Inversiones del RIGI: los millonarios anuncios que todavía no se traducen en dólares reales para el país

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la principal apuesta de la Ley de Bases para reactivar la economía, transita una etapa marcada por una marcada brecha entre las expectativas oficiales y el desembolso real de las divisas. Aunque el Gobierno promociona una danza de miles de millones de dólares en anuncios, el flujo efectivo de fondos que ingresa formalmente al sistema financiero local se mueve a un ritmo mucho más lento, abriendo interrogantes sobre el verdadero impacto inmediato del programa.

De acuerdo con datos actualizados del Observatorio del RIGI y relevamientos de la organización Chequeado, desde la puesta en marcha del régimen se presentaron un total de 35 proyectos que totalizan intenciones de inversión por más de 81.000 millones de dólares. Sin embargo, la foto del estado de situación actual demuestra que la burocracia y la cautela inversora juegan su propio partido: sólo 15 de esas iniciativas obtuvieron hasta el momento la aprobación formal por parte del Ministerio de Economía. 

Esta parálisis administrativa o prudencia empresarial implica que aproximadamente el 64% de los montos totales anunciados todavía no fue aprobado. En la ventanilla oficial, los expedientes acumulados en proceso de evaluación representan más de 100.000 millones de dólares virtuales que aún no se transformaron en obras, compras de proveedores locales ni contrataciones de personal. Hasta el momento, el Comité Evaluador exhibe un único rechazo formal, correspondiente a una propuesta de la minera china Ganfeng Lithium.

Concentración extractiva y el fantasma del empleo a corto plazo

Uno de los puntos que genera mayor discusión entre los especialistas radica en la matriz productiva que consolida el RIGI. Más del 95% de los proyectos y de los montos comprometidos se concentran de manera casi exclusiva en dos sectores: minería e hidrocarburos. La promesa de diversificar la economía hacia la siderurgia, la tecnología, el turismo o la foresto-industria permanece, por ahora, en el terreno de las asignaturas pendientes, con sectores que registran nula o escasísima participación. 

La marcada concentración en industrias extractivas reaviva el debate sobre la capacidad del régimen para generar puestos de trabajo duraderos. Diversos economistas advierten que tanto el sector energético como el minero demandan un volumen importante de mano de obra durante la fase inicial de construcción y montaje de infraestructura, pero una vez operativos, los requerimientos de personal permanente para operación y mantenimiento se reducen drásticamente.

El origen de los capitales también dibuja un mapa dual. Mientras que en el sector energético y de hidrocarburos —con el desarrollo de Vaca Muerta a la cabeza— se observa un fuerte predominio de grandes compañías de origen nacional, el sector minero, enfocado principalmente en el litio y el cobre en el norte del país y la región cordillerana, está dominado por firmas extranjeras provenientes de Suiza, Reino Unido, China, Canadá y Australia.

Costo fiscal y la apuesta por el "Súper RIGI"

A la par de las demoras en el arribo de las inversiones comprometidas, persisten las dudas sobre el costo fiscal que representarán para el Estado los amplios beneficios otorgados, que incluyen estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria por 30 años. Las voces críticas señalan que las exenciones arancelarias y las rebajas en el Impuesto a las Ganancias podrían terminar desfinanciando las arcas públicas antes de que se vislumbre una recaudación compensatoria por el aumento de la actividad económica.

Lejos de revisar este esquema, la estrategia oficial apunta a redoblar la apuesta. El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto para crear el denominado "Súper RIGI", un marco normativo diseñado específicamente para inversiones que superen los 1.000 millones de dólares y que busca atraer desembolsos en actividades que hoy no existen en el territorio nacional, como los mega centros de datos para Inteligencia Artificial. 

Este nuevo esquema propone incentivos aún más agresivos que el régimen original, como una reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, rebajas en las contribuciones patronales y una liberación total de la disponibilidad de divisas por exportaciones desde el primer año. Sin embargo, el propio Ministerio de Economía reconoce de forma solapada que el impacto real de estas herramientas sólo se verificará en el largo plazo, confirmando que las "inversiones de shock" prometidas siguen demoradas en el horizonte.

SudOeste B.A. con información de Chequeado.com