Terminó el juicio por la nacionalización de YPF: reclaman una compensación de USD 16.000 millones

Luego de tres días de duración, concluyó el juicio en Estados Unidos por la nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, cuya sentencia definirá el monto que el país deberá pagar al fondo de accionistas privados Burford por expropiar la empresa sin realizar una oferta pública de adquisición.

Según precisó la jueza Loretta Preska, aún no hay plazos para definir la sentencia, donde la tasa de interés podrá variar entre los USD 4.900 millones y los USD 16.000 millones. Argentina aún cuenta con dos instancias y confirmó que apelará cualquier sentencia firme que implique un pago excesivo.

Una de las cuestiones en pugna es la tasa de interés que se utilizará por los años de demora del pago de la indemnización, decisión que implica hasta USD 5.000 millones de diferencia si la jueza opta por tomar el 8% que pide Burford.

En tanto, la defensa argentina, que está en manos del estudio Sullivan & Cromwell  y por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, aseguró que “el Tribunal debe fijar en cero los intereses de demora debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario”.

Es preciso mencionar que, Burford, es un tipo de empresa de abogados de las conocidas como “buitres”, debido a que compró el derecho a litigar, es decir, a llevar adelante el juicio en nombre de los accionistas minoritarios, en la causa contra el Estado argentino por la nacionalización de YPF.

Asimismo, los demandantes contra el Estado argentino señalaron a la jueza que la actualización de la tasa debería tomarse en cuenta desde la fecha en que se envió el proyecto de ley de nacionalización de YPF al Congreso de la Nación, el 16 de abril de 2012, día en que también se designó un interventor para reemplazar a los funcionarios de la empresa.

Por su parte, la posición argentina explicó durante los tres días de juicio que fue el 7 de mayo de 2012 la fecha que entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al Ejecutivo nacional a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones de YPF. La diferencia en las fechas incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones, con diferencias de hasta USD 3.400 millones.

En tanto, la postura Argentina ante la jueza Preska es que el cálculo sea sin intereses, como así también ofreció la opción de que se impongan según la ley nacional, por la que los representantes del Estado establecieron una tasa del 3,04% como máximo, lo que llevaría la cifra de pago a USD 4.920 millones adicionales.

“Piden el triple de los USD 5.000 millones que Argentina pagó a Repsol por las acciones mayoritarias”, remarcaron los representantes del Estado argentino, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF.

Se espera que la sentencia de Preska no llegue hasta finales de septiembre. Una vez conocida, el país cuenta aún con dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Argentina ya confirmó que hará la apelación correspondiente.

Cabe destacar que, el 31 de marzo Preska falló contra la República Argentina aunque no determinó el monto que deberá pagar. En ese fallo, la jueza eximió de responsabilidades a YPF, puesto que los estatutos no obligan a la petrolera a “hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”.

(Diputados Bonaerenses)