Producción orgánica y agroecológica: mapa de situación en Argentina

Por Nahuel Lag 

El avance de un cambio de paradigma en la agricultura, de la mano dela producción orgánica y agroecológica, es un hecho. Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, en todo el país hay 2536 explotaciones agropecuarias orgánicas y 2309 agroecológicas. El crecimiento de los cultivos orgánicos, que cuenta con una ley de promoción y control desde 1999, pueden confirmarse año a año a través del seguimiento que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -órgano de control de la normativa de certificación- y marcan un crecimiento sostenido en las últimas tres décadas hasta llegar a las 3,9 millones de hectáreas en 2022.

La producción agroecológica no cuenta con una norma que la promueva -a pesar de contar con un proyecto de ley nacional desde 2021- ni tampoco cuenta con estadísticas propias, a pesar de la creación de la Dirección Nacional de Agroecología. En Buenos Aires, la provincia con mayor número de explotaciones agroecológicas, el registro voluntario del Ministerio de Desarrollo Agrario registra 23.000 hectáreas bajo este modelo. Mientras que la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA) reúnen 100.700 hectáreas. 

Producción orgánica: actualidad y perspectiva 

“La producción convencional va a tener que cambiar, se necesita una producción más amigable con el ambiente, y la producción orgánica es la punta de lanza para que esto suceda. En Europa se está notando que para poder ingresar a ciertos mercados se necesita una producción sustentable. La lógica de una producción que proteja el medio ambiente y la salud de las personas impulsa a que los consumidores elijan el mundo en el que quieren vivir”, sostiene Ricardo Parra, productor apícola e integrante del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO). 

La agricultura orgánica y la agroecología tienen un eje central en común: el no uso del paquete de agrotóxicos que se expandió en el país de la mano de la siembra directa, la soja transgénica y el boom del precio de los commodities. El uso de técnicas agropecuarias que emplean bioinsumos y rotación de cultivos para preservar tanto el ambiente como la salud de quienes producen y quienes se alimentan implica también campos poblados, trabajo rural y arraigo. La diferencia entre ambos modelos de producción está en el entramado social que proponen y los objetivos que se plantean. 

La producción orgánica, según las estadísticas del SENASA en base a los datos ofrecido por los certificadores privados, incrementó la superficie cosechada de 12.162 hectáreas en 1995 a 109.987 en 2022, mientras que la ganadería orgánica pasó de 104.357 hectáreas a 3.611.470 en el mismo periodo. Con 3,9 millones de hectáreas, la producción orgánica argentina es la segunda más grande a nivel mundial, solo detrás de Australia. 

El modelo orgánico crea arraigo por tratarse de productores de mediana escala o Pymes a lo largo y ancho del país: de los 1376 operadores registrados en 2022 por las certificadoras, Buenos Aires (173), Mendoza (312) y Río Negro (216) eran las provincias con mayor número. 

Además, según precisa el nuevo proyecto de Ley de Promoción de la Producción Orgánica —que obtuvo de  en la Cámara de Diputados en julio—, este modelo de producción, por su condición intensiva, crea más mano de obra que el modelo convencional. Por ejemplo, en un campo de 1.000 hectáreas sembradas con granos orgánicos pueden emplearse hasta 200 trabajadores adicionales para tareas de desmalezado; una plantación de ajo y cebollas, por cada operario empleado en siembra convencional, emplea tres bajo manejo orgánico; una plantación de frutales orgánica emplea el doble de operarios para tareas de raleo, desmalezado y fertilización. 

Sin embargo, la producción orgánica está destinada —desde el propio modelo de certificaciones— a la exportación. En 2022, los principales destinos de los productos orgánicos siguieron siendo Estados Unidos (43 por ciento) y la Unión Europea (40 por ciento). Según el informe del SENASA, en el 2022 la producción orgánica certificada con destino al mercado interno representó solo el 1,3 por ciento del total. 

