El ajuste en el Estado deja más de 71 mil empleos públicos y golpea fuerte en infraestructura y servicios territoriales
Según datos procesados a junio de 2026, la dotación del Sector Público Nacional se redujo un 21% desde la asunción de Javier Milei. La motosierra impactó fuertemente en organismos clave para la conectividad, la ciencia, el transporte y la seguridad social, con un promedio de casi 72 despidos diarios.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos oficiales del INDEC, reveló el impacto real del plan de ajuste y redimensionamiento del Estado llevado adelante por la administración del presidente Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la dotación de personal del Sector Público Nacional (SPN) experimentó un recorte de 71.661 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 21% en el total de la plantilla estatal.
El estudio pone de manifiesto que la sangría de empleos ha sido constante a lo largo de la gestión libertaria, promediando una contracción equivalente a casi 72 bajas de puestos laborales por día. Si se analiza el despliegue del recorte en términos absolutos, las dependencias descentralizadas del Estado y las empresas públicas son las más golpeadas.
En el ranking de empresas estatales con mayor pérdida de personal encabeza el Correo Argentino, que registró 5.578 desvinculaciones. Esta reducción no solo impacta en la situación social de miles de familias, sino que debilita directamente la conectividad de las localidades del interior. El Correo es, en muchos pueblos y distritos del sudoeste bonaerense y de todo el país, el único operador logístico disponible para el envío de documentación, prestaciones, medicamentos, materiales educativos y logística electoral.
En el rubro del transporte e infraestructura, fundamentales para el desarrollo de la economía productiva del interior, los recortes también han sido severos:
- Operadora Ferroviaria S.E.: sufrió 4.208 despidos, afectando la operación y el mantenimiento del servicio de trenes de pasajeros.
- Belgrano Cargas y Logística y ADIFSE: sufrieron mermas de 610 despidos y del 37,5% de su planta técnica respectivamente, postergando la planificación de obras férreas para la carga pesada y las economías regionales.
- Dirección Nacional de Vialidad: contabilizó la pérdida de 1.482 trabajadores.
- Afectación en la Ciencia, Producción y Seguridad Social
El achicamiento estatal tampoco hizo excepciones con áreas dedicadas a la investigación productiva, el control fiscal y la protección social:
- ARCA (ex AFIP): encabeza la reducción nominal dentro de los organismos de la administración nacional, con 3.427 cesantías.
- ANSES: perdió 2.982 agentes, lo que incide directamente en la capacidad y agilidad de atención en las delegaciones del interior para el trámite de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
- CONICET: redujo su planta en 2.057 investigadores, técnicos y profesionales de apoyo.
- INTA e INTI: perdieron 849 y 854 puestos de trabajo, respectivamente. La pérdida de técnicos e investigadores en estas instituciones pone en jaque la asistencia técnica a PyMEs y productores del sector agropecuario, así como los controles de sanidad e innovación productiva.
Un dato destacado por el informe del CEPA es el comportamiento del personal en las Fuerzas Armadas, que históricamente solían estar al margen de los recortes de personal. En este período, el Estado Mayor General de la Armada registró 1.409 bajas, la Fuerza Aérea 798 y el Ejército 747 desvinculaciones.
Al evaluar el impacto según el porcentaje de la plantilla original que fue recortada, el caso más pronunciado se dio en la ex agencia Télam (Agencia de Publicidad del Estado S.A.U.), que sufrió una reducción del 78,9% de sus trabajadores, dejándola en una situación de virtual paralización operativa.
En esa misma línea, se ubican ENARSA Patagonia (-66,7%), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-62,3%), la plataforma Educar (-61,9%), Contenidos Públicos S.E. (-56%), la Junta de Seguridad en el Transporte (-52,8%) y la Casa de Moneda (-50,8%).
De acuerdo a las conclusiones del informe del CEPA, las medidas adoptadas no responden a un reordenamiento estratégico o modernización del aparato gubernamental, sino a un criterio fundamentalmente cuantitativo de ajuste fiscal. Este repliegue del Estado deja al descubierto un vaciamiento institucional que compromete de forma progresiva la capacidad pública de regular, controlar y garantizar derechos básicos, la infraestructura federal y el desarrollo productivo a lo largo de todo el territorio nacional.
El informe completo aquí:
