Ley Ómnibus: Acotan facultades delegadas, ANSES mantiene acciones y persiste la polémica cultural y ambiental

Por Alejandro Rebossio

El Gobierno no sólo dio de baja el capítulo fiscal del proyecto de Ley Bases en un intento por seducir a la oposición moderada para aprobarlo este martes en la Cámara de Diputados. Este domingo continuaron las negociaciones entre las partes para recortar las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgaría al presidente Javier Milei por un año. También se dio de baja el artículo que transfería las acciones en empresas privadas que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al Tesoro para su posterior venta. Claro que esto no significa que la propia ANSES no pueda venderlas el día de mañana, como hizo en su momento el gobierno de Mauricio Macri. Lo que persiste es la polémica por los cambios en las leyes que protegen el medio ambiente.

El Gobierno y los bloques de diputados de la UCR, el variopinto Hacemos Coalición Federal -que preside Miguel Ángel Pichetto- e Innovación Federal -de partidos provinciales- pactaron reducir la declaración de emergencia de 11 a siete sectores, eliminar el artículo que establecía la permanencia de normas delegadas y excluir de las facultades de disolución a las empresas públicas, las universidades y diversas entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En la versión final del proyecto se eliminan facultades de modificar asignaciones específicas y otras vinculadas a la defensa de la competencia y la rescisión de contratos. Se quitó el artículo que derogaba las incompatibilidades a los que dejan de ser funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), con lo que busca evitar la puerta giratoria de salida hacia el mundo bursátil que antes regulaban.

Si bien se retiró el capítulo fiscal referido al cambio de la movilidad jubilatoria, el aumento de retenciones a la exportación, la rebaja del impuesto a los bienes personales, la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales, subsiste la parte de impuestos internos referida a los cigarrillos -se busca eliminar el tributo mínimo, lo que irrita a la tabacalera Sarandí y sus defensores, desde el diputado Cristian Ritondo hasta el lobbysta y ex agente de inteligencia Jaime Stiuso-, la transparencia fiscal y la vigencia del impuesto PAÍS hasta fin de año, entre otras medidas. Se modificó el artículo de fondos fiduciarios energéticos para incluir las zonas frías entre las subsidiadas y no dejarlas afuera, como pretendía el Gobierno.

Se retiraron las modificaciones al Código Civil en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, pero quedaron los cambios referidos al divorcio, las sucesiones y los contratos comerciales. Se ratificó que se quitaran todas las reformas sobre sistema electoral.

En La Libertad Avanza ya descuentan el apoyo incondicional del PRO, pero mantienen sus dudas sobre la oposición moderada. Además, buscan seguir resquebrajando al peronismo, al que le robaron tres diputados tucumanos tras suprimir la reforma de la ley del azúcar en el proyecto Bases.

Todavía hay resquemores respecto de un abanico de temas, como la pretensión de avalar 40 privatizaciones en bloque, y también hay sectores de la oposición blanda que les parece innecesario pasar la motosierra en los sectores de la cultura (cine, música, teatro y artes continúan sufriendo recortes, aunque menos radicales que en el texto original) y de la ciencia. También quedan pendientes discusiones sobre pesca e hidrocarburos. Las reformas en la ley de protección de bosques, a la que que le quitan financiamiento, de glaciares, en la que reducen las áreas protegidas, y la del fuego, en la que habilitan cambios en el uso del suelo tras quemas intencionales, son temas que aparecen más aisladamente dentro de las preocupaciones de estos bloques dialoguistas. Las modificaciones de estas tres leyes ambientales se suavizaron un poco respecto de la idea inicial, pero se mantiene la queja de más de 100 organizaciones ecologistas. Las quejas de todo tipo pero podrían aflorar en el recinto, lo que supondría un dolor de cabeza adicional para el Gobierno. Es lo que los negociadores oficialistas -el ministro de Interior, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem- quieren evitar.

Este lunes, los gobernadores de la oposición moderada se reunirán por Zoom para analizar los cambios. Por un lado, festejan la anulación de la suba de retenciones. Son los casos del cordobés Martín Llaryora, peronista anti K, y del santafesino Maximiliano Pullaro, radical. Pero por otro se sabe que lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya no pueda podar con esos tributos lo hará podando giros a las provincias. Por tanto, no está claro por qué celebran.

Tampoco se entiende el entusiasmo por la eliminación del capítulo de las jubilaciones. Al principio, el proyecto dejaba los aumentos en un limbo a discreción del Ejecutivo. Por las críticas, Milei aceptó mantener la fórmula de movilidad actual hasta marzo, cuando se debe otorgar el próximo incremento, y actualizar por inflación desde abril. Pero ahora, al quitar el asunto del proyecto Bases, los jubilados se quedarán sólo con el alza de marzo y el siguiente sería recién en junio, mientras los precios galopan y licúan el poder de compra, según la normativa actual.

AR con información de la agencia NA / eldiarioar.com