CAME rechaza las propuestas del FMI y exige una reforma tributaria que alivie a las pymes

El debate por la estructura impositiva argentina sumó un nuevo y tenso capítulo. Tras conocerse las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió firmemente al cruce. Desde la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas —con fuerte arraigo en el interior productivo y en nuestra región del sudoeste bonaerense— aseguraron que la receta del organismo internacional no solo es "regresiva", sino que erra por completo el diagnóstico al ignorar el verdadero foco de asfixia del sector privado: la presión fiscal subnacional.

El planteo del FMI apunta a engrosar las arcas del Estado mediante tres vías conocidas: ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (reduciendo el piso imponible para que más asalariados tributen), extender el IVA a bienes y servicios que hoy están exentos, y reconfigurar el Monotributo elevando sus categorías. Para CAME, esto se traduce en una fórmula repetida: ajustar sobre los trabajadores, el consumo doméstico y los pequeños contribuyentes, profundizando un círculo vicioso que deprime la demanda interna sin tocar los impuestos distorsivos estructurales.

El "nudo fiscal" que el FMI ignora: Provincias y Municipios

Desde la perspectiva productiva local, el comunicado de CAME pone el dedo en la llaga sobre un problema que los comerciantes y pymes de nuestras localidades sufren a diario: la superposición de gravámenes provinciales y municipales. Según detalla el informe de la entidad, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas de servicios municipales representan en conjunto entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, sin importar si el negocio arrojó ganancias o pérdidas al final del mes.

A diferencia de Ganancias, Ingresos Brutos funciona como un "impuesto en cascada" que se acumula en cada eslabón de la cadena, encareciendo el producto desde la materia prima hasta la góndola. El panorama se vuelve aún más gráfico al analizar la estructura de prioridades que la entidad resume en el gráfico, donde se evidencia cómo el impacto de IIBB (alícuota directa y retenciones) y las tasas municipales (Seguridad e Higiene, Seguridad, Habilitación) ostentan un nivel de urgencia de reforma "Crítica", mientras que las modificaciones propuestas por el FMI sobre Ganancias o IVA son consideradas de prioridad "Baja" por su carácter recesivo.

En el ámbito municipal, la situación no es más alentadora. Con más de 2.300 municipios en todo el país aplicando criterios heterogéneos y muchas veces opacos, las tasas (como Seguridad e Higiene o la Tasa General de Inmuebles) actúan en la práctica como una alícuota adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas brutas. CAME denuncia que esta proliferación impositiva carece de un correlato verificable en servicios efectivamente prestados y funciona como un directo desincentivo para la inversión y la radicación de empresas en el interior.

El drama silencioso de los saldos a favor y la inflación

Uno de los puntos más agudos de la denuncia empresarial radica en los regímenes de retención y percepción que aplican las provincias de manera anticipada. Bajo este sistema, los fiscos provinciales descuentan dinero al contribuyente de forma automática antes de la declaración jurada mensual. Las alícuotas de estos anticipos, fijadas por resoluciones administrativas y no por ley, suelen superar holgadamente lo que la pyme realmente debe abonar, generando saldos a favor crónicos que quedan atrapados en el Estado.

Este mecanismo se convierte en una trampa financiera letal para el capital de trabajo de los comercios en contextos inflacionarios. Tal como explicita el cuadro técnico de CAME, las devoluciones de estos saldos por parte de los estados provinciales no tienen plazos legales claros en la mayoría de las jurisdicciones, demorando entre 12 y 36 meses. En ese lapso, la inflación erosiona entre el 60% y el 80% del valor real de ese dinero, transformándose en un "préstamo forzoso sin remuneración" en favor del fisco. Aunque distritos como CABA o Santa Fe han implementado sistemas de devolución exprés para montos menores, la falta de estadísticas públicas sobre el stock total de saldos acumulados perpetúa la opacidad del sistema.

La propuesta: Un Nuevo Consenso Fiscal

Para romper esta inercia, CAME no se limita al rechazo, sino que propone una convocatoria urgente a un Nuevo Consenso Fiscal que involucre de forma horizontal a Nación, Provincias y Municipios. El objetivo planteado no es una simple reducción nominal de alícuotas que pueda borrarse con el codo mediante un decreto, sino un cambio estructural con reglas permanentes.

El plan de acción propuesto contempla seis ejes de reforma institucional urgentes, detallados en el comunicado de CAME:

• Alícuotas de retención/percepción: Fijar un tope máximo que coincida con la tasa efectiva por actividad, estableciendo un techo que no supere el 1%.
  
  
• Indexación de saldos a favor: Actualizar automáticamente los saldos acumulados mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a partir del día 31 de haberse generado, para frenar la licuación inflacionaria.
  
  
• Plazo de devolución: Imponer por ley un plazo máximo de 90 días corridos para la restitución de fondos, con un interés resarcitorio automático en caso de incumplimiento.
  
  
• Padrón de agentes: Crear un padrón único nacional gestionado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para evitar la frecuente doble retención.
  
  
• Base imponible: Armonizar a nivel nacional una base imponible unificada para cada actividad económica, terminando con la fragmentación actual de 24 criterios distintos.
  
  
• Transparencia estadística: Obligar a las provincias a publicar de manera trimestral el stock total de saldos acumulados pendientes.

Adicionalmente, la entidad pyme subraya la necesidad de transformar Ingresos Brutos eliminando su aplicación en las etapas intermedias de producción, reservándolo exclusivamente para la venta final al consumidor —emulando el diseño del IVA—. Según CAME, esto no implicaría una pérdida de recaudación neta para las provincias, sino un ordenamiento de la carga impositiva hacia donde económicamente es sostenible, quitándole el freno de mano a la competitividad del sector productivo.

Para instrumentar este cambio de fondo, señalan a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral como el órgano con la legitimidad técnica necesaria para coordinar y fiscalizar a las 24 jurisdicciones sin requerir reformas constitucionales. La postura local y nacional de las pymes es clara: el camino para reactivar la economía no radica en ahogar el bolsillo de los trabajadores ni el consumo interno, sino en desatar los nudos burocráticos e impositivos que asfixian a quienes producen en el interior profundo de la Argentina.