Petróleo Offshore: la Corte Suprema rechazó los planteos de los ambientalistas y avaló la exploración a 300 km de la costa

A los desarrollos energéticos de la Argentina promovidos en los últimos años, se le sumó un nuevo potencial polo productivo: Mar del Plata puede convertirse en un núcleo de extracción de petróleo, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio curso a la posibilidad de exploración a 300 kilómetros de la costa, en el Mar Argentino.

La resolución -que lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- se refirió a recursos de amparo de la Fundación Greenpeace Argentina, otra de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y una tercera de un privado (Rubén Oscar Godoy), que llegaron hasta la instancia de la Corte. Sin embargo, la principal autoridad judicial argentina definió desestimar esos planteos y autorizar la exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas del partido de General Pueyrredón.

El proceso judicial inició en diciembre del 2021, cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación declaró "concluida la suspensión de plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental" y aprobó el proyecto de la empresa Equinor Argentina para que avance en la perforación del primer pozo de hidrocarburos offshore en el Mar Argentino.

A partir de allí, se presentaron tres recursos de amparo que solicitaban la suspensión de las actividades exploratorias y la revocación de los permisos. En febrero del 2022, el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 2 hizo lugar a las cautelares solicitadas y ordenó la inmediata detención del proyecto. Tanto Equinor como el Estado Nacional apelaron el fallo.

Cuatro meses después, en junio del año pasado, la Cámara Federal de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar y la sustituyó por otra que condicionó el avance del proyecto al cumplimiento de determinadas medidas, como la participación de la Administración de Parques Nacionales, la consulta de audiencias públicas municipal y nacional y la inclusión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental.

Sin embargo, la Fundación Greenpeace encabezó la presentación de una serie de recursos extraordinarios que solicitaban la revocación de la sentencia de segunda distancia, generando además la dilatación de la concreción del proyecto. El Estado Nacional, por su parte, presentó una declaración de impacto ambiental complementaria en agosto del 2022, mes en el que inició una serie de intercambios de solicitudes judiciales que se extendieron hasta enero de este año.

Finalmente, la Corte Suprema definió desestimó los últimos recursos extraordinarios, por no estar dirigidos contra una sentencia sino más bien que pretendían efectos suspensivos de la misma a fin de mantener la tutela preventiva del ambiente. De esta manera, se autorizó la exploración sísmica y explotación petrolera frente a a 300 kilómetros de la costa nacional.

Con información de Ámbito