El 70 por ciento de los productos industrializados que llegaron a las mesas argentinas eran azúcar de caña, harina de trigo, vinagre de manzana, vino y yerba mate. Con menor incidencia, la lista de productos para el mercado interno continúa con mermeladas, cereales, aceite y fideos. En cuanto a los productos de origen animal hay dos que marcan el horizonte productivo entre el abastecimiento local y las exportaciones: la miel y la actividad ovina, que fueron la razón de aumentos del 24 por ciento de ese segmento el mercado extranjero. 

La miel destinada a consumo interno llegó a los 23.625 kilos, en 2022, mientras que a exportación fueron destinados 658.873 kilos. En el caso de la carne de cordero: 3450 kilos fueron a las mesas argentinas, mientras que las exportaciones se triplicaron para llegar a las 60 toneladas. La ausencia de productos provenientes de la ganadería para el mercado interno es significativa, principalmente, la ovina —996 mil cabezas en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego—, ya que reúne el 95 por ciento de las hectáreas orgánicas bajo seguimiento, con tan solo el seis por ciento de las explotaciones. 

Agroecología, actualidad y perspectiva

La agroecología plantea otro modelo, holístico, arraigado a los saberes del territorio, con el abastecimiento local de alimentos como prioridad y con un sujeto central: la agricultura familiar, campesina e indígena. “La agroecología es movimiento al convertirse en una herramienta de cambio social logrando una incidencia sociopolítica en su proceso para alcanzar la soberanía alimentaria”, plantea el proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología presentado en 2021 y lo hace desde un paradigma científico integral: “La agroecología es ciencia, al establecer relación entre los conocimientos teóricos y prácticos conformando un ciclo de refuerzo positivo donde los diferentes tipos de conocimientos (tradicionales, locales, científicos, entre otros) se nutren entre sí a través de la investigación y acción participativa”. 

El proyecto de ley fue presentado por el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, con el acompañamiento del entonces ministro de Agricultura Luis Basterra, el entonces secretario y actual titular del Instituciones Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), Miguel Gómez (Movimiento Evita-UTEP Agraria), y titular de la Dirección Nacional de Agroecología (DNA), Eduardo Cerdá, fundador y referente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA). La iniciativa no consiguió avances en su tratamiento en el Congreso y este año perderá estado parlamentario frente a un escenario de recambio político incierto para la continuidad del INAFCI y la DNA. 

El proyecto oficial convivió en el ámbito parlamentario con otro paquete de leyes impulsado por la Mesa Agroalimentaria Argentina, integrada por tres organizaciones de base campesina que impulsan la agroecología: la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígenas-Somos Tierra (MNCI-ST) y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF). Ley de Acceso a la Tierra y de Protección de Territorios de Familias Campesinas e Indígenas son las iniciativas que el Congreso dejó sin tratamiento, entre otras políticas que el Poder Ejecutivo desoyó y están sintetizadas en el Programa Agrario para el Alimento.  

Hablamos de 2309 explotaciones agropecuarias en todo el país, según el CNA 2018, a las que se suman las 408 en producción biodinámica. En esas unidades, la agricultura familiar campesina e indígena, sujeto de la agroecología, produce la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional —la FAO ubica a este sector como el productor del 80 por ciento a nivel mundial—. Según datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la agricultura familiar produce “el 70 por ciento de la yerba mate, el 62 por ciento del tabaco, el 61 por ciento de pollos parrilleros y aromáticas, el 60 por ciento de los porcinos y el 59 por ciento de las hortalizas”. Además, se encarga de un tercio de la leche y un cuarto del ganado bovino y caprino del país.

Esa es la dimensión de la producción agroecológica. Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fernández los gestos institucionales más claros hacia la agricultura familiar, campesina e indígena fueron la creación de los organismos encabezados por Gómez y Cerdá y la demorada reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, con artículos centrales como el de Presupuesto sin reglamentar. La asunción de Sergio Massa como ministro de Economía implicó la degradación del Ministerio de Agricultura, que quedó como Secretaría. 

Si bien la Subsecretaría de Agricultura Familiar fue transformada en Instituto y pasada a la órbita de la Jefatura de Gabinete, la DNA se vio afectada por el cambio de rango del organigrama y tuvo el mismo destino: falta de un presupuesto que permita traccionar la realidad del sector. El INAFCI presentó esta semana, a meses del fin del mandato del actual gobierno, sus "Primeros lineamientos del Plan Nacional de Agricultura Familiar" en la Cámara de Diputados.

“Acción participativa”, destaca el proyecto de ley de fomento como característica de la agroecología, así como la noción de ser “una herramienta de cambio social logrando una incidencia sociopolítica”. En ese sentido, las experiencias agroecológicas desde las bases, a lo largo y ancho del país, son las que impulsan la actividad. 

Una de los botones de muestra es el desarrollo de un modelo de trazabilidad que diferencia esta producción de la certificación orgánica —de altos costos e intermediado por empresas de certificación— denominado Sistema de Participación de Garantía (SPG), que es reconocido a nivel internacional por la FAO, y se construye a partir de la relación entre productores locales y los propios consumidores. En el primer encuentro nacional de SPG, realizado en 2022, se reunieron unas 40 experiencias. 

Ante la falta de cifras oficiales actualizadas sobre el desarrollo de la agroecología en todo el país —el proyecto de ley de fomento pone como un punto necesario la creación de un código específico para producciones agroecológicas dentro del Registro Nacional de Producciones Agropecuarias (RENSPA)—, el trabajo cotidiano de las redes de productores son un termómetro constante de su avance en el país. La Red de Agroecología (REDAE) del INTA, que reúne a 160 agentes que acompañan experiencias agroecológicas en el país, cuentan con un mapeo institucional de 80 experiencias. 

La REDAE, con compilación de su titular Rodrigo Tizón, publicó también este año un informe sobre “Experiencias Agroecológicas del Territorio” que presenta producciones, acompañadas por técnicos del INTA, sobre biopreparados, sistemas mixtos y cultivos, suelos y biodiversidad, sistemas ganaderos, horticultura y fruticultura.  

^{Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2018}

La agroecología como herramienta de cambio: de la transición a las colonias 

La RENAMA cuenta con 200 productores agroecológicos, que reúnen 100.000 hectáreas en producción en 40 municipios, que trabajan en paralelo con 85 asesores y 29 grupos de Cambio Rural. Marcelo Schwerdt, director del Centro de Educación Agraria N°30 de Guaminí y presidente de la RENAMA, asegura que “continúa el proceso de incorporación a la agroecología” tanto de productores como de empresas que buscan volcarse a la producción de bioinsumos, pero además considera que la difusión de la práctica comenzó a correr “un gran telón que invisibilizaba un montón de actores de cada uno de los territorios”. 

Schwerdt señala la experiencia de la creación de los Nodos Agroecológicos Territoriales —en conjunto con la DNA y la Sociedad Argentina de Agroecología— que permitió, una vez demostrado la posibilidad de aplicar la agroecología a gran escala en la región pampeana, ampliar la mirada sobre las economías regionales de todo el país con este modelo de producción. “Recorrimos distintos nodos territoriales desde Zabala, Santa Fe, a Jujuy; de Misiones a la Patagonia. Ahí vimos que hay una inmensidad de actores que tienen una trayectoria del respeto al campesino, al campo, a la vida y en consecuencia a la salud, y que muchos de ellos no se definían como agroecológicos, pero cuando se unen la terminología científica con las prácticas culturales de años de un territorio, se amalgaman enseguida y lo que había ahí era agroecología que no estaba visibilizada en su debida forma”, reflexiona.   

La UTT, desde 2015, crece como organización gremial que reúne a 9.000 familias productoras y productores en los cordones hortícolas bonaerenses y alrededor de 20.000 en todo el país. La organización cuenta con, según repasa el coordinador nacional Nahuel Levaggi, 700 hectáreas agroecológicas intensivas de producción hortícola destinada a los canales de comercialización agroecológicos, almacenes de la organización, mercados abastecedores o a las experiencias de mercados populares municipales. Además, otras cientos de hectáreas agroecológicas suman desde apicultores a pequeños productores ovinos y caprinos.   

