Ley de Tierras en el Senado: cómo impactará la eliminación de límites a extranjeros en el sudoeste bonaerense
La Cámara Alta debatirá el próximo 6 de agosto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras el mapa territorial ya muestra a distritos como Guaminí por encima del promedio nacional de extranjerización, la región analiza el impacto sobre los precios del suelo, los proyectos eólicos y la continuidad de los productores locales.
El Senado de la Nación retomará el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo nacional, propone modificar sustancialmente la Ley 26.737 de Tierras Rurales mediante la eliminación de los topes federales a la compra de campos por parte de capitales extranjeros.
El debate en el recinto estaba agendado inicialmente para el 16 de julio, pero la falta de consensos definitivos motivó a la jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio hasta el reinicio de la actividad legislativa posterior al receso.
Como adelantó SudOeste B.A. en la cobertura previa sobre el avance del dictamen de mayoría (Reforma de la Ley de Tierras: el Gobierno busca eliminar límites a extranjeros y activar desalojos express), la iniciativa no solo se enfoca en remover los controles nacionales a la inversión extranjera, sino que contempla modificaciones en materia de restitución de inmuebles y seguridad jurídica. El nuevo texto delega en cada provincia la facultad de regular, autorizar o prohibir la venta de campos dentro de sus jurisdicciones, abandonando el criterio federal uniforme vigente.
El mapa de la propiedad y la situación del Sudoeste
En la actualidad, la Ley de Tierras limita al 15% la titularidad extranjera sobre suelos rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de restringir a mil hectáreas la superficie por titular en zona núcleo y prohibir la compra en áreas ribereñas o de frontera.
A nivel país, existen más de 13 millones de hectáreas en manos de titulares extranjeros (alrededor del 5% del territorio nacional), con 36 departamentos que ya superan el tope del 15%, especialmente en provincias como Neuquén, Salta y La Rioja. Esta radiografía nacional fue detallada por este medio a partir de los relevamientos del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA (Quiénes son los dueños de la Argentina: el mapa del poder territorial en 2026).
En el Sudoeste Bonaerense, la distribución del suelo presenta matices singulares. Tal como reveló el informe de SudOeste B.A. (Guaminí bajo la lupa: el distrito del sudoeste bonaerense supera el promedio nacional de tierras en manos extranjeras), el partido de Guaminí registra un 6% de su superficie rural bajo dominio de propietarios extranjeros (24.946 hectáreas sobre un total de 445.120), posicionándose un punto por encima de la media nacional.
En la misma región, distritos como Coronel Suárez y Villarino mantienen niveles intermedios cercanos al 3% (unas 15.000 y 29.000 hectáreas respectivamente), mientras que partidos como Adolfo Alsina, Puan y Tornquist se ubican en torno al 1%. Más hacia el límite regional, Benito Juárez alcanza un 13% de extranjerización, con casi 68.000 hectáreas registradas.
Efecto escala, valor de la tierra y presión sobre el productor local
La posibilidad de que desaparezcan los límites nacionales plantea un escenario complejo para el interior productivo bonaerense. La desregulación podría activar un "efecto escala".
Para los fondos globales de inversión, distritos como Puan, Saavedra o Guaminí representan extensiones continuas a precios sensiblemente más accesibles que los de la Zona Núcleo, con aptitud mixta y potencial de riego. Un incremento en la demanda internacional tendería a revalorizar la hectárea regional. Asimismo, las garantías sobre la propiedad benefician a desarrollos eólicos y de minería no metalífera consolidados en los corredores de las Rutas 33 y 35.
Sin embargo, esta revalorización trae consigo el riesgo del encarecimiento del suelo por encima de su rentabilidad productiva directa. Para el productor local, el pyme agropecuario y el contratista de la región, el acceso a la tierra —tanto para la compra como para el arrendamiento— podría volverse prohibitivo frente a actores con capacidad financiera internacional, impulsando un proceso de concentración y desplazamiento.
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La flexibilización en zonas incendiadas
La iniciativa legislativa incluye además cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Si bien el dictamen acordado en el Senado preserva las restricciones sobre bosques nativos, abre la puerta para reducir o eliminar la prohibición de 30 años para vender o cambiar el uso de tierras rurales no forestales que hayan sufrido incendios.
En una zona como el Sudoeste Bonaerense, expuesta a incendios de campo durante los veranos secos, este cambio elimina la rigidez sobre el activo quemado, pero genera preocupación entre especialistas ambientales por la posible pérdida de incentivos para la conservación y el riesgo de especulación sobre suelos degradados.
Una definición clave en el Congreso
El tratamiento del 6 de agosto pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sostener las modificaciones alcanzadas en comisiones o introducir nuevos cambios en la negociación con las provincias.
El debate parlamentario definirá si la administración del suelo rural quedará supeditada principalmente a las dinámicas del libre mercado y las regulaciones provinciales, o si se mantendrá un marco unificado de control federal sobre un recurso estratégico para la producción de alimentos, la disponibilidad de agua y el desarrollo territorial de la región.
