable para la macroeconomía nacional, la magnitud de las exenciones tributarias consolida un esquema de asimetrías severas con respecto a las pequeñas y medianas empresas locales, las cuales operan bajo una presión tributaria plena y sin garantías de estabilidad normativa por treinta años. Para Buenos Aires, el desafío estructural pasará por lograr traccionar empleo genuino y pymes proveedoras al calor de los parques energéticos e industriales que comienzan a nacer bajo este régimen.

El informe completo aquí: