La COP 28 y el cambio climático: discursos verdes, pero decisiones para más petróleo, carbón y agronegocio

Por Eduardo Gudynas*

El encuentro sobre cambio climático (COP 28) que se acaba de celebrar en Dubai ha despertado todo tipo de reacciones. El propósito de esa reunión, enmarcada en las negociaciones de la Convención sobre Cambio Climático, era concretar medidas efectivas para detener el efecto invernadero. Sin embargo, una vez más no se lograron compromisos sustantivos que impusieran una reducción de las emisiones de gases invernadero.

Las evaluaciones científicas indican gases como el dióxido de carbono (CO2) o el metano deben reducirse drásticamente para evitar que siga su marcha el aumento de la temperatura media del planeta, con todos sus efectos negativos. Sin embargo, bajo los acuerdos actuales esas reducciones apenas representarían un 30 por ciento de las que son necesarias. Es por ello que allí, en Dubai, eran urgentes alcanzar acciones más ambiciosas. Era indispensable dejar atrás la quema de combustibles fósiles, tales como los hidrocarburos y el carbón.

Sin embargo, se repitió lo que sucedió en muchas otras cumbres anteriores. No se alcanzaron medidas que impusieran, al menos, detener la ampliación de la explotación de hidrocarburos o los extractivismos del carbón. Pero al mismo tiempo, esta cumbre fue muy distinta a las anteriores, y es oportuno repasar algunos de esos hechos, y en especial aquellos de relevancia para América del Sur.

Las disputas empresariales

A diferencia de otros encuentros en las negociaciones sobre el cambio climático, en Dubai los defensores de los combustibles fósiles dejaron de estar en la segunda línea y pasaron al primer plano. Entre ellos están las empresas petroleras o mineras, pero también políticos e incluso académicos, como muchos economistas convencionales. Tienen en común defender una extracción intensa de recursos naturales, con muy alto impacto social y ambiental, y que son muy rentables gracias a que ocultan los costos económicos de esos daños, transfiriéndolos a la sociedad, los gobiernos y la naturaleza.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, esos actores empresariales y políticos ahora actúan abiertamente ante nuestros ojos. La cumbre en Dubai estuvo presidida por un ejecutivo de una empresa petrolera estatal y que a la vez es ministro en Emiratos Arabes Unidos.

En Dubai se alcanzó un récord de delegados empresariales (más de 2.400), siendo el tercer grupo más numeroso después de las delegaciones del país anfitrión y de Brasil, y muchísimo más numeroso que los representantes de las naciones más afectadas por el cambio climático.

Esos defensores de los combustibles fósiles temían que en esta cumbre (o en una siguiente) se acordara un mecanismo que obligara a reducirlos o incluso abandonarlos. Esa es la exigencia de la comunidad científica y que además recibe cada vez más apoyos desde la opinión pública, especialmente en las naciones industrializadas, al vivir las consecuencias de los desarreglos climáticos.

Ese agrupamiento defensor de la energía fósil está cada vez más enfrentado con otros conglomerados de empresas, políticos y académicos que entienden que el cambio climático se volvió un riesgo inaceptable tanto por sus vidas como sus negocios. Estos últimos no reniegan de las ideas convencionales del desarrollo, pero admiten que son necesarias algunas reformas, considerando a las petroleras o las mineras como expresiones de un capitalismo atrasado y hasta peligroso. El Foro Económico de Davos es un espacio donde se vuelve evidente el choque entre estas dos posiciones.

Todo ello explica que los defensores de los hidrocarburos estuviesen más que preocupados por la posibilidad que esta convención impusiera medidas obligatorias. Seguramente por razones como esas, el Secretario Ejecutivo de la OPEP (Haitham Al Ghais), la organización que nuclea a los grandes exportadores de petróleo, envió una carta a cada gobierno señalando las irreversibles consecuencias que tendría en cada economía nacional dejar de exportar petróleo, y, a la vez, pidió que se combatiera cualquier resolución que implicara limitar, reducir o abandonar esa explotación.

Todas estas tensiones quedaron en particular evidencia para el caso de los hidrocarburos, pero lo mismo ocurre con la minería de carbón. Entonces, mientras países del Medio Oriente defienden su petróleo, otras naciones (como India o China), protegen el uso del carbón. En unos y otro casos intervienen empresas pero a la vez muchas de ellas son estatales, y entonces se funden los intereses corporativos y políticos en una misma ideología fósil.

La resolución final incluye por primera vez una mención a los combustibles fósiles y se apela a un texto que llama a una “transición” para dejar atrás estos combustibles. No se acordaron acciones concretas ni mecanismos para imponerlas, y otra vez se usan palabras que pueden significar muchas cosas.

Las grandes corporaciones respiraron aliviadas. El Instituto del Petróleo de Estados Unidos, que reúne a sus empresas, apoyó la redacción final del encuentro y celebró que más de cien países rechazaran la idea de abandonar por completo a los combustibles fósiles.

El metano pasa al primer plano

Mientras los análisis internacionales se enfocaban en las emisiones por el dióxido de carbono, en Dubai se dieron nuevos pasos para observar lo que ocurre con el metano, el otro gas invernadero de importancia. En efecto, se redoblan las alertas y demandas para reducir sus emisiones, las que provienen de fugas en el procesamiento de hidrocarburos, pero también de la agricultura, la ganadería, el manejo de bosques y los cambios en los usos del suelo. Esto último explica la importancia de este asunto para países sudamericanos, especialmente los que cuentan con grandes sectores agroalimentarios como Argentina, Brasil y Uruguay.

El volumen de metano debido a actividades humanas no ha dejado de crecer y el problema es que tiene efectos mucho más potentes en el calentamiento planetario (una tonelada de metano equivale a entre 28 y 36 toneladas de CO2 en un período de cien años). Como guía se puede indicar que representa aproximadamente el 20 por ciento de las emisiones totales de gases invernadero, y que en su total, un 60 por ciento es debido a la acción humana.

En 2021 se lanzó un acuerdo voluntario para reducir esas emisiones. Sobre todo apuntaba a aquellas derivadas de fugas o procesamiento en emplazamientos petroquímicos.

El acuerdo fue promovido por Estados Unidos y la Unión Europea, y se han sumado Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y muchos otros países latinoamericanos (aunque no Bolivia, Paraguay o Venezuela).

Así como ocurrió con los hidrocarburos, los sectores empresariales y gubernamentales que están detrás de las emisiones de metano están reaccionando con alarma. Se ha denunciado que actores de la industria agropecuaria presionaron a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), en el momento que estaba preparando un reporte sobre las emisiones desde el sector de agrolimentos. Confesaron que fueron censurados, saboteados y criminalizados.

Así como en el caso de los hidrocarburos presionaron las corporaciones petroleras, lo mismo estaría ocurriendo en estos casos. Se conoció que representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay —junto a otros como Australia— cuestionaron el reporte de FAO sobre las emisiones de metano.

Las empresas de este sector también actuaron en la cumbre de Dubai. Por ejemplo, JBS —una enorme corporación ganadera frigorífica— de origen brasileño y que con el paso de años se convirtió en la más grande del mundo, por lo cual también opera en Argentina, junto a otros grupos, como el Instituto Norte Americano de la Carne, desplegaron una campaña para “presentar la verdadera historia” sobre las responsabilidades de la cadena de la carne.

Por su parte, la FAO presentó en Dubai un nuevo reporte y un plan de acción, los países firmaron una declaración sobre la agricultura sostenible y se lograron compromisos de financiar las reducciones de este gas en un 30 por ciento para el año 2030.

Pero, una vez más, todos esos son acuerdos voluntarios, muy modestos. Y entretanto las emisiones siguen su aumento.

