DECRETO 690/2026

El Gobierno suspendió el DNU de Sturzenegger y los prácticos levantan el paro en los puertos

Tras tres días de medida de fuerza que paralizó las terminales fluviales y marítimas del país, el Ejecutivo congeló el Decreto 690/2026. Se acordó crear una mesa de negociación y el servicio se reanuda de inmediato.

Sociedad 05/08/2026 Hora: 15:35
El Gobierno suspendió el DNU de Sturzenegger y los prácticos levantan el paro en los puertos
El Gobierno suspendió el DNU de Sturzenegger y los prácticos levantan el paro en los puertos

El Gobierno nacional dispuso la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión se oficializó tras un acuerdo alcanzado con los representantes del sector de practicaje, lo que permitió el levantamiento inmediato de la medida de fuerza que mantenía paralizada la navegación de buques en todo el país.

Para encauzar el conflicto, el Ejecutivo conformó una mesa de trabajo conjunta bajo la coordinación del Gobierno Nacional, con la participación de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos. En el diálogo fue clave la intervención de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Aunque la versión oficial sostiene que los prácticos aceptaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio y una suspensión temporal de la norma, fuentes cercanas a las negociaciones señalan que la aplicación del decreto quedó descartada y que Sturzenegger quedará al margen de las futuras instancias de debate.

 

Tensión, intimaciones e imposibilidad de conciliación

La resolución del conflicto llega luego de 72 horas de parálisis en la actividad portuaria nacional. Tal como venía informando SudOeste B.A. sobre la paralización de los puertos del país por la desregulación, las medidas adoptadas por los prácticos generaron un freno total en los principales nodos agroexportadores e industriales.

Durante el desarrollo de la medida, las autoridades buscaron desactivar la protesta mediante intimaciones y la amenaza de sanciones, temperamento ratificado por el vocero presidencial Adrián Ravier. Sin embargo, como publicó este medio sobre la intimación emitida por Prefectura a más de 500 profesionales, el Estado no contó con el instrumento legal para dictar la conciliación obligatoria. Esto se debió a que los prácticos actúan como profesionales independientes y no bajo una estructura sindical tradicional, llevando adelante una decisión individual y coordinada de no aceptar nuevos contratos.

Impacto en el agro y alerta en el sector energético

El impacto del paro afectó la logística comercial argentina. Cerca del 80% de las exportaciones e importaciones transitan por la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Río de la Plata, donde decenas de embarcaciones quedaron varadas en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, extendiéndose la parálisis desde Ushuaia hasta el norte del país.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), su presidente Gustavo Idígoras advirtió que la inoperatividad generó sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios por buque demorado. A su vez, señalaron que las pérdidas acumuladas en un solo día de inactividad equivalían a la masa salarial anual de los prácticos, alertando sobre los riesgos de calificar a la Argentina como un destino logístico inseguro.

La parálisis también impactó en el área energética. En el puerto de Bahía Blanca, la inactividad obligó a detener la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. Paralelamente, la Cámara Argentina de Energía (CADE) informó sobre interrupciones en los muelles de Campana, Dock Sud, La Plata y Comodoro Rivadavia, advirtiendo sobre complicaciones en el ingreso de crudo a refinerías y la distribución de combustibles.

 

Alcances de la norma suspendida

El Decreto 690/2026 buscaba modificar el reglamento vigente desde 1991. Entre sus puntos centrales, la medida eximía de la obligación de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia en la zona, ampliaba las dimensiones de los buques obligados a requerir asistencia y habilitaba a la Prefectura Naval Argentina a prestar el servicio.

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Pese a que el Ejecutivo justificó la iniciativa bajo la intención de bajar costos logísticos en las vías navegables, representantes del sector técnico, armadores y trabajadores cuestionaron la falta de conocimiento sobre los riesgos operativos que implica la navegación en vías complejas como el Río de la Plata y el Paraná sin asistencia especializada.

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