Causa fentanilo contaminado: excarcelan a exfuncionarias de la ANMAT y del INAME
Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó recuperaron la libertad tras abonar una caución de $75 millones cada una. Durante las indagatorias, la extitular del INAME afirmó que las decisiones operativas se tomaban tras consultar directamente al ministro de Salud, Mario Lugones.
En el marco de la investigación judicial por la distribución de fentanilo adulterado que provocó más de un centenar de muertes en todo el país, el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la excarcelación de las dos exfuncionarias encargadas de la fiscalización de medicamentos que habían sido detenidas esta semana.
Se trata de Nélida Agustina Bisio, exdirectora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Mantecón Fumadó, exresponsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas recuperaron la libertad tras hacer efectiva una caución real de $75 millones cada una, con la condición impuesta por la Justicia de entregar sus pasaportes y la prohibición expresa de salir del país, según detalló la Agencia DIB.
La detención previa de ambas exfuncionarias había sido solicitada por la fiscal federal N°1 de La Plata, María Laura Roteta, en conjunto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial del Ministerio Público Fiscal (Fiscales.gob.ar), la fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de un "manto de cobertura estatal" que permitió a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. continuar operando a pesar de acumular reiterados desvíos de calidad y fallas graves en las buenas prácticas de fabricación. La imputación abarca presuntas infracciones a los artículos 200 y 201 bis del Código Penal, vinculados con el suministro y comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud, sin descartar eventuales calificaciones bajo la figura de homicidio agravado por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común.
La declaración que compromete a la conducción sanitaria
Durante la instancia de declaraciones indagatorias, el expediente sumó un testimonio relevante para la causa. Según reveló el medio La Política Online, Gabriela Mantecón Fumadó prestó una extensa declaración ante el juez Kreplak en la que señaló directamente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
En su exposición, la exdirectora del INAME sostuvo que "todas las decisiones de nuestra repartición se tomaban luego de consultar al ministro" y remarcó que "ninguna cuestión de importancia se adoptaba sin el aval de las máximas autoridades". En la causa también se incorporaron registros de mensajería donde funcionarias del área consultaban sobre la eventual clausura de los establecimientos productores, recibiendo indicaciones de actuar con "cautela", lo que demoró las medidas preventivas sobre los lotes que ya se encontraban en circulación.
Por su parte, Bisio optó por una breve intervención formal e informó que presentará un escrito técnico ante el juzgado. En paralelo, las autoridades judiciales ordenaron requerimientos de información en la sede del Ministerio de Salud para constatar los registros de ingresos y egresos de funcionarios durante el período investigado.
Un entramado bajo auditoría previa
Tal como informó oportunamente SudOeste B.A., la tragedia sanitaria derivó en la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) para examinar los procesos de control aplicados por la ANMAT, luego de confirmarse el fallecimiento de más de un centenar de personas en distintas jurisdicciones a raíz del uso de ampollas contaminadas.
El origen de las actuaciones judiciales se remonta a mayo de 2025, a partir de la notificación de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Italiano de La Plata. Las pericias posteriores realizadas por el Instituto Malbrán confirmaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en los lotes 31.202 y 31.244 fabricados a fines de 2024.
Hasta la fecha, la causa cuenta con 14 personas procesadas —entre ellas, los propietarios y responsables técnicos de las firmas elaboradoras, como el empresario Ariel García Furfaro—, mientras la investigación judicial profundiza la línea sobre los organismos de contralor estatal y la cadena de decisiones del Ministerio de Salud que permitieron la comercialización del producto en centros médicos del país.
