Ley de Tierras: de 1826 a 2026 los métodos han cambiado, pero la matriz sigue inalterable

Hay tradiciones nacionales que el tiempo no logra erosionar: el mate, el asado y la vocación abnegada de nuestras élites por entregar el suelo argentino al mejor postor extranjero. A propósito de los renovados impulsos en los pasillos del Palacio Legislativo por sepultar la Ley de Tierras (Ley 26.737), conviene hacer una pausa y mirar por el espejo retrovisor. Porque para entender el fervor actual por desregular la venta de hectáreas a firmas extraterritoriales sin rostro, no hace falta innovar; alcanza con repasar el manual de estilo fundacional de la Patria.

La narrativa oficial del liberalismo vernáculo siempre ha sido entrañable: las grandes fortunas agropecuarias de este país son el fruto exclusivo del sudor de la frente, la cultura del trabajo y la libre competencia. Sin embargo, los libros de historia cuentan una historia bastante más prosaica, donde el verdadero "mérito" consistió en estar convenientemente sentado del lado correcto del mostrador estatal.

El primer gran capítulo de este romance entre el poder político y la especulación inmobiliaria comenzó en 1826. El entonces presidente Bernardino Rivadavia solicitó el célebre empréstito a la firma británica Baring Brothers. Como garantía de ese crédito, el Estado hipotecó la totalidad de las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires.

Imposibilitado legalmente de vender esas tierras garantizadas, el gobierno ideó la Ley de Enfiteusis. La premisa era noble en los papeles: transferir el uso del suelo a productores pagando un canon o alquiler al Estado. En la práctica, el resultado fue un manual de viveza criolla: unas pocas decenas de familias patricias y comerciantes vinculados al puerto alambraron millones de hectáreas, se olvidaron de pagar el canon estatal durante años y, décadas más tarde, terminaron escriturando los mejores campos de la pampa húmeda a precios de remate. Aquel selecto club fundacional terminaría institucionalizando su defensa corporativa en 1866 con la creación de la Sociedad Rural Argentina.

Si la Enfiteusis fue el ensayo general, la llamada "Conquista del Desierto" fue la consagración del modelo. En 1878, bajo el mandato de Nicolás Avellaneda y la ejecución del general Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 947. La norma buscaba financiar la expedición militar sobre los territorios indígenas mediante la emisión de bonos de suscripción patriótica.

Los apellidos patricios de Buenos Aires sacaron la billetera, aportando fondos para pertrechos, caballos y fusiles Remington. A cambio, recibieron bonos canjeables por las tierras a "conquistar". Para evitar los monopolios, la propia ley fijaba un tope de 40.000 hectáreas por suscriptor. Sin embargo, la creatividad financiera criolla demostró ser pionera: mediante el uso descarado de testaferros, redes familiares y sociedades, el límite legal se evaporó en un abrir y cerrar de ojos.

Al concluir las campañas militares, un puñado de menos de 400 personas se había repartido más de 8 millones de hectáreas en la Patagonia y la pampa sureña. Apellidos como Álzaga, Guerrero, Cambaceres, Menéndez o Luro —estirpe de la que desciende, entre otros referentes de la política actual, la exministra y actual senadora Patricia Bullrich Luro— consolidaron allí los cimientos de su patrimonio territorial.

A la luz de esta genealogía, el debate contemporáneo cobra una dimensión trágica. Tras el intento frustrado de derogación vía DNU 70/2023 por cautelares judiciales, el Poder Ejecutivo nacional ha reorientado su estrategia a la vía legislativa.

Este próximo jueves 6 de agosto, el Senado de la Nación se convertirá en el epicentro del debate al tratar en el recinto el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa impulsada por el oficialismo busca desmantelar los pilares de la Ley 26.737 sancionada en 2011: propone eliminar el tope del 15% a la extranjerización de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, levantar la restricción de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y derogar la prohibición explícita de vender terrenos que contengan acuíferos, lagos de agua dulce o que se encuentren en zonas de seguridad de frontera. 

Mientras el oficialismo apura las negociaciones voto a voto para conseguir la media sanción y girar el texto a la Cámara de Diputados, organizaciones sociales, científicos y referentes ambientales convocan a movilizarse a las puertas del Congreso. La historia demuestra que cada vez que se levantan los controles sobre el suelo en nombre de un supuesto shock de inversiones, el resultado no es el desarrollo, sino la pérdida de soberanía sobre cuencas hídricas y recursos estratégicos. 

Los métodos han cambiado desde el siglo XIX: ya no se firman empréstitos en guineas, con la casa Baring Brothers de Londres, ni se canjean fusiles Remington por leguas de campo. Hoy la entrega se viste de trusts, fondos de inversión y reformas votadas a mano alzada. Pero la matriz sigue inalterable. La pregunta que flota en el aire antes de la sesión del 6 de agosto no es si la tierra argentina se vende, sino a qué precio y quiénes cobrarán la comisión esta vez.