Diputados de Unión por la Patria rechazaron la privatización de AySA y advirtieron sobre su impacto en la provincia

El Bloque de Diputados de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo categórico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) impulsado por el Gobierno Nacional. A través de un comunicado institucional, los legisladores sostuvieron que la medida no constituye una operación empresaria, sino la entrega de un recurso estratégico y un derecho humano fundamental.

En el documento, la bancada legislativa estructuró su oposición en tres ejes centrales:

• Perjuicio económico para el Estado y los usuarios:
  El bloque señaló que la privatización implica desprenderse de un activo rentable construido con inversión pública para transferir la renta futura a sectores privados. Recordaron que durante la concesión de Aguas Argentinas en la década del 90 las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales, con cargos fijos y obras comprometidas que no se ejecutaron. Asimismo, remarcaron que en el contexto actual ya se aplicaron incrementos superiores al 300% en el servicio, acompañados por recortes de personal y la paralización de obras. Según manifestaron, el Estado suele terminar asumiendo las deudas y garantizando ganancias en dólares a las concesionarias.
• Impacto social y ambiental
  Los diputados advirtieron sobre las consecuencias sanitarias que conlleva la interrupción de la expansión de las redes de agua potable y cloacas en la provincia. Mencionaron que la falta de infraestructura obliga a depender de pozos contaminados y camiones cisterna, además de incrementar los riesgos de enfermedades gastrointestinales, hepatitis y parasitosis en los barrios más vulnerables. En ese sentido, contrapusieron la gestión privada previa —a la que acusaron de concentrar las inversiones en zonas de mayor poder adquisitivo e incumplir el 60% de los compromisos de saneamiento— con la etapa de gestión pública iniciada en 2006, mediante la cual sostienen que se incorporaron 11 millones de personas al servicio de agua y 8 millones a la red de cloacas.

• Soberanía y el agua como derecho
  Finalmente, los legisladores reafirmaron que el agua es un recurso estratégico y un derecho humano reconocido por la ONU y la Constitución Nacional. Indicaron que AySA opera en el área más poblada del país y remarcaron que países como Francia y Alemania han vuelto a estatizar la gestión del agua tras el fracaso de los modelos privados.

Ante esta situación, el bloque de diputados bonaerenses exigió al Gobierno Nacional la suspensión del proceso de privatización y la reactivación inmediata de los programas y obras de extensión de red paralizados.