El negocio de la mora: compran deudas al 4% mientras la morosidad salta al 17,5% y crecen los cobros abusivos
Con casi dos de cada diez familias con atrasos en sus pagos, el mercado financiero remata deudas incobrables por una fracción de su valor mientras las fintech y agencias privadas multiplican las denuncias por hostigamiento en todo el país.
El endeudamiento de los hogares argentinos atraviesa un punto de inflexión. Según datos del Mapa de la Deuda —elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung— en conjunto con estimaciones de las consultoras EcoGo y la Universidad Austral, la morosidad de las familias alcanzó el 17,5% en junio de 2026. El deterioro ha sido acelerado: en diciembre de 2024 el nivel de mora representaba el 3,6% del crédito total, escaló al 12,6% a fines de 2025 y en junio rozó el 17,5%, multiplicándose por 4,9 en solo 18 meses.
El volumen total adeudado en mora ascendió a $15.800 millones de pesos. De ese monto, un 35% ($5.600 millones) ya es considerado oficialmente "irrecuperable" por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al acumular más de un año de atraso. Asimismo, un 40% adicional registra retrasos de entre 6 y 12 meses.
El fenómeno golpea de manera desigual según la franja etaria y la geografía. En el segmento joven, casi 4 de cada 10 personas menores de 25 años (un 38,2%) registran deudas en mora. Provincias como Chaco registran la tasa de mora juvenil más alta del país con un 48%, seguida por San Juan con un 47%. En el indicador general de adultos, Santa Cruz lidera el ranking nacional con un 22% de su población en mora.
La mayor tasa de mora por tipo de acreedor corresponde a los proveedores no financieros de crédito —como las cadenas de electrodomésticos—, donde el atraso llega al 48%. Le siguen las emisoras de tarjetas no bancarias con un 33% y las fintech o neobancos con un 23%. Los bancos privados y públicos registran el 19% y el 10% respectivamente. Especialistas coinciden en que la mora no obedece a una expansión del consumo, sino a la pérdida de ingresos reales: más del 50% de los morosos debe montos inferiores a los $500.000, asociados al financiamiento del costo de vida cotidiano.
El remate contable: carteras cedidas por $4 cada $100
Mientras millones de deudores luchan por llegar a fin de mes, en las sombras del sistema financiero opera un boyante mercado secundario de compraventa de deudas. Las entidades financieras empaquetan y rematan los créditos dados de baja bajo la modalidad de cesión "sin recurso", liberándose del riesgo de cobro y limpiando sus balances a cambio de liquidez inmediata.
Los estados contables de Naranja X exponen con claridad la magnitud de los descuentos. Durante el primer trimestre, la compañía vendió carteras por un total de $3.145 millones en deudas nominales por un valor global de $134 millones de pesos.
En detalle, la firma EXI compró $1.161 millones nominales por $53,4 millones (el 4,6% de su valor original) y posteriormente adquirió otro paquete de $396 millones por $16 millones. En simultáneo, la sociedad TFIN —vinculada en el balance a EXI Group— absorbió $1.588 millones por $64,5 millones. En promedio, los fondos compradores pagaron poco más de 4 pesos por cada 100 pesos adeudados por los clientes.
La cesión "sin recurso" implica que el acreedor original transfiere la titularidad y se desentiende del proceso de recupero. Sin embargo, para el comprador, el crédito no pierde su valor nominal: adquiere el derecho legal absoluto para reclamar el 100% de la deuda original, sumando intereses punitorios, honorarios y gastos administrativos.
Tercerización en fintechs y el despliegue sobre deudores
El negocio de la mora no solo involucra la venta definitiva de carteras, sino también la tercerización agresiva de la gestión de cobro por parte de las principales plataformas digitales. Un informe reciente de El Economista reveló que Mercado Pago —la plataforma fundada por Marcos Galperin— recurre a agencias externas para perseguir el cobro de los créditos otorgados a través de Mercado Crédito. Entre las empresas autorizadas figuran firmas como GEDCO, Contacto Garantido, Latam Collect, Paktar, Ostengo, We Cross y Zolvex.
Estas agencias despliegan infraestructuras tecnológicas masivas. Por ejemplo, la firma GEDCO informa manejar una base de datos con scoring de 30 millones de personas, un data warehouse con 15 millones de contactos y más de 300 millones de gestiones realizadas mediante algoritmos, telefonía predictiva y bots automatizados.
A la par de esta capacidad operativa, se han multiplicado en todo el país las denuncias por metodologías abusivas de contacto. Usuarios de distintas jurisdicciones reportan que estas agencias llaman sistemáticamente a las áreas de Recursos Humanos de las empresas donde trabajan los deudores, además de contactar a familiares, ex parejas, ex jefes e incluso a personas ajenas a la relación contractual que figuran en sus bases de datos.
Los límites legales y la responsabilidad de los acreedores
El accionar de los cobradores tercerizados colisiona de frente con la normativa vigente en la Argentina. El artículo 8 bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) exige garantizar un trato digno a las personas y prohíbe expresamente cualquier conducta que coloque al consumidor en situaciones vergonzantes, vejatorias u de hostigamiento, como llamar a terceros o amenazar con acciones laborales o judiciales infundadas.
La vía judicial comenzó a sentar precedentes al respecto. En un fallo reciente emitido en la provincia de Río Negro, la Justicia analizó en detalle la responsabilidad directa del acreedor original por el accionar abusivo ejercido por agencias tercerizadas como Paktar. El tribunal ratificó las obligaciones derivadas de la tutela del consumidor y la obligación de controlar los métodos de reclamo de sus contratistas.
Con una morosidad que roza el 17,5% a nivel nacional y una brecha donde los créditos se compran al 4% del valor nominal mientras se exige el pago total a las familias, la tensión entre la rentabilidad del mercado de recupero y la protección de los derechos de los usuarios financieros se ubica en el centro de la escena regulatoria.
SudOeste B.A. con información de Chequeado y El Economista
