Denuncia penal a Luis Caputo y al Banco Nación por estrago culposo y desvío de $1 billón en fondos para rutas nacionales

Una presentación ante la Justicia Federal colocó en el centro del debate público y judicial la política de abandono de la red vial nacional por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La denuncia penal, impulsada por los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla —en representación de Reset Republicano— imputa a las máximas autoridades del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la cúpula directiva del Banco de la Nación Argentina (BNA) por la presunta comisión del delito de estrago culposo, contemplado en el artículo 189 del Código Penal argentino.

La causa judicial cuestiona la inacción estatal sistemática frente al deterioro de las rutas y denuncia una maniobra de subejecución presupuestaria deliberada. Según la presentación, el Estado nacional continúa cobrando tributos con afectación específica —como la Tasa sobre el Gasoil y el Impuesto a los Combustibles Líquidos— pero congela la transferencia de recursos a las obras públicas, desviándolos para alimentar el superávit fiscal e instrumentos de especulación financiera mientras se multiplican las situaciones de peligro y los siniestros fatales.

El delito de estrago culposo y la inobservancia de deberes

El núcleo de la imputación jurídica se asienta en el artículo 189 del Código Penal, que sanciona el estrago culposo cuando este es provocado por impericia, negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos y deberes del cargo. En el derecho penal, la figura de estrago implica la producción de un daño de magnitud catastrófica o la creación de una situación de peligro común e indeterminado para la vida o los bienes de la colectividad.

Los denunciantes fundamentan que la parálisis programada en la conservación estructural de la red vial nacional no constituye una simple decisión de austeridad macroeconómica, sino la configuración activa de un riesgo catastrófico generalizado. El paulatino colapso de las rutas, evidenciado en deformaciones, baches profundos, pérdida de adherencia y banquinas descalzadas, convierte a los corredores nacionales en trampas de alto riesgo para los conductores, derivando en un incremento directo de la siniestralidad vial y en la pérdida de vidas humanas en todo el territorio.

Un $1 billón retenido y "timba financiera"

El componente económico de la acusación se alinea con revelaciones de alto impacto institucional presentadas en los últimos días. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por la retención y desvío de más de $1 billón (un billón de pesos) acumulado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Estos recursos, cuya afectación es por ley exclusiva para la infraestructura del Sistema Vial Integrado (SisVial), habrían sido colocados en instrumentos financieros como plazos fijos y títulos públicos para obtener rendimientos monetarios y sostener la caja del Tesoro.

"Mientras miles de argentinos mueren en las rutas, Caputo y Wasserman (presidente del Banco Nación) timbean la plata del SisVial. La Argentina toma deuda para financiar obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros", cuestionó la legisladora.

En la misma línea, datos sobre la ejecución presupuestaria del SisVial difundidos por el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, exponen la magnitud del ajuste. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el Estado recaudó $1.503.252 millones mediante el gravamen a los combustibles. Sin embargo, de esa masa de recursos, la Nación solo ejecutó $394.406 millones en trabajos viales, dejando guardados y sin aplicar más de $1,1 billones.

Katopodis remarcó que ese billón de pesos confiscado al destino vial bastaría para poner en condiciones óptimas más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país, o equivale a ejecutar en dos oportunidades la reconstrucción integral de la traza completa entre La Quiaca y Ushuaia. Asimismo, el funcionario provincial cuestionó la premisa del ahorro fiscal: "Arreglar una ruta después de años de abandono es mucho más caro que mantenerla. No nos estamos ahorrando nada los argentinos, nos va a salir carísimo".

La admisión oficial del Gobierno

El escenario denunciado judicialmente guarda directa coincidencia con la información que dio a conocer SudOeste B.A. . En esa oportunidad, el propio vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Poder Ejecutivo utiliza fondos del fideicomiso SisVial con el propósito de sostener el equilibrio fiscal de la administración central.

Aquel reconocimiento oficial respaldó los datos de una investigación periodística realizada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, donde se expuso que la tasa de subejecución acumulada del SisVial alcanzó el 73,8% entre el año 2024 y mayo de 2026. De un total recaudado superior a los 1,5 billones de pesos, la gestión nacional solo ejecutó 394.406 millones en obras efectivas, manteniendo retenidos más de un billón de pesos en colocaciones financieras como plazos fijos y títulos públicos bajo la administración del Banco Nación en su rol de fiduciario.

Ese volumen de capital inmovilizado equivale a la capacidad de intervenir, reparar o mantener entre 20.000 y 25.000 kilómetros de carreteras, cifra que representa dos tercios de la red nacional pavimentada. La falta de inversión impacta de manera directa en corredores estratégicos del sudoeste bonaerense y la región —tales como las rutas nacionales 3, 33, 35, 205, 226 y 5—, vías por donde transita la producción agroindustrial con destino a los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Para nuestra región, las Rutas Nacionales 33 y 3 representan vías esenciales por donde transita diariamente el transporte pesado con la cosecha del núcleo agrícola pampero. La falta de bacheo, el freno a los proyectos de autovías y la falta de mantenimiento mínimo de calzadas y banquinas no solo encarecen la logística productiva, sino que elevan trágicamente los índices de peligrosidad vial para los vecinos y transportistas que circulan entre los distritos del sudoeste.

Apagón informativo e imputaciones a la cúpula del Banco Nación

Un aspecto relevante de la presentación efectuada por Reset Republicano es la acusación por el "apagón informativo" atribuido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Dirección Nacional de Vialidad. Se acusa a los organismos de haber suspendido la elaboración y publicación periódica de los informes sobre el estado de las rutas e índices de siniestralidad vial, presuntamente para ocultar el deterioro físico de las carreteras.

La distribución de responsabilidades penales exigida ante la Justicia Federal abarca tres estamentos de la administración pública:

• Ministerio de Economía y Secretaría de Transporte: Se imputa al ministro Luis Caputo, al secretario de Transporte Mariano Ignacio Plencovich y al subsecretario Fernando Cortés por la decisión política y fiscal de subejecutar las partidas y congelar desembolsos viales.
  
  
• Vialidad Nacional y ANSV: Se imputa a Marcelo Jorge Campoy y a Francisco Díaz Vega por la omisión en la ejecución técnica de obras de mantenimiento y el incumplimiento en la publicación de datos sobre siniestralidad.
  
  
• Banco de la Nación Argentina (BNA): Se imputa al presidente del BNA, Darío Wasserman, junto a los integrantes del Directorio y al Síndico de la entidad. La inclusión de las autoridades bancarias responde a la naturaleza jurídica de los fondos fiduciarios públicos: al actuar el BNA como ente administrador fiduciario de la cuenta del SisVial, sus directores y síndicos asumen responsabilidad legal sobre la custodia, aplicación exclusiva y destino efectivo de los recursos, sin que puedan desentenderse de su uso indebido.

Perspectiva de Derechos Humanos y precedente institucional

La presentación judicial encuadra la inacción estatal como una violación sistemática de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales: el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libre circulación.

La causa iniciada ante el fuero federal fija un precedente institucional de significación. Al extender las acusaciones penales más allá de la órbita del Ministerio de Economía e involucrar a la cúpula del Banco Nación en su rol fiduciario, la Justicia deberá determinar si las metas macroeconómicas de contención del déficit pueden prevalecer sobre el cumplimiento de leyes específicas de asignación de recursos y sobre el deber indelegable del Estado de proteger la vida de quienes transitan las rutas argentinas.