La agricultura familiar y campesina en emergencia y sin diálogo con el Gobierno

Las organizaciones campesinas se pusieron en alerta luego de la primera semana de gobierno de Javier Milei. La formalización de los nombramientos ministeriales y el anuncio de las primeras medidas económicas confirmaron que se tratará de un gobierno de ajuste con íntima relación con los sectores concentrados del agronegocio: tal como lo demuestra el gabinete encabezado por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. Mientras, en solo una semana, el Ejecutivo revirtió la decisión de subir las retenciones de algunas economías regionales, por reclamo de la Mesa de Enlace; el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena continúa sin un canal de diálogo y se encuentra relegada a una política asistencialista, dentro del organigrama del Ministerio de Capital Humano, donde aún no hay designación para saber quién continuará al frente del INAFCI. El temporal de este fin de semana aumentó la emergencia y el impacto de las primeras medidas económicas. 

En territorio, las medidas económicas ya registran impactos que “afectan la provisión de alimentos frescos”, denuncian las organizaciones nucleadas en Rama Agraria de la UTEP a partir de, por ejemplo, el traslado de la megadevaluación a los insumos y semillas para la producción frutihortícola y ganadería. Precisan esas subas ya en más de un 100 por ciento y esperan que también se traslade a los alquileres de la tierra. Las mayor parte de las miles de familias del sector que producen para abastecer el 60 por ciento de los alimentos frescos que consume el mercado local, no son dueñas de la tierra.  

La primera prueba de la necesidad de políticas urgentes que acompañen la producción familiar y campesina, con gran arraigo en el abastecimiento hortícola y frutícola, se notará en las próximas semanas por las consecuencias que sufrieron en los cordones hortícolas del Conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca. Los productores vieron destruidos sus invernaderos por el temporal, el segundo en cuatro meses, luego de sufrir otro en agosto, cuando se consiguió respaldo de los gobiernos nacional y bonaerense.  

“Exigimos asistencia directa para todo el sector”, reclamó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) al gobierno nacional y provincial; y luego marcó un reclamo directo al presidente Milei tras su aparición en Bahía Blanca: “Lo que el pueblo necesita además de palabras de aliento es que el Estado asista de manera directa con los recursos que sean necesarios para resolver la situación”, reclamaron.  

Desde UTT marcaron además cómo el enfoque de las políticas anunciadas por el Gobierno nacional va en contra del sector de pequeños productores: "Nuestros esfuerzos no son suficientes sin el apoyo del Estado. En medio de un mercado que fomenta las desigualdades, encareciendo los costos de producción, el alquiler de la tierra e incluso la concentración en manos de pooles de siembra agroexportadores, que obtienen ganancias extraordinarias a través de la especulación financiera, las estructuras monopólicas y la ayuda estatal".

En la previa del temporal, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST) denunció que el paquete de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, “pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, así como el derecho a la vida digna del pueblo argentino” y reivindicó la necesidad de un Estado presente que cumpla con los compromisos alcanzados en la declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas.

“El gobierno nacional debe establecer con urgencia un paquete de medidas de emergencia para la agricultura familiar, campesina indígena, así como para las cooperativas de pequeños y medianos productores”, sostuvo la Mesa Nacional del MNCI-ST en un comunicado y enumeró una serie de medidas contempladas en el Programa Agrario para el Alimento de la Mesa Agroalimentaria Argentina: “Políticas segmentadas y diferenciadas que eliminen los impuestos para el sector, garanticen la producción y el trabajo. Fondos rotatorios que permitan sostener el capital de trabajo, medidas de acceso al mercado con precios de referencia acordes al litro de gasoil, que permitan sobrevivir a la inflación descontrolada”. 

El Ministerio de Economía anunció la semana pasada una suba del 15 por ciento a las retenciones a la exportación de las economías regionales, que habían sido eliminadas por el gobierno anterior, pero este lunes dio marcha atrás con la decisión. El Secretario de Bioeconomía anunció un incremento al 33 por ciento para las exportaciones de derivados de soja —harina y aceites— para retrotraer a cero las retenciones en los casos del sector olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola (excluido limón), hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. 

Estas medidas tienen un impacto menor en la agricultura campesina y familiar, que produce mayormente para el mercado interno, y fueron tomadas sin diálogo con este sector, cuyos reclamos históricos siguen sin ser escuchados. “Solicitamos con urgencia una reunión con las autoridades que tienen competencia tanto en el Inafci como con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. Está en juego la desaparición del sector y, como consecuencia, el plato de comida de cada argentino y argentina”, sentenciaron desde la UTEP-Agraria.

En este marco, la Federación de Trabajadores Aceiteros también se pronunció contra las medidas económicas del gobierno de Milei y denunció que “las empresas de la actividad agroexportadora son el sector económico más beneficiado por la devaluación y las medidas de comercio exterior. Ningún ajuste cae contra las empresas que se han beneficiado todos estos años. Al mismo tiempo, estas políticas destruirán la industria nacional”.