Argentina, incluso más que Brasil, en todos sus últimos gobiernos ha entorpecido las evaluaciones sobre esas emisiones, han defendido las prácticas convencionales en agricultura y ganadería, y han resistido las reformas para reducir su huella de carbono.

La COP 28 y los entreveros gubernamentales

Dando un paso más, sea la situación con los hidrocarburos como lo que ocurre con el metano, los países del sur en general —y entre ellos, los de América Latina— no escapan a múltiples contradicciones. Sus representantes pueden lanzar floridos discursos verdes en esas cumbres climáticas, pero al mismo tiempo apoyan a sus sectores más contaminadores.

Tomando otra vez como ejemplo el caso de Argentina, sus representantes por un lado se suman al propósito firmado en Dubai para dejar atrás los hidrocarburos, pero es contrario a las acciones del gobierno de Alberto Fernández (y ahora con Javier Milei) en apoyar y subsidiar explotaciones como las de Vaca Muerte o en promover la exploración petrolera oceánica. Al mismo tiempo, firma un acuerdo voluntario para reducir las emisiones de metano, pero defiende con uñas y dientes a los sectores agrícola-ganaderos más convencionales.

Lo mismo ocurre con gobiernos conservadores. El caso de Uruguay lo ilustra claramente, ya que en el marco de la administración de Luis Lacalle Pou, sus delegados en Dubai también levantaron sus manos para dejar atrás los combustibles fósiles, pero a los pocos días la empresa estatal petrolera lanzaba una nueva ronda de concesiones para la exploración petrolera en la costa oceánica.

Del mismo modo, Luiz Inácio Lula da Silva en su discurso en una plenaria en Dubai se comprometió a la defensa ambiental (otra vez), pero simultáneamente Petrobras avanzaba en un plan de “revitalización” con inversiones por 102 mil millones de dólares.

En los gobiernos latinoamericanos se suceden discursos vistosos o se lanzan campañas de publicidad verde, pero se sigue apostando por más petróleo, más minería y más agronegocio. Ante los reclamos para abandonar los hidrocarburos, simplemente los ignoran o no responden, mientras que las alertas por las emisiones de metano son abordadas como barreras comerciales injustificadas que les imponen otras naciones.

Los entreveros gubernamentales producen descordinaciones y tensiones regionales. Los países sudamericanos no coordinan sus posiciones en cambio climático ni dentro del Mercosur ni dentro la Comunidad Andina. Tampoco lo hacen a nivel continental. No sólo por los problemas en esquemas de integración como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), sino porque además el encuentro de ministros del ambiente latinoamericanos no logra cumplir ese papel.

El resultado es un continente dividido. En Dubai, Brasil por un lado anunciaba que se sumaba a la OPEP plus, y Colombia por otro lado insistía en el discurso presidencial de dejar atrás el petróleo, mientras que el delegado de Bolivia defendía lo contrario, actuando además como portavoz de un grupo que también incluía a Arabia Saudita o India, naciones que han entorpecido muchos posibles acuerdos. Argentina alcanzó algunos titulares ya que el triunfo de Javier Milei impuso cambiar a la cúpula de su delegación oficial, pero el negacionismo ambiental del nuevo presidente solo presagia más retrocesos, mientras su país vive sequías o inundaciones, que en buena medida pueden deberse a ese cambio climático que niegan.

Esos y otros desacuerdos, la incapacidad para coordinar y la obsesión con lograr ventajas comerciales de corto aliento sirven para comprender las razones por las cuales a lo largo de tres décadas no se concretan ni los mandatos ni los mecanismos para detener el cambio climático. Es un estancamiento donde todos tienen responsabilidades. Su consecuencia inmediata es que se mantiene una civilización fósil (petróleo y carbón), que es senil en el sentido de seguir dependiendo de una intensa explotación de la naturaleza, mientras persisten e incluso se agravan todos sus impactos.

*Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Nota original de Agencia Tierra Viva