Milei anunció sanciones a petroleras tras la avanzada en las Malvinas y lanzó críticas a Gran Bretaña

En un mensaje emitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei realizó un llamado a la unidad nacional para la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, remarcando la condición nacional del archipiélago. En su alocución, el jefe de Estado anunció el endurecimiento de las penalidades dispuestas en la legislación vigente contra aquellas compañías que ejecuten actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la plataforma continental sin la autorización correspondiente del Estado argentino.

Para concretar este objetivo, el Gobierno anticipó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a acelerar las sanciones, acompañado por el posterior envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación. El esquema previsto contempla la inhabilitación para operar dentro del territorio continental argentino a las firmas que participen de forma directa o indirecta en los proyectos desarrollados en las islas, contemplando además la posibilidad de habilitar juicios en ausencia.

Asimismo, el mandatario confirmó la asignación de mayores recursos presupuestarios al Ministerio de Defensa con el propósito de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar la capacidad operativa de comunicaciones en el Atlántico Sur.

Según detalló el portal La Política Online, la estrategia busca un reposicionamiento diplomático que se desencadenó tras las recientes expresiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión de la posición histórica de Washington respecto al diferendo del archipiélago.

La respuesta de las petroleras y la posición británica

A pesar de los anuncios realizados desde la Casa Rosada, las empresas petroleras a cargo del proyecto offshore Sea Lion respondieron públicamente para relativizar el alcance de las medidas. A través de un comunicado conjunto, la compañía británica Rockhopper Exploration y la firma de capitales israelíes Navitas Petroleum afirmaron que no prevén un impacto significativo sobre el cronograma de desarrollo del yacimiento, argumentando que sus operaciones responden a las licencias otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y cuentan con el respaldo del Gobierno del Reino Unido.

No obstante el mensaje de tranquilidad emitido por los ejecutivos de las firmas, los mercados bursátiles reaccionaron con bajas durante la jornada. Conforme a la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas, los títulos de Rockhopper sufrieron un descenso superior al 5% en la Bolsa de Londres, al tiempo que las acciones de Navitas retrocedieron un 2% en la plaza de Tel Aviv. Ambas corporaciones registran antecedentes de inhabilitación administrativa en el país, dictados por el Estado argentino en los años 2013 y 2022.

Paralelamente, las autoridades del Reino Unido salieron al cruce de la cadena nacional argentina. Según relevó la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, expresó que la postura de Londres respecto a la soberanía de las islas es absoluta e inquebrantable, argumentando que la condición del archipiélago responde a la voluntad de sus habitantes y sosteniendo que el discurso de Milei se vincula con la política interna de Argentina. De forma coincidente, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, ratificó que la posición de su país respecto de las Islas Malvinas no sufrirá modificaciones.

La vía judicial y el antecedente 

La intensificación del conflicto diplomático coincide con el avance de las presentaciones judiciales en los tribunales del país. Tal como se analizó detalladamente en SudOeste B.A. sobre la demanda contra el megaproyecto petrolero Sea Lion, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) formalizaron una acción preventiva colectiva ante el Juzgado Federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

El planteo judicial exige la parálisis inmediata de los trabajos de perforación sobre el lecho marino en la Cuenca Malvinas Norte y solicita la traba de un embargo preventivo por 156.432.000 dólares sobre los activos de las operadoras. La demanda destaca que ni Rockhopper ni Navitas cuentan con la aprobación de estudios de impacto ambiental ni con autorizaciones emitidas por el Estado argentino.

Asimismo, la presentación pone el foco en los riesgos de contaminación sobre la biodiversidad marina —afectando especies como la ballena franca austral y el pingüino de Magallanes— y remarca la vulneración de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, la cual exige abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras subsista la controversia de soberanía.

Incomodidad en Economía por los activos financieros

Por otra parte, la postura adoptada por el Poder Ejecutivo generó inquietud en el equipo económico nacional. Según reveló el medio La Política Online, en el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo causó preocupación la posibilidad de que el endurecimiento diplomático frente al Reino Unido derive en eventuales represalias sobre activos e intereses financieros argentinos bajo jurisdicción británica.

La preocupación del Palacio de Hacienda radica en la custodia de las reservas de oro del Banco Central que fueron enviadas al exterior durante el año 2024, cuyo destino final no fue precisado oficialmente pero versiones del mercado sitúan en la plaza financiera de Londres. A su vez, la escalada se produce en la previa del evento de atracción de inversiones Argentina Week, planificado por la cartera económica para desarrollarse en la capital británica. La situación expone una tensión entre las necesidades del plan financiero y el ejercicio de medidas de disuasión económica destinadas a la defensa de la soberanía sobre los recursos del Atlántico Sur.