“En este proceso cientos de miles de pequeños y medianos productores van a desaparecer”

“A tan solo cuatro días de la toma del poder del nuevo gobierno está lejos de aparecer un plan de desarrollo para nuestra patria. La brutal devaluación de la moneda se realiza manteniendo el cepo, de manera que solo los sectores que concentran la exportación pueden refugiarse en el dólar. Es una dolarización solo para los ricos mientras a los trabajadores y trabajadoras se les diluyen los salarios sin refugio posible”, denunció el MNCI-ST y aseguró que “los campesinos, pequeños y medianos productores ya no pueden sostener sus sistemas productivos”. 

La organización campesina, que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina, describió que “la dolarización de los costos e insumos combinado con la pesificación de los ingresos en el marco de una inflación descontrolada hace inviable la producción de alimentos sanos para el mercado interno” y advirtió que “en este proceso cientos de miles de pequeños y medianos productores van a desaparecer” por la profundización de la concentración en el sistema agroalimentario, que otorgará más poder a las corporaciones, que “remarcan precios de alimentos extorsionando al pueblo y vulnerando el derecho a la alimentación”.

La devaluación anunciada por Caputo otorgó de un día a otro 200 pesos más por dólar a las cámaras que controlan el negocio de la exportación de commodities, entre ellas, las estadounidenses Bunge, ADM y Cargill —por donde pasó la nueva titular de la AFIP, Florencia Misrahi—, la británica Viterra y la china Cofco. 

Fronteras adentro, “la dolarización de la agricultura de la mano de la devaluación incrementa notablemente los alquileres de la tierra, donde una casta terrateniente y parasitaria aumenta sus ganancias sin trabajar ni arriesgar”, denunció el MNCI, mientras que la anunciada eliminación de subsidios a la energía y el agua encarecerá la producción de los pequeños productores y la paralización de la obra pública las obras de infraestructura necesarias en las poblaciones rurales.

“Estas medidas ponen no solo en riesgo a las familias campesinas: también peligra la provisión de alimentos frescos a las ciudades en el mediano plazo”, coincidió la UTEP-Agraria en su comunicado y volvió a poner sobre la mesa las políticas urgentes que el sector campesino indígena no consiguió durante el gobierno de Unión por la Patria, a pesar de que organizaciones como el Movimiento Evita estuvieron en lugares de decisión.  

“Políticas de acceso a la tierra, obras públicas, espacios de comercialización, políticas para nuestros pueblos originarios y para las juventudes campesinas, más derechos para las mujeres, fomento a la transición y el desarrollo de la agroecología”, enumeró la UTEP-Agraria como los ejes de las demandas campesinas junto a a “la aplicación efectiva, con asignación de presupuesto y recursos, de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”.

Desde el MNCI-ST calificaron como una “defraudación” el gobierno de Alberto Fernández  en el marco de un contexto geopolítico internacional de crisis convergentes económica, alimentaria, climática y de disputa de la hegemonía; y analizaron “la aparición expresiones de ultraderecha y fascismos populistas que prometen soluciones mágicas de la mano de la violencia y la discriminación” como las bases de la victoria electoral de Milei.

En tanto, desde la mirada de los trabajadores del influyente y poderoso Complejo Industrial Oleaginoso, la Federación de Aceiteros se pronunciaron en contra del plan de ajuste anunciado por el gobierno de Milei y denunciaron: “Ya nadie tiene dudas sobre quiénes serán los más perjudicados con las medidas anunciadas: los trabajadores, que vemos cómo licuan nuestros salarios y jubilaciones, mientras dejan que suban los precios de los alimentos”.

La Federación rechazó el discurso de campaña de “la casta”, sobre quienes Milei prometió que caería el impacto del ajuste económico, y señaló sobre las ideas que sostienen las políticas de la ultraderecha: “Son nostálgicos del siglo XIX, cuando reinaba la unilateralidad patronal y la libertad del mercado, y no existían los sindicatos ni la negociación colectiva de salarios”. La Federación rechazó la intención de revertir la quita del pago de Impuesto a las Ganancias: “Lo dijimos mil veces, el salario no es ganancia, y las y los aceiteros no estamos dispuestos a que nos vuelvan a robar nuestro esfuerzo. Si los trabajadores aceiteros volvemos a pagar el impuesto al salario, deberá ser el sector empresario quien se haga cargo de aquello que los trabajadores y trabajadoras tengamos que pagar”.

"En medio de la crisis económica y social que con las medidas que está tomando el gobierno van a incrementarse, las organizaciones del campo que alimenta redoblaremos la lucha y los esfuerzos para seguir construyendo un futuro con soberanía alimentaria, con acceso a la tierra y agroecología. Para nosotras y nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía", sentenciaron desde la UTT.

Nota original de Agencia Tierra Viva