Semillas: el Gobierno lanzó un nuevo protocolo de control y proyecta exportaciones récord para el agro
A través de una resolución conjunta, se busca blindar la propiedad intelectual en el primer punto de entrega de granos. El Ejecutivo estima un impacto económico que superará los 4.000 millones de dólares anuales.
El Gobierno nacional dio un paso para reconfigurar las reglas de juego en el sector agroindustrial. A través de la Resolución Conjunta 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca pusieron en marcha un nuevo protocolo destinado a proteger la propiedad de las semillas en el país. Con esta normativa, que se ampara en la histórica Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el oficialismo apunta a un ambicioso objetivo económico: generar un incremento en las exportaciones de más de 4.000 millones de dólares anuales.
La medida está orientada específicamente a controlar la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega. De esta manera, el Estado busca garantizar de forma efectiva los derechos de los obtentores de variedades vegetales, un reclamo histórico de las empresas desarrolladoras de biotecnología aplicada al campo.
Según explicaron desde el Poder Ejecutivo en los considerandos de la norma, el control sobre el grano es una herramienta indispensable para el cumplimiento de la propiedad intelectual, sobre todo en especies de reproducción autógama (como la soja y el trigo). Las autoridades destacaron que el avance científico actual permite determinar la identidad varietal en plazos muy reducidos, lo que otorga una mayor solidez probatoria ante posibles infracciones administrativas.
El anuncio formal fue respaldado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó sus redes sociales para ponderar el alcance de la reforma. El funcionario aseguró que cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. En esa misma línea, ratificó el millonario impacto exportador que prevén las proyecciones oficiales gracias a esta actualización tecnológica.
El ABC del nuevo sistema de control
El protocolo establece un circuito estricto que involucra tanto a los acopios como a laboratorios privados y organismos de control. En primer lugar, se determina que todos los establecimientos que operen como primer punto de entrega de granos deberán estar debidamente registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
La toma de muestras se realizará bajo las normativas de calidad vigentes, abriendo la posibilidad de que los responsables de los establecimientos firmen convenios con entidades privadas para financiar y coordinar los envíos. Sin embargo, el análisis de identidad varietal no lo podrá hacer cualquiera: estará reservado de forma exclusiva a las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que cuenten con convenios específicos con el INASE, utilizando siempre métodos homologados oficialmente.
Una de las principales novedades es la simultaneidad de la información. Una vez que el laboratorio obtenga el resultado del análisis, este deberá notificarse de manera inmediata y al mismo tiempo tanto al dueño de la variedad (el obtentor) como al remitente del grano (el agricultor).
Plazos, denuncias y sanciones
Para evitar controversias, la resolución estipula que tanto la porción de la muestra analizada como una "muestra de respaldo" deberán guardarse cerradas y rotuladas por un período de 60 días corridos a partir de la emisión del certificado de análisis.
Durante ese lapso, si el titular de la variedad detecta anomalías o un uso no autorizado de su tecnología, podrá presentar una denuncia formal ante el INASE. Al hacerlo, la destrucción de la muestra de respaldo quedará suspendida inmediatamente y el material será enviado al organismo oficial para iniciar las acciones sumarias correspondientes.
El nuevo esquema comenzará a regir para los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la fecha. Desde la Secretaría de Agricultura advirtieron que quienes no se adecuen a las exigencias del protocolo recibirán las sanciones estipuladas en el Artículo 38 de la Ley de Semillas, las cuales contemplan severas multas económicas y penalidades accesorias. Con este marco, el Gobierno apuesta a una mayor trazabilidad en el comercio granario, buscando seducir nuevas inversiones privadas que impulsen la productividad general del agro argentino.
