En Bahía Blanca la discapacidad tiene cupos

Al hablar de derechos humanos nos encontramos en la mayoría de los ámbitos con una reacción casi instintiva de rechazo. Hemos estirado tanto la definición de los derechos que, finalmente, los hemos despojado de su valor. La gente se harta, porque percibe que detrás de tanta retórica se ha perdido el eje de lo verdaderamente esencial y reclama por las obligaciones. Sin embargo los derechos y obligaciones no son enemigos, sino las dos caras de una misma moneda. Porque un derecho es sobre todo la obligación ineludible del entorno y del Estado de respetarlo.

Ahora bien, la cuestión de los derechos ha entrado en una devaluación discursiva, que nos impide ver lo que es urgente. En medio de este ruido donde todo parece ser una cuestión de derechos, sin ninguna obligación, hemos perdido la capacidad de distinguir aquellas situaciones donde el incumplimiento de uno de ellos afecta la vida de las personas.

Esta lógica de desvalorización llego a Bahía Blanca y afecta a las personas con discapacidad que utilizan el transporte público. Por ley este transporte es gratuito en todo el país pero en Bahía Blanca, de acuerdo a lo que explicó la  Directora General de Discapacidad y Accesibilidad Mara Recondo, se ha fijado un tope de 4 pasajes diarios. Con posibilidad de ampliar ese total a 8 diarios, llenando un formulario. La ordenanza ya está aprobada y a punto de implementarse.

La razón que justifica esta acción, según  explicó la funcionaria municipal, es debido a que en SAPEM Bahía Transporte, encontraron que algunas tarjetas para personas con discapacidad fueron utilizadas indiscriminadamente y que aparentemente revendían los pasajes gratuitos. Pero, según la empresa, no tienen la posibilidad de identificar al/los infractor/es. Entonces a la libertad de uso de los transportes sin restricciones como marca la ley limitaron los pasajes diarios, incluidas en este cupo la del acompañante. En lugar de castigar el fraude se castiga a todo el colectivo. Pagan justos por pecadores. 

No sabemos si este número de pasajes alcanza a cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Tampoco se sabe bien porqué restringieron a 4 y no 6 u 8 o 10. Pero aunque alcanzara, aunque todos estuvieran conformes no deja de ser una regresión de derechos. Una situación muy grave, que legitima hacer lo mismo con otros derechos. 

Y lo peor es que no frena el fraude. La/s persona/s que lo estaban llevando a cabo no se detendrán, ¿porqué hacerlo? Si el sistema se lo permite, solo necesitarán más cantidad de tarjetas para obtener su ganancia. 

El estado municipal no tiene capacidad de control de un fraude probado. Entonces pone límites al acceso de los pasajes urbanos para las personas con discapacidad que en todo el país se lleva a cabo sin restricciones. Es increíble, para una gestión que se autodenomina inclusiva.

No hubo consultas, ni siquiera al Observatorio de Discapacidad creado por ordenanza municipal para atender estas cuestiones. No fue invitado al debate, solo fue informado cuando la decisión ya estaba tomada.

Recientemente el Dr. Gustavo Fulco desarrolló el concepto de Modelo Fantasma de la discapacidad. Este modelo es una denuncia al  Modelo Social. Es la figura que aparece cuando los derechos existen formalmente pero no se materializan en la vida cotidiana. Es la presencia ausente. El fantasma habita en las leyes incumplidas, en los presupuestos recortados, en los datos que no se publican, en la falta de formación docente, en la ausencia de accesibilidad comunicacional. El discurso de derechos convive con prácticas de exclusión estructural. 

Pero esta acción municipal ni siquiera se acerca al modelo fantasma, habría que pensar en otra categoría. Porque no es que no cumple con los derechos estipulados por ley sino que los limita. Efectúa una intervención para restringir. Independientemente si a las personas con discapacidad les alcanza o no esta cobertura, el espíritu de esta intervención es la restricción, llevada a cabo por el organismo que debería velar por los derechos de las personas con discapacidad: la Dirección General de discapacidad y accesibilidad del Municipio de Bahía Blanca. Una limitación arbitraria de un derecho  ya reconocido por ley. 

Es la única ciudad de la provincia y me animaría decir que del país que pone cupos para el transporte urbano de personas con discapacidad. Y nadie se queja. No salieron a hablar las Ongs que atienden a este grupo en particular. ¿Tendrá que ver con el hecho de que este año el Intendente decidió donar parte de su sueldo a estas instituciones? Por favor no dejen que las silencien, porque estas decisiones pueden tener muchas implicancias.  

Para recuperar el valor de nuestros derechos, necesitamos jerarquizarlos. El transporte gratuito para una persona con discapacidad no es un 'cupo' ni un gasto administrativo; es la condición de posibilidad de su autonomía. 

La discapacidad es una cuestión social no individual, su grado será mayor o menor de acuerdo a la forma en que la sociedad responda ante las necesidades de estas personas. Un derecho requiere de la obligación del entorno para hacerlo cumplir. Este derecho ya es ley. La pregunta es: si un municipio, cuando no puede controlar, limita un derecho tan fundamental, qué otro  nos restringirá? No se trata de preguntarnos a quién le toca hoy, sino de cuando será nuestro turno y en que fila estaremos ubicados.

Por Patricia Gonzalez Garza . Diplomada superior en Pedagogía de las diferencias