Plan Nuclear Argentino: Cuando la política miró al futuro
El Plan Nuclear Argentino lanzado hace 20 años, en agosto de 2006, fue una decisión política de enorme relevancia tomada en un momento de crisis energética que buscaba reinstalar a Argentina en el concierto nuclear mundial, fortalecer su industria, abaratar la energía para el sector productivo y ampliar el acceso a la salud pública mediante radioisótopos. Pero por sobre todo fue una declaración de principios: la planificación energética es la columna vertebral de cualquier proyecto nacional que aspire a la soberanía y al desarrollo genuino.
Los resultados de esa decisión se vieron con claridad. Se terminó Atucha II (parada por más de 20 años), se extendió la vida útil de Atucha I y Embalse, se reactivó el enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, se avanzó en el reactor CAREM de diseño argentino y se puso en marcha una red de medicina nuclear que hoy atiende a millones de personas. Todo esto fue posible porque hubo voluntad política, inversión estatal y un respaldo legislativo que declaró de interés nacional cada uno de esos proyectos. Pero también porque existía la convicción de que la energía nuclear es demasiado estratégica como para dejarla librada a la improvisación o al cortoplacismo. La planificación fue una decisión política de mirar el país a 20 o 30 años.
A medida que el plan avanzaba, se fueron sumando proyectos aún más ambiciosos como Atucha III, Atucha IV y una sexta central con tecnología rusa, que sumarían 3.200 MW de potencia instalada. Si esos proyectos no hubieran sido frenados, postergados o reorientados por falta de decisión política, hoy Argentina tendría tres centrales nucleares nuevas operando. Eso significaría una matriz energética mucho más limpia, estable y competitiva, un ahorro multimillonario en importaciones de combustibles, un precio de la energía más bajo y un liderazgo tecnológico que pocos países de la región podrían ostentar. Además, contaríamos con más puestos de trabajo calificado, una cadena de proveedores locales consolidada, y una posición de negociación internacional que nos permitiría exportar tecnología y servicios nucleares. Pero eso no ocurrió. Los acuerdos con China y Rusia siguen sin concretarse y el país sigue atado a la dependencia de los hidrocarburos.
La gran lección del Plan Nuclear 2006 es que la planificación energética no puede ser rehén de los ciclos electorales. Frenar un proyecto estratégico porque lo impulsó un gobierno de otro signo político es una irresponsabilidad colectiva que desarticula equipos técnicos, desalienta inversiones, erosiona la confianza internacional y, sobre todo, posterga el desarrollo del país. La energía nuclear exige horizontes de décadas que no se diseña ni se construye en un mandato. Por eso, sostener estos proyectos debe ser una política de Estado, no una bandera partidaria. Interrumpirlos por diferencias ideológicas no es un gesto de cambio, es un acto de soberbia que hipoteca el futuro de toda la Nación.
Por Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