Los alimentos sanos sin uso de paquete de agroquímicos son una política de la UTT desde sus inicios y a través de su Consultorio Técnico Popular (CoTePo) construyó junto con el INTA y el Senasa un sistema de certificación agroecológica para sus producciones. Alimentación sin químicos y para el abastecimiento local, a partir de la construcción de saberes holísticos arraigados al territorio, son patas de la agroecología que desde la organización completan con la exigencia de políticas públicas transformadoras en busca de la soberanía alimentaria.      

De las 700 hectáreas (ha) agroecológicas en producción hortícola intensiva de la UTT —otras cientos están en procesos de transición agroecológica—, 380 están reunidas en una experiencia que funciona como síntesis y perspectiva de futuro: las colonias agroecológicas. La organización cuenta con tres colonias en Buenos Aires —Luján (84 ha), Cañuelas (20 ha) y Tapalqué (9 ha)—, en Gualeguaychú, Entre Ríos, (20 ha); en  Puerto Piray, Misiones, (200 ha); y otra en Santa Lucía, Corrientes, (45 ha).

“La colonia es el esquema de otro modelo posible: con acceso a la tierra, con viviendas dignas para los productores. Gran parte de los compañeros y compañeras que producen alimentos agroecológicos continúan alquilando la tierra. El modelo de las colonias permite establecer pautas de producción a largo plazo, en base al acceso a la tierra, con una visión integral de la producción y de cuidado del medio ambiente”, destaca Levaggi. 

Y pone en perspectiva: “Las colonias son la cristalización de que con acceso a la tierra y de manera colectiva y organizada, la agroecología muestra su eficiencia y su efectividad económica. No solamente desde la cosmovisión de cuidado integral de la salud y el ambiente sino como respuesta en la coyuntura actual”.

Las cuentas pendientes para la expansión de la producción agroecológica y orgánica

En 2022, la producción orgánica, según los datos del SENASA, exportó 116.100.531 kilos de cereales oleaginosas, frutas, hortalizas y legumbres sin procesar, y 62.189.175 kilos de productos industrializados —con el azúcar de caña, vino y puré de pera y manzana—. En tanto, las exportaciones de origen animal fueron de 2.584.545 kilos de carne bovina, cordero congelado, lana y miel. Sin embargo, esas cifras significaron una disminución del 17 por ciento respecto al año 2021. 

Los productores orgánicos esperan que el Senado avance en el tratamiento de la Ley de Promoción de Producción Orgánica -presentada por el diputado formoseño Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos)- que busca establecer un régimen de beneficios fiscales para la actividad por diez años. El proyecto con media sanción en Diputados sostiene que los productores orgánicos podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50 por ciento de la totalidad de las contribuciones patronales y 50 por ciento en el monto total del impuesto a las Ganancias. 

“Avanzar en la producción orgánica implica pasar por gran cantidad de controles y auditorías, que hacen a la certificación para el cumplimiento de la Ley 25.127, y también conlleva una gran inversión edilicia para cumplir con las normativas alimentarias. Entonces, cualquier productor que quiera pasar de la producción convencional a la orgánica debe tener una ley de promoción como un arranque”, sostiene Parra desde el establecimiento La Esquina, en General Las Heras (Buenos Aires), desde donde defiende que “la producción orgánica está ligada per sé al arraigo y la generación mano de obra intensiva. Hay que fomentar más la producción orgánica en el interior de nuestro país”.

En diciembre de 2021, el gobierno nacional benefició a los productores orgánicos con la quita de retenciones a las exportaciones para todas las economías regionales y con la excepción de los cereales maíz y trigo —las alícuotas se redujeron de doce por ciento al siete, mientras que para la soja se redujo al 28 por ciento, y para la harina de soja al 25 por ciento.

A pesar de esos beneficios, Parra señaló que la sequía y la inestabilidad generó un momento “complejo” para la incorporación de más productores a esta práctica. En cifras, las unidades productivas bajo seguimiento aumentaron un tres por ciento, las colmenas apícolas se mantuvieron estables y se redujeron en un 16 y uno por ciento la cantidad de cabezas bovinas y ovinas, según el Senasa. “La producción orgánica argentina es un producto muy deseado en todo el mundo y esta demanda es posible de absorber”, confía el ex presidente del MAPO para el futuro orgánico en el país y confía en que el camino que dejará atrás el modelo basado en agroquímicos quedará de lado por empuje de los consumidores.

“La soberanía alimentaria hay que construirla”

Para la producción agroecológica el panorama está más demorado en materia de políticas públicas. “Hay una gran deuda del Estado, que queda demostrada con la experiencias de las colonias agroecológicas: la voluntad política de poner las tierras del Estado en función de la producción de alimentos y el abastecimiento de cercanía. Algo que también queda demostrado con la falta de aprobación de la Ley de Acceso a la Tierra”, subraya el coordinador nacional de la UTT.  Reitera que lo más urgente es el acceso a la tierra para multiplicar las experiencias agroecológicas, de la mano de una planificación del ordenamiento territorial. Y precisa que el 75 por ciento de los productores de la organización aún arriendan sus tierras.  

Por su parte, el  referente de la RENAMA -que reúne a pequeños productores y chacareros dueños de su tierra y decididos a avanzar en la agroecología- valora el proceso social que sostiene el avance de la agroecología ya que “hay un ejercicio de trabajar con el territorio que hace que, como decimos nosotros desde Renama, las cosas fluyan y se potencien”. Y, aunque advierte que a nivel estatal “hay un reconocimiento superficial de la agroecología”, valora que la presencia de este modelo productivo en el ámbito estatal genera nuevos programas en distintos organismos del Estado a nivel municipal, provincial y nacional. “La soberanía alimentaria, de la que tanto se habla, hay que construirla”, convoca Schwerdt y diferencia las distintas iniciativas surgidas en los últimas años: desde simples registros o entrega de “cartelitos” para los productores agroecológicos a municipios que avancen con herramientas concretas como fondos rotatorios. 

A nivel municipal existen ejemplos como el Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana (PASSS) que se lleva adelante en Gualeguaychú (Entre Ríos), por iniciativa del gobierno local tras la sanción, en 2018, de la ordenanza que prohibió el uso de glifosato y, en paralelo, impulsó la creación de mercados municipales para el acceso a alimentos agroecológicos, en asociación con productores y organizaciones, como es el caso de la colonia agroecológica de la UTT. 

A nivel provincial, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense lanzó un Programa de Promoción a la Agroecología, que se limitó a la creación del registro de productores, una red de facilitadores y algunas líneas de crédito, pero aún sin modificar el modelo atado al paquete agroquímico -continúa indefinida la suspensión de la resolución 246 del gobierno de María Eugenia Vidal, que habilitaba el uso de glifosato hasta en la puerta de las escuelas rurales- y no se avanzó en un ordenamiento territorial que abra paso a un modelo de producción sano y sustentable. 

En ese sentido, el proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología es claro en la responsabilidad que tiene el Estado para abrir paso a otro modelo: “El Estado Argentino garantiza el derecho a desarrollar producción agroecológica a quienes optan por ella. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales tienen el deber de reglamentar y hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental a los efectos de garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. 

Y plantea una serie de puntos centrales para que el Estado tome como políticas públicas las prácticas que la agroecología, como movimiento social, ya comenzó a implementar: 

• Certificación de las producciones agroecológicas a través de Sistema Participativo de Garantía para la Producción Agroecológica (SPGPA) 
• Etiquetado agroecológico para la correcta identificación o etiquetado de los productos. 
• Formación de redes de consumidores para el acompañamiento de los procesos de transición, con canales directos de productor a consumidor.
• Programa de compre estatal y acceso a mercados internos y de exportación de productos provenientes de los Sistemas de Producción Agroecológica. 
• Fondo Nacional de Fomento a la Agroecología que implemente incentivos fiscales y acceso al crédito. 
• Creación del Programa de Fomento de Investigación, Extensión Rural y Experimentación dentro del Ministerio de Agricultura y en articulación con el INTA, INTI, Universidades Nacionales, CONICET. 

Nota original de Agencia Tierra Viva