CAME reclama suspender embargos y reducir multas para Pymes ante el Senado nacional
La entidad empresaria solicitó de manera urgente a los bloques de la Cámara Alta que incorporen modificaciones clave en la Ley de Inocencia Fiscal para frenar el impacto de las ejecuciones de ARCA en un contexto de caída del consumo.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido formal a los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación con el objetivo de frenar la presión impositiva que asfixia al sector. Ante el inminente debate parlamentario del anteproyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, la entidad busca replicar en el Congreso los reclamos que ya había presentado la semana pasada ante el Ministerio de Economía de la Nación.
La ofensiva gremial-empresaria se da en respuesta directa a un fuerte incremento en los embargos y multas ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde CAME advierten que la delicada situación financiera de las pequeñas y medianas empresas podría subsanarse si los legisladores acceden a incorporar tres herramientas de alivio urgentes en la nueva legislación.
El primer eje del reclamo apunta a la reducción de las sanciones. La confederación solicita que no se apliquen multas durante el denominado “Período de Espera” que estipula el organismo recaudador. Asimismo, proponen que si un contribuyente logra regularizar su situación fiscal dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, se le otorgue una quita del 50% en la penalidad, dejando la sanción total únicamente para quienes incumplan vencido dicho término.
Como segundo punto crítico, las pymes demandan la suspensión temporal de todas las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, una traba que hoy congela las cuentas bancarias de las empresas e impide el normal funcionamiento operativo del sector productivo.
Para canalizar las deudas existentes, el tercer pilar del proyecto exige el diseño de un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas. Este régimen contaría con la condonación de la mitad de los intereses devengados y una tasa de financiación subsidiada, equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. Según el requerimiento de la entidad, esta facilidad debería incluir tanto a las deudas vencidas al 31 de mayo como a los planes de pago que actualmente se encuentran vigentes o caducos.
Este escenario de tensión fiscal coincide con una realidad económica compleja, caracterizada por un consumo interno deprimido y la reciente propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de avanzar hacia una reforma tributaria. Desde el sector pyme alertan que dicha reforma reduce el poder adquisitivo de los asalariados y encarece la formalidad para los eslabones de menores ingresos.
Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, sintetizó la urgencia del pedido al manifestar la confianza de la entidad en que el Senado otorgará un tratamiento prioritario a la propuesta. El directivo enfatizó que la coyuntura actual exige resguardar de manera inmediata a miles de empresas y puestos de trabajo que sostienen el entramado productivo argentino.
