Movilidad previsional: Las jubilaciones mínimas registran una pérdida real del 18,9% bajo el DNU de Milei
El informe de CEPA revela que la indexación por inflación del DNU 274/2024 consolidó una pérdida real del 18,9% en las jubilaciones mínimas frente al cierre del gobierno anterior. El congelamiento del bono en 70.000 pesos y el fin de la moratoria previsional fijan los haberes en un piso históricamente bajo.
El debate sobre el sistema previsional sumó un nuevo capítulo tras la publicación de un informe técnico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El documento analiza el impacto de las medidas implementadas por la gestión de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, señalando que el sector previsional funciona como una de las variables de ajuste del programa económico actual.
De acuerdo con el informe, el mecanismo de actualización mensual indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), dispuesto mediante el DNU 274/2024, modificó la dinámica de los haberes pero consolidó un piso bajo en términos de poder de compra real.
El DNU 274/2024 y el cambio de fórmula
A fines de marzo de 2024, el Gobierno nacional modificó por decreto la ley de movilidad de los haberes jubilatorios. La medida se aplicó luego de un primer trimestre de ese año marcado por una aceleración inflacionaria que afectó los ingresos reales, los cuales se actualizaban con el rezago trimestral de la fórmula anterior (Ley 27.609).
El esquema actual fijó aumentos mensuales basados en el último dato de inflación disponible, correspondiente a dos meses atrás. Si bien el oficialismo argumentó que este sistema protegería los ingresos de los pasivos, el análisis de CEPA advierte que al ligar los haberes exclusivamente al IPC se impide una recuperación real frente a una eventual mejora económica. Las jubilaciones empatan con la inflación futura, pero sobre un poder de compra que se encuentra en niveles históricamente bajos.
Evolución de los haberes: El impacto según el cobro de bonos
Al evaluar el trimestre marzo-mayo de 2026 y compararlo con el último trimestre de la gestión de gobierno anterior —parámetro metodológico utilizado para medir el impacto del cambio de fórmulas— se observan comportamientos dispares según la escala de ingresos:
- Jubilados sin bono: Los beneficiarios que no perciben compensaciones extras registran un poder de compra un 2,5% inferior al del cierre del gobierno previo.
- Jubilados con bono: Quienes perciben la jubilación mínima sufren una contracción real del 18,9% en sus ingresos en la comparación trimestral.
La diferencia se explica por la política aplicada sobre el bono compensatorio, que percibe el 70% de los jubilados del sistema.
El congelamiento del bono previsional
Desde marzo de 2024, el bono de refuerzo destinado a las jubilaciones mínimas se mantiene fijo en 70.000 pesos. Al no acompañar la inflación acumulada, el poder de compra de esta asignación se redujo mensualmente.
Los datos reflejan que entre marzo de 2024 y junio de 2026 los haberes base (sin bono) se incrementaron un 200% por la actualización del IPC. En contraste, la jubilación mínima total (haber base más el bono de 70.000 pesos) aumentó un 132% nominal en el mismo período.
El informe de CEPA señala que si el bono se hubiese actualizado en la misma proporción que el resto del sistema, en junio de 2026 debería alcanzar los 209.994 pesos. La falta de actualización representa una diferencia de 139.994 pesos mensuales en el ingreso de los beneficiarios de la mínima.
Comparación con la fórmula derogada (Ley 27.609)
El informe sostiene que la sustitución de la fórmula previsional de 2021 por el DNU se realizó en el momento en que el esquema anterior de actualización trimestral podía generar una mejora real en los haberes, debido a la desaceleración de la inflación.
La Ley 27.609 combinaba la recaudación de la seguridad social y la variación salarial. Por su diseño, este tipo de fórmulas muestra un retraso que perjudica a los jubilados cuando la inflación sube, pero genera ganancias reales cuando los precios tienden a la baja.
El cotejo de datos indica que los aumentos de la fórmula derogada hubieran sido superiores a los otorgados por IPC en septiembre y diciembre de 2024, y en marzo, junio y septiembre de 2025. Hacia junio de 2026, con el aumento por IPC del 2,6% (basado en la inflación de abril), la jubilación mínima sin bono se ubica en 403.327 pesos. De haber continuado la fórmula de 2021, ese mismo haber se posicionaría en 490.621 pesos, es decir, un 21,6% por encima del esquema actual.
Esta reducción del gasto real en previsión fue convalidada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus revisiones del acuerdo, donde confirmó que los cambios en la indexación pensionaria moderaron el gasto público en esta área.
Finalización de la moratoria previsional
La situación del sector se completa con el vencimiento de la moratoria previsional en marzo de 2025, la cual no fue prorrogada por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las estadísticas sociolaborales, un 90% de las mujeres y un 80% de los varones en edad de retiro no reúnen los 30 años de aportes exigidos por el sistema general, producto de trayectorias marcadas por la informalidad o la desocupación.
Sin la moratoria, la alternativa disponible es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación otorga el 80% de una jubilación mínima ordinaria, no es transferible por fallecimiento y eleva la edad de acceso para las mujeres a los 65 años (cinco años más tarde que el régimen general).
La proyección del informe señala que, al atar las jubilaciones al IPC, los haberes tenderán a dibujar una línea horizontal en el tiempo: no perderán frente a la inflación mensual, pero quedarán fijos en un nivel de compra real inferior al de períodos anteriores. Tras los vetos presidenciales a las leyes de recomposición aprobadas por el Congreso, el esquema actual consolidó las jubilaciones en el piso registrado tras el impacto inflacionario inicial del programa económico.
Compartimos el informe de CEPA:
